Corrupción, una historia de nunca acabar (II)

La corrupción es, en rigor, un mal endémico y secular de la sociedad peruana. Esta práctica inmoral se remonta a los tiempos de la Colonia, pero sería pretencioso analizar el problema desde aquella época en un simple artículo periodístico.

El primer escándalo de corrupción que vio el Perú libre se produjo poco después de la independencia nacional, cuando el gobierno reconoció como acreedores del Estado, por haber financiado la guerra libertadora, a personas que nunca aportaron nada a esa causa. Los beneficiados se hicieron ricos.

A mediados del siglo XIX, la influencia política, el nepotismo y los favores personales fueron los criterios que usó el gobierno para otorgar en concesión la explotación y exportación del guano de las islas, que fue dilapidado para que se enriquezca solo un grupo privilegiado.

La historia es muy larga, pero mejor veamos los tiempos más recientes. Por ejemplo, en el último gobierno militar (1968-1980) el presupuesto de las fuerzas armadas era un “agujero negro” en el que centenares de millones de soles destinados a la Defensa Nacional eran manejados sin ningún control. No había una Contraloría independiente.

De la misma manera fueron manejados los fondos de más de 160 empresas estatales que, pese a ser deficitarias, gastaban millonarios presupuestos.

Durante la dictadura del general Francisco Morales Bermudez era común ver a militares con un tren de vida fastuoso, que pasaban al retiro convertidos en “empresarios” con fortuna. Para muchos, éste fue el período de mayor corrupción de nuestra historia más reciente, sólo que no hubo vídeos.

Échale tierra y tápalo

El retorno a la democracia, en 1980, generó una gran expectativa en los ciudadanos, pues los candidatos a la presidencia prometieron moralizar el país y esclarecer los escándalos de corrupción de la dictadura.

Sin embargo, esa expectativa se transformó pronto en frustración, ya que el manejo turbio de la cosa pública continuó con los gobiernos civiles, los cuales dejaron en el olvido, e impunes, los actos ilícitos registrados en el régimen militar con los fondos del presupuesto nacional.

El segundo gobierno de Fernando Belaúnde o de la alianza Acción Popular – Partido Popular Cristiano (AP-PPC, 1985-1990) hubo un rosario de escándalos de corrupción, como los casos Guvarte, Mantaro-Pachitea, Volmer, Villa Coca, Cooperación Popular, Aeroperú, el copamiento partidista del Poder Judicial, del Ejecutivo y de las empresas estatales; las presiones a la prensa opositora, etc. Recordar la lista en detalle sería larguísimo.

El primer gobierno aprista tampoco investigó ni esclareció estos casos, pese a que en su campaña electoral Alan García prometió hacerlo. Una vez más se impuso la política de “échale tierra y tápalo”.

La primera administración del Apra más bien repitió y multiplicó el manejo turbio de la cosa pública. Allí están en los casos del dólar MUC, el tren eléctrico, el depósito de las reservas del país en el banco BCCI, la reventa de los aviones Mirage, la cédula viva, el copamiento aprista del Ejecutivo, el manejo turbio de los presupuestos de las empresas públicas, la manipulación del PAIT, el control político partidista del Poder Judicial y el Ministerio Público, etc., etc., etc.

Al finalizar el primer gobierno de Alan García el manejo corrupto atravesaba todo el aparato estatal, todas las instituciones públicas.

Con vídeo

Es verdad que la corrupción nunca fue tan evidente como en el gobierno de Alberto Fujimori, pero esto no ocurrió tanto por el grado de la corruptela, sino porque ésta quedó registrada en imágenes de vídeo que se hicieron públicas.

Ver a Vladimiro Montesinos repartiendo cerros de billetes del fisco es de veras repugnante, doblemente repulsivo porque filmó sus actos para extorsionar. Y ya lo vimos, al final él mismo fue víctima de sus métodos perversos.

Tras la caída de Fujimori hubo un aluvión de denuncias de corrupción, pero los hechos demuestran que ésta se centró en las compras militares y el presupuesto de Inteligencia, con el que se le dio dinero ilegal a dueños de canales de televisión y de diarios, congresistas y políticos. Todo esto manejado por Montesinos y su grupo.

Fujimori asumió su responsabilidad política por tales hechos cuando puso fin a su tercer gobierno y convocó a elecciones anticipadas, tras conocerse el famoso vídeo Kouri – Montesinos, en septiembre del 2000.

En estos últimos años asumió su responsabilidad penal – pidiendo sentencias anticipadas- en los juicios por los $ 15 millones pagados a Montesinos y por los pagos ilegales a los congresistas tránsfugas y dueños de medios de comunicación.

Muchas denuncias fueron archivadas tras ser investigadas por la justicia de Chile o el Perú, como el supuesto robo de las barras de oro del Banco Central, la compra de tractores y medicamentos chinos “inservibles”, etc.

Paniagua y Toledo

Los escándalos de corrupción en los gobiernos de Valentín Paniagüa y de Alejandro Toledo están todavía frescos en la memoria ciudadana, pero ninguno ha sido esclarecido por la administración de justicia.

En el de Paniagüa hubo un presunto tráfico ilegal de indultos a favor de terroristas presos, se aprobaron normas legales que permitieron excarcelar a miles de terroristas, y se produjo un supuesto saqueo de equipos y archivos del liquidado Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), entre otros casos.

En lo que respecta a Toledo, destacan la inscripción del partido Perú Posible con firmas falsas que fueron convalidadas por la red montesinista infiltrada en la ONPE, la resolución que dispuso la compra de 14 helicópteros a una empresa vinculada a su amigo Salomón Lerner Ghitis, o la entrega de una millonaria concesión de telefonía fija a su hermano Pedro.

También los contratos turbios en la Interoceánica Sur, los manejos oscuros con los bonos públicos, la impunidad judicial de las actividades delictivas de sus hermanos y sobrinos, el supuesto tráfico de influencias en Indecopi y el presunto chantaje a Eugenio Bertini para darle el Canal 4 a su amigo Chicho Mohme, la entrega ilegal de 120 mil dólares a Leonor La Rosa, etc.

Ventas de “línea editorial»

En vista de que las presiones políticas a la prensa son consideradas ahora una forma de corrupción, debemos recordar que esto tampoco es nuevo.

El segundo gobierno de Fernando Belaúnde acosó al diario opositor El Observador, por medio de la Dirección General de Contribuciones, obligándolo a cerrar; y también prohibió que las empresas estatales (principales anunciadoras entonces) contrataran avisos en los diarios opositores.

El empresario de TV y constructor Carlos Tizón, tuvo la “suerte” de adjudicarse muchas obras públicas en ese período, mientras que ciertas empresas periodísticas recibieron beneficios tributarios o arancelarios, y también publicidad estatal, a cambio de su apoyo al gobierno. Lo que hoy se llama: “vender la línea editorial”.

En el primer mandato de Alan García los reporteros de televisión que le hacían preguntas «incómodas» perdían el puesto. García también se aseguró el apoyo de algunos medios dándoles negocios colaterales a sus dueños.

Socios de los diarios La República y Hoy tuvieron la «suerte» de adjudicarse importantes obras públicas, en tanto que los del Canal 5 recibieron concesiones de televisión por cable y de telefonía celular en calidad de monopolio. Esto por mencionar solo dos casos.

Si Montesinos repartió dinero en efectivo a algunos dueños de medios de comunicación para condicionarlos, Belaúnde y García repartieron buenos negocios colaterales lo cual, en el fondo, viene a ser lo mismo.

Lo cierto es que las leyes, los reglamentos, las instituciones públicas, el sistema de justicia, etc., es decir todo el sistema, está estructurado para proteger a los corruptos.

No es casual que a Montesinos haya recibido solo 15 años como máxima pena por sus graves actos de corrupción, condena que en los hechos se reduce a solo seis o siete años, gracias a la legislación que favorece a los corruptos.

Por eso lo quieren condenar por narcotráfico o derechos humanos, para aplicarle 30 ó 35 años, y después mentirán diciendo que recibió esa pena “por corrupto”.

Muchos desconocen esta historia, y otros que la conocen prefieren “olvidarla”, no quieren recordarlo porque es “políticamente incorrecto” hacerlo. Pero la realidad está allí.

Los jóvenes que leen esto tal vez no lo crean. A ellos les digo vayan a la Biblioteca y revisen los diarios de los años 70’, 80’ y 90’ si quieren conocer  la verdad.

Aquellos políticos que pretenden apropiarse hoy de la bandera de la decencia tendrían que empezar por divulgar esta verdad. A ver si se atreven.