Urge consenso democrático frente a Corte IDH

El problema del terrorismo ha vuelto a la agenda política nacional como consecuencia de un conjunto de hechos que han suscitado alarma en la ciudadanía y una justa preocupación del gobierno y de las fuerzas democráticas del país.

Primero fueron las recurrentes emboscadas contra las fuerzas del orden que combaten a los terroristas en el valle Apurímac–Ene (VRAE), que han ocasionado la muerte de decenas de soldados, policías, y pobladores.

Después el país quedó absorto al ver en televisión cómo los terroristas del VRAE, armados hasta los dientes, utilizan como escudo y arma a la vez a un contingente de niños y mujeres fanatizados y adiestrados en el manejo de armas. No menos atónitos quedamos al ver a secuaces de Abimael Guzmán presentar un libro del genocida y anunciar la creación de un “movimiento político” que pretende participar en las elecciones del 2011 para tener una bancada parlamentaria senderista que socave la democracia desde adentro, como los etarras en España. La indignación estalló cuando fue liberada la terrorista Lori Berenson, mientras que el policía que la capturó, el general Juan Gonzales, es acusado de violador de derechos humanos. Este escándalo sirvió para que saliera a la luz la persecución penal injusta que sufren más de 700 policías y militares que combatieron al terrorismo. El malestar provocado por el caso Berenson se ahondó cuando el “movimiento político” de Sendero realizó marchas públicas reclamando a gritos amnistía para el genocida, y cuando se conoció que los gobiernos de Paniagua y Toledo habían pagado “reparaciones” millonarias a terroristas. Ha sido una cascada de hechos que en conjunto corroboran lo que hemos venido advirtiendo algunos desde hace años: El terrorismo perdió la guerra armada contra la democracia, pero ha conseguido la impunidad para sus crímenes al ganar la guerra jurídica con la ayuda de la izquierda caviar. De pronto los peruanos hemos descubierto que quienes nos convencieron de adoptar “estándares internacionales de DDHH”, querían en realidad instituir la impunidad para el terrorismo y la persecución para los militares. Los hechos son irrefutables: 4,500 terroristas excarcelados y más de 700 uniformados perseguidos. Tras toparnos bruscamente con esta realidad, las fuerzas democráticas del Congreso han decidido enmendar las políticas que permitieron semejante injusticia, para lo cual acordaron delegarle facultades legislativas al poder Ejecutivo. En uso de esas facultades, el gobierno está elaborando un paquete de leyes que le permitirán a la democracia defenderse del terrorismo de manera firme. Creemos que mediante ese paquete se debe proscribir a los movimientos políticos ligados al terrorismo, endurecer las penas para los reincidentes en ese delito, restablecer el tipo penal de apología del terrorismo y modificar la ley universitaria para impedir que las bandas armadas conviertan las universidades en sus guaridas. También se le debe devolver a las fuerzas que defienden a la sociedad con las armas la seguridad legal que necesitan para cumplir su misión. Hay que modificar la ley que regula el uso de la fuerza, definir los delitos de función, devolverle a la Justicia Militar Policial las atribuciones que le mutilaron, y precisar las leyes aplicables para juzgar a los miembros de las fuerzas del orden acusados de supuestos delitos en la lucha contra el terrorismo. El Estado también debe apoyar la defensa legal de los policías y militares acusados de supuestos delitos de función, en vez de dejarlos abandonados a su suerte y de escarnecerlos como lo ha hecho en la última década. Las principales fuerzas políticas democráticas están de acuerdo en que es necesario adoptar tales medidas para prevenir y evitar un posible retorno de la violencia terrorista. Solo se oponen algunos grupos extremistas, y las ONG que promovieron la impunidad con excarcelación para miles de terroristas. Pero no basta corregir las políticas erradas en el frente interno. También hay que concertar políticas en el frente externo, donde los terroristas han ganado casi todas las batallas jurídicas por desidia o irresponsabilidad de malos gobernantes. Es seguro que las ONG de izquierda que trafican con los derechos humanos recurrirán a sus aliados de la Corte Interamericana para tirarse abajo las nuevas leyes antiterroristas. De hecho, el presidente de esa corte, Diego García Sayán, ha acusado al gobierno de estar fraguando una “amnistía camuflada” con las facultades delegadas. Ante lo inminente, las fuerzas democráticas debemos cerrar filas, decirle al mundo que las nuevas leyes contra el terrorismo son necesarias para evitar que la banda terrorista más cruel y despiadada del planeta vuelva a ensangrentar al Perú, pero sobre todo diseñar una estrategia para encarar el problema con la Corte IDH. La estrategia tiene que ser de consenso democrático, no solo del gobierno. Debemos buscar primero el apoyo de los países víctimas del terrorismo, como Estados Unidos (la Ley Patriota es más dura), España, Colombia, Reino Unido, Israel y Rusia. A todos ellos deberíamos enviar misiones diplomáticas multipartidarias. La experiencia nos ha enseñado que la lucha contra el terrorismo es crucial en el frente externo, donde los defensores de Sendero Luminoso y del MRTA tienen contactos influyentes que cumplen su labor disfrazándola de supuesta defensa de los derechos fundamentales. Estamos advertidos, poco o nada valdrán las leyes que aprobará pronto el Ejecutivo si su vigencia será efímera y al final serán liquidadas por la Corte IDH, a instancia de las ONG de Soberón y De la Jara.