El aparato político-mediático de la izquierda caviar, con apoyo de sus aliados externos y sus tontos útiles locales, presiona con todo para echarse abajo el Decreto Legislativo 1097. Bueno fuera que expusieran argumentos justos y coherentes con la defensa de los derechos humanos, pero no, a falta de ello recurren a las mentiras.
Primero dijeron que el decreto beneficiaría a Fujimori y Montesinos, y la mentira les estalló en las narices porque el decreto solo atañe a los procesos penales seguidos a miembros de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional, no a civiles.
Después dijeron que el decreto permitiría que salgan de la cárcel los miembros del Grupo Colina. Otra vez mentira, porque estos ya han sido sentenciados y condenados, y la norma aprobada alcanza solamente a los que están siendo procesados. De pronto estos podrían acogerse en otros procesos pendientes, pero de ninguna manera ello anula las condenas vigentes.
Los abusos judiciales, por cierto, se producen desde hace muchas décadas en agravio de civiles indefensos que padecen carcelería por años sin ser sentenciados. Precisamente para acabar con estos casos el Congreso aprobó, en 1999, el nuevo Código Procesal Penal.
Lo único que dispone el DL 1097 es que se aplique ese Código en los procesos penales a los policías y militares que están siendo juzgados siete, ocho o nueve años, sin sentencia y encarcelados, siendo muchos de ellos inocentes, como ha quedado demostrado en sentencias de varios casos resueltos por la justicia.
Pero lo que más les preocupa a los caviares es que han sido desnudadas sus mentiras sobre la figura penal de “lesa humanidad”. Ellos les hicieron creer a las autoridades judiciales que ese tipo penal es aplicable a los excesos militares cometidos en la lucha contra el terrorismo, pero es mentira.
Primero porque las actas de sesiones del Congreso han probado que la adhesión del Perú a ese tratado se hizo con la reserva de que la convención entrara en vigor en nuestro país a partir del 2003. Y segundo porque en los registros oficiales de las Naciones Unidas consta la fecha de entrada en vigor de la convención para el Perú: 9 de noviembre del 2003. Por eso que el Tribunal Constitucional ha confirmado la verdadera fecha de vigencia de dicho instrumento jurídico global.
Lo que más les preocupa a los enemigos de la democracia es que no podrán sentar en el banquillo de los acusados a los ex gobernantes democráticos que se enfrentaron a Sendero y el MRTA, culpándolos de los excesos de la lucha antiterrorista. Quienes deberán responder por esos actos serán los autores de los mismos, de manera individual, pero de ninguna manera los representantes del estado democrático.
Lo que más desean los caviares es dejar “constancia” de que la democracia es un sistema criminal, inhumano e injusto. Ergo, la “rebelión” terrorista se justifica.
El Tratado de Roma dice que delito de lesa humanidad es todo homicidio, tortura, desaparición forzada, violación sexual cometido de manera sistemática e indiscriminada contra una población civil, por razones políticas, religiosas o étnicas, en aplicación de políticas de estado.
¿La democracia persiguió a los miembros de SL y del MRTA para exterminarlos por sus ideas políticas, por su fe religiosa, o por su raza? No, lo hizo para evitar que asesinaran y destruyeran, y tampoco para exterminarlos, sino los cabecillas y mandos medios no estarían presos sino muertos.
¿Las fuerzas del orden que combatieron a SL y al MRTA atacaron de maneta sistemática a la población civil? Tampoco, está probado que los excesos fueron aislados y dispersos. Entre miles de operaciones militares realizadas en dos décadas los excesos fueron pocos.
¿Las fuerzas armadas atacaron a la población de manera indiscriminada? Falso, atacaron a los terroristas y a sus cómplices. La prueba es que otros predicadores de la lucha armada, como Patria Roja, MIR, PCR, PUM, et., no fueron perseguidos porque nunca pasaron del discurso a los hechos.
La propaganda caviar dice que las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos eran inocentes, pero nadie lo ha podido corroborar, más bien existen indicios que señalan lo contrario, que en algún momento tendrán que ser investigados.
¿Los excesos policiales o militares de la lucha se produjeron como parte de una política de estado? Tampoco, pues durante la agresión terrorista hubo tres gobiernos democráticos distintos que aplicaron políticas antiterroristas diferentes; y ninguno dio directivas para cometer crímenes contra la población.
Los que hablan de “lesa humanidad” también gritan “impunidad” cuando se trata de hacer justicia a policías y soldados. Pero ocultan que la mayor impunidad de los últimos 20 años ha sido la liberación silenciosa (2001-2010) de más de cuatro mil terroristas que jamás se han arrepentido de sus crímenes y que persisten en su ideología genocida.
¿Qué ha dicho monseñor Miguel Cabrejos sobre esta impunidad inmensa? ¿Han dicho algo frente a esta injusticia Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de DDHH, la Defensoría del Pueblo, el IDL, Aprodeh, el Relator de la ONU Shinnin, etc.? Nada, se callaron, por lo tanto NO tienen autoridad moral para hablar de impunidad.
Es la doble moral típica de los cínicos justificadores del terrorismo. Para ellos los terroristas merecen todos los beneficios, y los policías y soldados no merecen nada. Por eso es hipócrita y falsa su condena al terrorismo.
Es mentira que la democracia peruana haya cometido delitos contra humanidad. Quienes la acusan de ello lo hacen solo porque quieren ver a sus adversarios políticos sentados en el banquillo de los acusados, o porque pretenden deslegitimarla por razones ideológicas y políticas.
Los primeros son unos insensatos que actúan sin reparar en el daño que le hacen a la democracia, y los segundos son unos totalitarios que se ocultan detrás de un falso discurso “derecho humanista”.
Los ciudadanos comprometidos con la causa de la libertad no podemos permitirlo. No se trata de los militares en última instancia, sino de defender la legitimidad de nuestra democracia y su victoria sobre el terrorismo. Por eso debemos apoyar el DL 1097.
e-mail: victor.robles.sosa@hotmail.,com
Políticamente Incorrecto 
Pare mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, señor Godoy. Primero es lo primero. Repite usted como un loro que el derogado DL 1097 «buscada la impunidad de los violadores de DDHH». Si usted fuese una persona honrada -como supongo que debe de serlo – debería informar a sus lectores qué dice el proyecto anulado, para que ellos mismos saquen sus conclusiones. Dicho proyecto simplemente dice aplíquese el nuevo Código Procesal Penal a todos los policías y militares PROCESADOS por presuntos delitos cometidos durante la guerra contra el terrorismo. Si usted respeta en verdad los derechos humanos debe empezar reconociendo que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y esto no quiere decir que se «pruebe» mediáticamente, o sea que se le condene solo porque un medio de comunicación o varios medios de prensa hacen campaña considerándolo culpable, sino que el Poder Judicial lo declare culpable con pruebas fehacientes. Si usted no comprende esto no está en capacidad de defender los DDHH.
Otro derecho consagrado por la Declaración Universal de DDHH es el Derecho al Debido Proceso, que todos los que creemos en los derechos fundamentales estamos obligados a defender.
Por eso defiendo el DL1097, porque garantiza el respeto al Debido Proceso para los policías y soldados ACUSADOS (no culpables a priori como los considera usted), impidiendo que sean sometidos a investigaciones fiscales o judiciales de ocho, nueve, diez u once años, es decir infinitas, solo porque quienes los acusan son incapaces de probar sus acusaciones de manera indubitable o porque los jueces no se atreven a sentenciar por el mismo hecho.
Cuando una persona está privada de su libertad tantos años sin ser sentenciada se violan sus derechos humanos, señor. Por eso la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – a la que usted tanto admira- peleó durante años y logró que se respetara y cumplieran las garantías del debido proceso para los acusados y procesados por TERRORISMO. Es por este motivo que miles de estos han salido en libertad por exceso de carcelería sin sentencia. Usted lo sabe bien.
Por último, no pretenda ponerme usted ninguna camiseta partidista encima, porque somos muchos los ciudadanos independientes que pensamos distinto que usted, con respeto irrestricto e indiscriminado a los DDHH, para que éstos sean para todos, no solo para los acusados de terrorismo.
Es verdad que he sido candidato al Congreso por Fuerza 2011, pero en calidad de INDEPENDIENTE invitado, igual como Ronald Gamarra lo hizo en Perú Posible, ni más, ni menos.