La Fiscal contra la legalidad

La Fiscal de la Nación ha llegado al cargo que ostenta tras una larga carrera como magistrada, por tanto debemos suponer que conoce muy bien los principios del Derecho, en particular los que tienen que ver con la defensa de la legalidad, que le corresponde cautelar por mandato constitucional.

Por ello extraña que la doctora Gladys Echaiz haya ordenado una tercera investigación fiscal a la congresista Keiko Fujimori Higushi sobre hechos que ya han sido materia de dos indagaciones anteriores que han durado una década entera.

Dicha decisión va en contra del principio de los plazos razonables que garantiza el derecho humano al debido proceso. Según este principio, el Poder Judicial está impedido de juzgar a un ciudadano por tiempo indefinido, debe cumplir los plazos fijados por la ley sobre la materia.

De la misma manera, el Ministerio Público tampoco puede investigar a nadie por tiempo ilimitado porque toda indagación echa sombras de duda sobre la honra del investigado y ello afecta el derecho fundamental al buen nombre.

Echaiz ha dicho que es una investigación distinta, pero ella sabe bien que no es verdad. Es por el presunto pago de los estudios superiores de los hijos de Alberto Fujimori con dineros del Estado, tema hartamente investigado.

Lo único diferente es que esta vez han incluido en las pesquisas a otros dos hijos del ex presidente, Sachi Marcela y Kenyi Gerardo.

La decisión de Echaiz ha sido criticada por el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, quien correctamente ha señalado que no le parece bien que se insista con una investigación ya realizada durante diez años sobre un tema que además ya habría prescrito.

Similar reacción han tenido personas de sectores muy diversos, como por ejemplo el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, o el periodista Jaime Bayly. El rechazo es casi unánime, excepto, como siempre, en las filas del toledismo y la izquierda.

Tengo entendido además que la justicia chilena absolvió a Fujimori de esta acusación cuando fue incluida en el pedido de extradición enviado a Chile.

Por el lado político, si los maquinadores de la nueva acusación querían dañar la candidatura de Fujimori no han podido se más torpes, porque la zancadilla es tan burda que mas bien la fortalece.

Lo grave es que la acusación coincide con una campaña del diario toledista-caviar La República, en un juego perverso harto conocido: La República “denuncia”, hace campaña, y luego el Ministerio Público convierte la imputación mediática en acusación fiscal, aún cuando no haya pruebas. Ejemplos de este concierto antidemocrático abundan.

Este arreglo evidente y escandaloso confirma que persiste la injerencia política en la justicia por parte de la izquierda toledista y de un sector del Apra al que pertenece Echaiz. Negarlo es querer tapar el sol con un dedo.

Más grave es que la tropelía que comentamos ultraja los derechos fundamentales al permitir que cualquier persona sea acosada indefinidamente por un fiscal. Si esto le sucede a una representante del Congreso de la República imaginémonos lo que podría sucederle a un simple ciudadano.

El Colegio de Abogados u otra institución democrática deberían interponer una acción legal contra la resolución de Echaiz, no en defensa de la congresista Fujimori, sino en salvaguarda de la seguridad y la libertad de todos  los ciudadanos porque esto es lo que está en juego.

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Un comentario en “La Fiscal contra la legalidad

  1. Mi estimado señor, harto conocido es el accionar de los que pretenden erigirse como defensores de la LEGALIDAD, obligacion por mndato constitucional que recae en el Ministerio Publico segun el art. 159, ademas de su Ley Organica D.Leg. 052, lo que pasa es que los señores fisccales se forman con anteojeras que solo les permite ver la titularidad de la accion penal y su responsabilidad en la carga de la prueba, lo que los lleva a situaciones de ARBITRARIEDAD proscrita por la sentencia del Tribunal Comnstitucional en la Sentencia Nº6167-2005 PHC/TC Interdiccion a la Arbitrariedad, asimismo yanhay sentencias sobre el Ne bis in Idem para el Ministerio Publico ys su accionar investigatorio.
    Un ejemplo de Abuso y Arbitrariedad es el Fiscal de la 41 Fiscalia Penal que lejos de cuatelar con el Principio de Legalidad la situacion del DETENIDO Oficial de Mar que fue imputado por el Consejero Anibal Torres Vasquez del CNM, lo tuvieron DETENIDO desde las 07.00 am. hasta las 11.45 pm en que fue liberado por su abogado ya que no habia PAPELETA DE DETENCION E INCLUSIVE FUE CAMBIADO DE SEDE DE INVESTIGACION POLICIAL cuando el ambito de competencia era de San Isidro y por PROVEIDO del Fiscal fue llevado a la DIVINCRI de Miraflores.
    Sabra eso la Fiscal de la Nacion o de su Gerenta de administracion que tiene documentos de estudios falsos.
    No sigo por que ya me esto encendiendo.

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