No se defienden los DDHH socavando la democracia

Cuatro instituciones civiles independientes hemos decidido trabajar de manera coordinada en defensa de los derechos humanos, de la democracia y de la memoria histórica de nuestra nación, tras haber concluido que debíamos hacer algo frente a la injusta excarcelación masiva de terroristas, y la más injusta aún persecución penal absurda a numerosos policías y militares que nos defendieron del terrorismo.

Hemos conocido atónitos e indignados que 4500 terroristas han salido de las cárceles, mientras que más de mil policías y militares son perseguidos para ser encarcelados con  acusaciones injustas e ilegales. Lori Berenson salía de la prisión sin cumplir su pena, mientras que el policía que la capturó, el coronel Juan Gonzales, es perseguido por un fiscal que lo acusa de ser un presunto asesino de “lesa humanidad”.

Las cuatro organizaciones que nos hemos unidos son la Asociación de Familias Víctimas del Terrorismo (AFAVIT), la Asociación de Viudas, Madres y Sobrevivientes de Miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional (AVISFAIP), el Instituto Pro Educación, que dirige el ex congresista Wilder Ruiz, y el Instituto Paz, Democracia y Desarrollo (Ipades), que tengo el honor de representar.

AFAVIT, que preside la señora Mercedes Carrasco, y AVISFAIP, liderado por la señora Sandra García –ambas víctimas del terrorismo-, son las dos asociaciones más representativas de los familiares de nuestros compatriotas que murieron asesinados por el terrorismo.

Al presentarnos ante la opinión pública, la semana pasada, en una rueda de prensa facilitada por una autoridad víctima del terror – el ex rehén del MRTA y vicepresidente Luis Giampietri – declaramos que asumimos la defensa de los derechos humanos como una labor no partidista y comprometida con la democracia, por ser ésta es el único sistema político que garantiza la vigencia de los derechos fundamentales.

Asumimos el compromiso de defender los derechos humanos de todos los ciudadanos, sin discriminar a nadie por el hecho de que vistan un uniforme o tengan una determinada tendencia política.

Es imposible defender los DDHH socavando a la democracia con acusaciones tácitas, sistemáticas y constantes de ser un sistema político criminal e inhumano. Tampoco cuando se ejerce la defensa casi exclusiva de terroristas, o se justifica este flagelo insinuando de manera permanente que es “producto de la pobreza y la injusticia”. Si esto fuese cierto también habría terrorismo en la India, Brasil o Haití, y sin embargo no lo hay.

Tampoco se puede ejercer la defensa de esos derechos negándoles a los ciudadanos el derecho al debido proceso. La protección de los DDHH supone la defensa ineludible e irrenunciable de las garantías fundamentales del debido proceso, como son la presunción de inocencia, el principio de legalidad y la irretroactividad benigna de las leyes.

Lamentablemente, estas garantías han sido vulneradas en la última década por parte de algunos malos fiscales y malos jueces en perjuicio de ciudadanos acusados de supuestos delitos que habrían cometido en el cumplimiento de sus deberes, combatiendo al terrorismo.

Esos ciudadanos –que visten uniforme policial o militar- son acusados de manera indiscriminada como “violadores de DDHH” o “criminales de lesa humanidad” por algunas ONG y malos fiscales con el objetivo político de involucrar corporativamente a las fuerzas del orden del estado democrático en asesinatos u otros delitos.

En lugar de identificar e individualizar a los responsables de los delitos denunciados, como corresponde en justicia, esas ONG y los malos fiscales acusan a las instituciones militares con el argumento político de éstas son un “aparato organizado de poder”.

En contraste, esos mismos sectores jamás se han preocupado de que los máximos cabecillas de las bandas terroristas que desangraron al Perú sean juzgados y sentenciados por delitos contra los DDHH. Abimael Guzmán, por ejemplo, ha sido sentenciado por el delito común de terrorismo, cuando debió serlo por delitos de lesa humanidad.

Es cierto que existe un vacío legal que ha hecho posible que ello ocurra, pero tal falencia no ha sido materia de preocupación de los organismos que han monopolizado la defensa de los DDHH, los cuales jamás han procurado que el terrorismo sea tipificado como lo que es, un delito contra la humanidad. Sus millonarias campañas las han orientado casi siempre a atacar al estado democrático y a defender a los terroristas presentándolos como “víctimas” del sistema o la sociedad.

Es por eso que el grupo de ONG democráticas que acabamos de unirnos pedimos que el Ejecutivo, en uso de esas facultades legislativas que le ha delegado el Congreso y al amparo de la soberanía jurídica de nuestra nación, tipifique el terrorismo como delito de lesa humanidad y establezca para éste una pena mínima de 30 años de cárcel.

En esa misma línea de defensa de la justicia y los DDHH, también pedimos que el Ejecutivo apruebe una ley que impida que quienes defienden con las armas a la democracia sean perseguidos indiscriminadamente. Creemos que quienes cometen delitos deben ser sancionados, pero sin comprometer a inocentes, ni a los institutos, ni al estado democrático.

También pedimos una ley que reconozca el derecho a los beneficios penales para los policías y militares condenados por delitos cometidos en el ejercicio de su función. Es injusto que los terroristas condenados sí reciban esos beneficios y que se les niegue ese derecho a nuestros defensores caídos en desgracia.

Instamos a la ciudadanía para que esté alerta ante la reactivación reciente de la labor proselitista que viene desplegando impunemente la banda armada maoísta Sendero Luminoso en barrios y universidades,

Frente a este hecho, convocamos a las organizaciones políticas democráticas y a todos los ciudadanos a realizar juntos una movilización de repudio al terrorismo, de solidaridad con nuestros policías y militares perseguidos de manera injusta e indiscriminada, y en defensa de la verdad histórica frente a quienes falsean los hechos ocurridos durante la dolorosa tragedia que desató el terrorismo totalitario en nuestra patria durante las décadas de los 80’ y 90’.

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