Justicia para Salazar Monroe

El 8 de abril pasado, la Primera Sala Anticorrupción, que preside la vocal Inés Villa Bonilla, dictó una sentencia que, según todos los indicios, constituye una flagrante violación de los derechos fundamentales de la persona humana y que quedará registrada en la historia de la judicatura mundial como una afrenta contra la buena administración de justicia.

Ese día, la llamada Sala Villa Bonilla – como también se le conoce – sentenció al general EP (r) Julio Salazar Monroe a 35 años de cárcel, mediante una resolución que, a juicio de juristas connotados, violenta los principios del Derecho universal que garantizan el derecho que tienen todo ser humano al Debido Proceso.

La sentencia es escandalosa porque el militar fue hallado culpable y condenado sin que a lo largo del juicio se hubiera probado su responsabilidad en los hechos que se le imputaban, y porque poco tiempo antes otra sala “hermana” de la que preside Villa Bonilla (concebidas ambas por la injerencia de las ONG “caviares” en la Judicatura), había condenado al jefe máximo de la banda armada MRTA, Víctor Polay, a sólo 32 años de cárcel.

La situación era tan embarazosa para el Poder Judicial, que otro tribunal dela Corte Suprema apuró la apelación fiscal en el caso Polay y le aumentó a éste la pena a 35 años, igualándolo así con el general Salazar Monroe.

Qué diferencia con el trato que les dan los jueces y fiscales “anticorrupción” a nuestros soldados, policías y ronderos, quienes son tratados como si fuesen asesinos compulsivos a los que hay que procesarlos bajo la presunción de culpabilidad y condenarlos aunque no haya pruebas.

Ni siquiera indicios

El caso del general Salazar Monroe es clamoroso. Algún día, cuando se escriba la historia de los abusos cometidos por la llamada “justicia especial anticorrupción”, este caso ocupará un lugar relevante en la lista de ejemplos a analizar.

Durante los dos años y medio que duró el proceso judicial, desde su fase instructiva hasta el juicio oral que terminó en la sentencia de marras, desfilaron decenas de testigos, entre ellos, por cierto, los acusados de haber integrado el llamado Grupo Colina, así como los oficiales superiores y generales que han sido vinculados con ese grupo, sin que ninguno de ellos acusara o siquiera mencionara una posible participación de Salazar Monroe en los hechos materia del proceso.

En le etapa de actuación de pruebas documentales, la parte civil aportó rumas de documentos que supuestamente inculpan a los acusados, pero resulta que tampoco en ninguno de ellos consta que el general Salazar Monroe haya tenido alguna participación directa o indirecta en las ejecuciones extrajudiciales de los presuntos senderistas de La Cantuta.

De lo expuesto en los testimonios y de lo contenido en las pruebas documentales no se ha podido extraer NI SIQUIERA UN INDICIO que comprometa al general Salazar en los delitos que le han sido imputados, y por los que ha sido condenado a una pena tan severa e injusta.

Si en el Perú hay un Poder Judicial de verdad independiente y justo, la Corte Suprema deberá anular la sentencia de la sala Villa Bonilla y someter a proceso a las vocales responsables de semejante aberración y abuso.

Acusación fiscal

La primera denuncia fiscal contra Salazar, presentada ante el Primer Juzgado Penal Especial Anticorrupción,lo acusó de ser “presunto cómplice” de las ejecuciones extrajudiciales de los sospechosos de terrorismo del caso La Cantuta.

Ese juzgado hizo suya la acusación fiscal y, en su resolución de primera instancia, concluyó que el alto oficial del ejército y ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) era “presunto cómplice” de los delitos investigados.

Cuando el caso llegó a la segunda instancia, el nuevo fiscal cambió la acusación y señaló al general como supuesto “autor mediato”.

La ley penal permite que la acusación sea modificada, pero para ello establece que la modificación tiene que ser motivada y justificada por el Ministerio Público, ya que un cambio así perjudicala defensa del reo. Tienen que haber hechos que justifiquen el cambio; sin embargo, el fiscal no sustentó nada, y la sala permitió el cambio a sabiendas que se estaba violando la ley.

“Plan Cantuta”

En el auto apertorio del juicio oral se señala que antes de la ejecución extrajudicial de los probables senderistas hubo un “Plan Cantuta” y que éste fue elaborado por el jefe operativo del llamado Grupo Colina.

En la acusación de segunda instancia, el fiscal sostiene que quienes planificaron aquella ejecución fueron el entonces jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), coronel EP Víctor Silva Mendoza,y el general Julio Salazar Monroe, entonces jefe del SIN. Esta versión fue repetida por el fiscal en su requisitoria oral, sólo que esta vez acusó a Salazar de ser el único autor del plan.

Cuando el acusado, durante el juicio oral, le pidió a la Sala que éstale entregara una copia del “plan Cantuta” para conocerlo, la vocal Inés Tello le respondió: “Usted bien sabe que no existe el plan Cantuta”. ¡Increíble!.

¿Cómo pudo entonces, el tribunal, juzgar a una persona como presunto autor de un plan que no existía? ¿Cómo pudo la sala admitir una acusación sin la prueba de cargo? ¿Cómo pudo el fiscal acusar a una persona sin pruebas que sustenten una acusación? La OCMA tiene que aclarar esto.

La sentencia

En diversos pasajes de la sentencia de la sala Villa Bonilla se menciona que el general Salazar “planificó” la ejecución extrajudicial de los presuntos senderistas. Sin embargo, en la última parte del documento, cambia la figura bruscamente y dice: “si bien (Salazar) no elaboró el plan Cantuta (que no existe), sí conoció dicho plan y su ejecución”.

La resolución reconoce así que el general Julio Salazar jamás elaboró el plan Cantuta, lo cual quiere decir que la acusación fiscal que dio lugar al juicio estaba fuera de lugar, era improcedente. Pero igual lo condenaron.

Salazar ha sido sentenciado ilegalmente porque el cargo de “autor mediato” supone que tuvo dominio sobre los hechos investigados, mientras que el fallo señala que solo tuvo conocimiento de tales hechos. Una contradicción escandalosa del tribunal.

Lo condenan porque la sala deduce, sin pruebas, indicios, ni testimonios que lo demuestren, que el general debió tener conocimiento de las ejecuciones. Cuánta injusticia, cuánta arbitrariedad.

Irregularidades

Veamos ahora otras irregularidades registradas durante el juicio seguido al general Salazar Monroe.

En agosto del 2005 se inició el juicio oral con cuatro procesos que fueron acumulados: caso Barrios Altos, caso La Cantuta, caso Pedro Yauri y caso El Santa.Esta acumulación fue dispuesta por el Poder Judicial alegando razones de “economía procesal”.

En marzo del 2006, el mismo Poder Judicial ordena “desacumular” el caso Cantuta, y dispone que la sala Villa Bonilla lo ventile aparte. Formalmente, esta decisión también se toma por “economía procesal”, pero la verdad es que quisieron acelerar el juicio para utilizar la sentencia en el proceso de extradición de Chile seguido a Alberto Fujimori.

Como era de esperar, la justicia chilena resolvió la extradición mucho más rápido y la sentencia del caso Cantuta no fue enviada a Chile, sino al fundo Barbadillo, a la sala que juzga al ex presidente.

Debido proceso

Pero hay hechos más graves registrados en el juicio por el caso La Cantuta, por ejemplo el que los inculpados hayan sido acusados y sentenciados por el presunto delito de “desaparición forzada de personas”, el cual fue incluido en nuestra legislación penal recién en febrero de 1998, mientras que los hechos juzgados se produjeron en julio de 1992.

Esto quiere decir que se les aplicó de manera retroactiva la ley de 1998, en abierta violación de la Constitución de la República, la cual establece que las leyes penales son retroactivas sólo cuando benefician al reo. Este es un principio del Derecho universal y una de las piedras angulares que garantizan el Debido Proceso.

La sentencia de la sala Villa Bonilla viola igualmente el Principio de Legalidad consagrado en la Constitución, el cual establece que la ley penal aplicable a un procesado tiene que ser la que estaba vigente en el momento en que se produjeron los hechos por los que se le juzga.

Leguleyada

Para burlar las leyes mencionadas, el llamado “sistema anticorrupción” se coludió con la izquierda caviar que controla la Defensoría del Pueblo y con los políticos que manejaban el Tribunal Constitucional, propiciando así que ambos organismos se pronunciaran a favor de la retroactividad ilegal de la ley de desapariciones forzadas de 1998.

El argumento central que utilizaron la Defensoría y el TC para legitimar semejante aberración jurídica fue el mismo: la Convención Interamericana de Derechos Humanos señala que los delitos de lesa humanidad, entre ellos el de desaparición forzada, son permanentes, y por lo tanto no hay retroactividad de la ley penal. Una cantinflada que viola la Constitución del Perú.

El TC y la defensoría también sostienen que la Convención Interamericana de DDHH está por encima de la legislación nacional, lo cual es falso, pues el texto de dicho tratado establece expresamente que éste tiene que adaptarse a la legislación interna de las naciones adherentes, pues de lo contrario se viola la soberanía de la jurisdicción nacional.

Pero aún en el caso negadso de que se hubiese probado alguna responsabilidad de Salazar en el caso La Cantuta, tampoco huubiese sido lícito procesarlo y condenarlo por delito de lesa humanidad, ya que el Perú recién se adhirió a la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad en junio del año 2003 (mediante la Resolución del Congreso N° 27998), y el artículo 241 de dicho convenio dice expresamente: “nadie será penalmente responsable, de conformidad con el presente estatuto, por una conducta anterior a su entrada en vigor”.

Venganza y maldad

La maldad oculta detrás de todo esto es que al haber sido condenado el general Salazar Monroe aplicándole la ley de Desapariciones Forzadas de 1998 no le corresponde recibir ningún beneficio penitenciario, lo cual equivale a condenarlo a morir en prisión.

Lo que se ha hecho con el general Salazar es imponerle una condena injusta imputándole hechos delictivos a los que es ajeno, a partir de meras deducciones malévolas que niegan el principio universal de la presunción de inocencia. La lógica impuesta ha sido la siguiente: No hay pruebas, ni testigos, pero deducimos que debió conocer, por lo tanto es culpable. ¿En que país democrático del mundo se aplica este criterio para hacer justicia? En ninguno, porque es la negación de la democracia y de los principios del debido proceso.

El objetivo es claro. Se ha castigado con ensañamiento al militar en venganza porque fue jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) en el período 1992-2000, en un acto totalitario pues endemocracia jamás se castiga una inconducta política con la cárcel.

Si Salazar Monroe cometió errores políticos siendo jefe del SIN, le corresponde recibir un castigo político, no penal. El general no se robó ni un sol, ni se involucró en la ejecución de los presuntos terroristas de La Cantuta, así que no ha cometido ningún delito. Y sin embargo le han impuesto 35 años de cárcel mediante una sentencia fascista y prevaricadora.

Qué distinta la vara con que esta justicia caviar mide a terroristas como Víctor Polay, a quien los fiscales “capacitados” por las ONG izquierdistas jamás acusaron de delitos de lesa humanidad, y a quien los jueces de la misma clase también libraron de la cadena perpetua. Para los terroristas sí hay derechos, para ellos sí hay retroactividad benigna de la ley, beneficios penales y política de puertas abiertas en las cárceles.

En cambio, a nuestros ronderos, policías y soldados sí los juzgan y condenan injustamente por supuestos delitos de “lesa humanidad”, se les presume culpable, se les niega los beneficios penales y se les aplica las leyes penales de manera retroactiva. ¿Es esto justicia en Democracia?

7 comentarios en “Justicia para Salazar Monroe

  1. efectivamente actualmente en el peru se esta viviendo bajo un poder judicial timorato y abusivos en algunos casos y convenidos en otros por mantenerse en los puestos que ocupan, ya que no se explica< como inocentes se encuentran en la carcel y los que son culpables se enuentran gozando de amplia libertad, es increible que en nuestro pais a un inocente primero le internan en un penal y solamente logra salir en libertad cuando ha probado su inocencia y generalmente esto ocurre kuego de varios meses o años que han estado preso. Para el poder judicial de este pais no existe el principio de presuncion de inocencia, ignoran la constitución y las leyes cuando les da la gana y no les pasa nada. Pero si hubiera sanciones penales y /o administrativas para los malos magistrados en la justa medida con las arbitrariedades que cometen, quizas tendriámos un poder judicial mas idoneo y justo.

  2. Los Subersivos luchan para que los Gobiernos de Turno implanten Politicas que mejoren el Estutus de la Poblacion ( Educacion,Salud Trabajo,Tecnificacion ). Para esto el Gobierno de Turno debe esmerarse en que Tanto las Empresas Privadas Nacionales como las Internacionales paguen los Impuestos Jendo su Deberustos y ser muy celosos en el momento de Firmar Contratos los encargados de hacerlos deben ser Profesionales Idoneos ( conocer como hacen los contratos otros paises en casos similares y adaptarlos a nuestro medio.
    Los Militares y Policias estan Cumpliendo el Deber que les senala La Constitucion,desgraciadamente siempre hay un Costo Social en ambos bandos.
    Son los Gobiernos,nuestros Politicos los indicados a Implementar
    Politicas que eviten estos encuentros entre Gente que reclama mejoras para su Pueblo y Gente que tiene como Mision Defender el Orden Constitucional y por lo tanto Al Gobierno elegido Democraticamente.

    • En el cuarto reglon debe decir: Impuestos Justos y ser muy Honestos
      y Celosos .Solo asi contaremos con Capital Suficiente para financiar
      los costos que demanden las Politicas que contengan Planes que nos lleven al Desarrollo y mejora de nuestro Pais.Esto evitaria los pleitos entre hermanos peruanos.

  3. El caso que aquí se menciona, tiene el mismo perfil de otros casos sentenciados en diferentes salas, en diferentes latitudes nacionales. En éste caso, en particular, se trata de un General del Ejército Peruano y –de los otros casos sentenciados a los que me refiero– se ha tratado de simples ciudadanos, profesionales o no profesionales, hijos del pueblo, a quienes no habiéndosele probado tácitamente la culpabilidad de una acusación, los jueces aduciendo que, por ser jueces, deben saber determinar por convicción propia cuando un procesado es o no es culpable, así las pruebas demuestren lo contrario. Esto es Rutina Judicial Peruana… Y conste que en estos artículos no se está siquiera sugiriendo de las posibilidades de dolo, negociados, tratos, contracuentas, etc. pero se comenta, y si se comenta, pues ha de ser cierto… “No hay pruebas, ni testigos, pero deducimos que debió conocer”

    Aparentemente, Jueces, Fiscales, Vocales y hasta Secretarios, siguen un patrón de administración judicial donde, si me permiten comparar, el Sistema Judicial Peruano actúa como cocinero de restaurante sin tenedores, siendo la sala de turno quien sostiene el sartén y adereza a su gusto y libre albedrío y el acusado dentro del sartén. (Ruego disculpen la comparación, pero así lo veo y lo digo en uso a mi derecho democrático de opinar)

  4. Lamentablemente nos encontramos ante un poder judicial politizado y una fiscalía que tiene mucha buena voluntad, pero no capacidades, recursos, ni auditorium interesado en escucharla…
    En los casos que menciona Roblas Sosa en su blog tenemos que lamentar la desidia de nuestro poder judicial, pero también la voluntad política de resolver estas falencias NO EXISTE, hay casos de militares INJUSTAMENTE APRESADOS, procesados durante MÁS DE UNA DÉCADA, impedidos de progresar en su carrera o simplemente en la clandestinidad por un mandato de detención arbitrario. Estos militares y policias en muchos casos ofrecieron generosamente su vida por mística y formación pura, pero en el camino encontraron las injusticias a las que está expuesto un uniformado que combate sin equipamiento debido, sin jefes debidamente competentes, sin armamento adecuado, alimentación debida, ni planes de bienestar reales. Sin embargo, frente a todas estas deficiencias, carencias y malas gestiones de políticos y altos mandos militares, siguen haciendo frente a su misión que termina….. EN UN JUICIO DIRIGIDO DESDE UNA ONG o DESDE EL MISMO CIDH en favor de delincuentes terroristas, subversivos o simplemente de corruptos que ven amenazados sus intereses por la presencia de algún Oficial con valores y principios incorruptibles.
    Otra es la historia de aquellos Oficiales a quienes la carrera no los llevó por las Zonas de Emergencia, pero que tuvieron la osadía de enfrentarse al “sistema” y simplemente fueron “INVITADOS” al retiro, descabezando de sus principales líderes a promociones de Oficiales en los que la Nación invirtió TIEMPO, RECURSOS, CAPACITACIÓN DENTRO Y FUERA DEL PAÍS, ESPECIALIZACIÓN, EXPERIENCIA y sobretodo VALOR MORAL POR FORMACIÓN.
    La pregunta viene por sí sola….. a un Oficial injustamente procesado y que perdió su carrera producto de esta persecución jurídica, y que luego fué declarado inocente de los procesos seguidos… existe algún precedente de reposición en su cargo, desagravio público y reparación civil? o, como en todos los casos que conozco, debieran haber sido encarcelados o injustamente sentenciados para merecer ésto?
    Saludos cordiales,

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