Javier Villa Stein ha aceptado, por presión de los toledistas y caviares, que sea un “tribunal de condena”, y no uno de justicia, el que resuelva en segunda instancia el juicio a Alberto Fujimori. Lo ha hecho creyendo que esa decisión le permitiría ejercer una presidencia sin sobresaltos, pero se equivocó de palmo a palmo. Ha mostrado debilidad y ahora sus enemigos no se detendrán hasta maniatarlo, o ver rodar su cabeza.
Lo grave es que para atender tales requerimientos, el presidente del Poder Judicial ha tenido que saltarse dos requisitos fundamentales para garantizar un juicio justo: la idoneidad y la imparcialidad, libres de toda duda, de los magistrados.
De los cinco miembros de la sala, sólo uno de ellos, el presidente del colegiado, es vocal titular de la Corte Suprema. Los otros cuatro son provisionales, es decir magistrados que, por la provisionalidad de sus cargos, son susceptibles de ceder a presiones interesadas en manipular el proceso. Por esta razón, la prensa y las instituciones defensoras de la legalidad han cuestionado siempre la participación de jueces transitorios en causas consideradas sensibles, como es el caso Fujimori.
Desde hace unas dos décadas, el Colegio de Abogados de Lima, numerosos juristas, ex magistrados, constitucionalistas, legisladores, instituciones sociales, etc, cuestionan y rechazan la presencia de jueces provisionales en casos judiciales delicados, porque la experiencia ha demostrado que son influenciables, manipulables.
Esta es nuestra realidad, una realidad clara y maciza que nos dice que, para los juicios de contenido político, el juez idóneo, en el Perú, tiene que tener como requisito la titularidad en el cargo, una condición que lo blinda de algún modo de las presiones.
Es vergonzoso por ello que el decano del CAL, que sí alza la voz para sumarse a la ofensiva de la izquierda caviar contra la Justicia Militar disciplinaria, guarde silencio ahora frente a los graves hechos que comentamos en esta columna.
De otra parte, la primera garantía básica del Debido Proceso, el derecho a un juez imparcial, ha sido violentada a todas luces, al haberse designado a personas con conocidas simpatías hacia los enemigos políticos de Fujimori, y a un juez que fue cesado por decisión del gobierno del procesado en los años 90’.
El presidente del tribunal, Duberlí Rodríguez Tinoco, es un antiguo militante del partido comunista maoísta Patria Roja – primo ideológico de Sendero Luminoso y precursor de la “guerra popular” -, organización que odia a Fujimori.
En el ejercicio de su militancia comunista, Rodríguez Tinoco ejerció el cargo de diputado por Lambayeque en el período 1985-1990, y también fue regidor del municipio de Chiclayo.
Otro integrante de la sala, el vocal provisional Julio Biaggi Gómez – hijo del ex senador aprista Romualdo Biaggi – fue cesado del Poder Judicial tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, por lo tanto podría cobrarse la revancha con el ex gobernante.
Los vocales Elvia Barrios Alvarado y Roberto Barandiarán Dempkwolf, son jueces especiales “anticorrupción” y en los pasillos de esos tribunales se les conoce como dos de los más implacables cancerberos de la persecución política
Ella es reconocida además como una dura “carcelera”, como se le llama a los jueces que envían a la cárcel sin justicia a los acusados negándoles la presunción de inocencia. Se le considera la “sucesora” de la máxima exponente de ese tipo de magistrados, Inés Villa Bonilla, la que manoseó impunemente al vicepresidente Luis Giampietri, protegida por un oscuro y siniestro poder.
Barandiarán ha cumplido un papel similar. Al fallecido comandante AP (r ) José Dellepiane Massa le abrió proceso injustamente, prestándose a una evidente venganza política. Jamás pudo condenar a Dellepiane porque éste probó su inocencia y lo encaró valientemente, mirándole a los ojos y enrostrándole la arbitrariedad que cometía. A Dellepiane nadie lo condenó jamás, mienten quienes sostienen lo contrario y pretenden vincularlo al siniestro Montesinos.
El país sabe que los fiscales y jueces “anticorrupción” tienen estrechos vínculos con el consorcio Justicia Viva, integrado por La Católica y el Instituto de Defensa Legal (IDL), y que este último patrocina legalmente a los familiares de los terroristas ejecutados extrajudicialmente en La Cantuta y Barrios Altos.
Justicia Viva, La Católica y otras ONG hermanas organizaron y realizaron los “Talleres de Capacitación” en los que se les enseñó a los magistrados anticorrupción cómo debían juzgar con mano dura a los soldados y autoridades que combatieron al terrorismo, y con mano blanda a los terroristas que quisieron y aún quieren destruir la democracia.
El quinto y último magistrado, José Neyra Flores, es un juez de carrera al que también se le atribuye una vieja militancia aprista, y que en la década pasada ejerció la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima.
En resumen: un comunista maoísta, dos amigos de los “caviares” y dos apristas. Ni Ernesto de la Jara, Ronald Gamarra o Francisco Soberón hubiesen hecho una selección mejor para ellos. Aunque a lo mejor ellos hicieron la propuesta.
La prensa toledista y sus socios no han hurgado en el pasado de los cinco vocales, ni lo harán. Más bien ya los han proclamado, fuerte y a los cuatro vientos, “imparciales” e “independientes”, con un cinismo de antología.
A la luz de los vínculos políticos de los cinco vocales y de la vulnerabilidad inherente a cuatro de ellos, surgen entonces gigantescas sombras de duda sobre dichos magistrados: ¿actuarán con imparcialidad, prevalecerá un ánimo revanchista o partidista, cederán a las presiones los provisionales para recibir favores a cambio?
Bajo este panorama – y valga la redundancia -, el acusado está en su derecho de demandar que se respete su derecho a ser juzgado por un tribunal probadamente neutral, y el Poder Judicial está obligado a garantizárselo.
Nada justifica el nombramiento de un tribunal cuestionable para el juzgamiento de una persona que ha sido dos veces presidente de la república elegido en las urnas. En el nombre de los derechos humanos y de la justicia no se le puede negar el derecho a un juez imparcial y libre de cualquier sombra de duda o suspicacia. Ni a él ni a ningún ciudadano.
Siendo evidente que la designación del tribunal busca complacer a sectores determinados, debemos reflexionar y recordar que, en democracia, los jueces deben ser ajenos a la política, someterse sólo ante la ley; y que deben tener la autonomía y el coraje suficientes para repeler cualquier interferencia en su labor jurisdiccional.
Si queremos consolidar nuestra democracia todos debemos defender estos valores, por encima de nuestras fobias o rencores, sin ceder a los chantajes y amenazas. Sobre todo el presidente del Poder Judicial, quien debe defender la independencia de su fuero como baluarte fundamental del sistema democrático. Ojalá se rectifique.
Lo patético de todo esto es que Villa Stein creyó que cediendo a la presión caviar y toledista, dándoles el “tribunal de condena” que pedían, lo iban a dejar tranquilo. Craso error, aquellos tienen una voracidad insaciable, lo quieren todo.
Ahora que el vocal se ha mostrado débil, han decidido apretarlo más fuerte para imponerle hasta los asesores. Con ese fin ello han soltado una oportuna “investigación independiente” sobre los supuestos “vínculos de Villa Stein con el fujimorismo”, en la que se dice que el presidente del Poder Judicial es un ingenuo o un corrupto solapado.
Pronto llamarán a la puerta del despacho del vocal altos funcionarios de Justicia Viva, La Católica o del IDL, finamente vestidos y perfumados, para ofrecerle una “generosa cooperación” que, como siempre y a la postre, les reportará mucha plata a los burócratas privados, y migajas a la justicia. Como decía mi abuela, le están haciendo la camita.
Así actúan, de la misma manera sucia que el siniestro Montesinos: con mucho dinero acumulan poder, y con éste compran conciencias y someten voluntades mediante la extorsión y la amenaza. Al fin y al cabo, el “Doc” y ellos son de la misma calaña, no tienen valores ni escrúpulos.
Está avisado, doctor Villa Stein, ellos no se detendrán hasta convertirlo en su pelele. Sea valiente y enfréntelos. Rectifique su error en el caso Fujimori, ponga un tribunal de justicia.
Aunque tenga que perder, resista y luche, no está solo. Actúe en paz con su conciencia y con su país, con honor y dignidad, defienda el fuero de su institución, defienda la democracia. La historia, sus hijos, y los demócratas auténticos se lo reconoceremos.
Políticamente Incorrecto 