La farsa es desnudada, pero continúa

   Las ONG que persiguen a los militares que en 1997 rescataron a 120 rehenes en la residencia del embajador de Japón se han quedado con la brocha en la mano y sin la escalera, en el aire. Su plan de convertir en víctimas a los secuestradores ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fue desnudado y desbaratado  Sin  embargo, la fiscalía peruana ha decidido continuar con la farsa.

La “prueba” maestra de la acusación contra los comandos, el peritaje antropológico-forense sustentado por el peruano Juan Pablo Baraybar y el argentino Luis Fronderbrider, fue desbaratado en la reciente audiencia de la Corte cuando Agente del estado peruano, Luis Alberto Huerta, le preguntó al argentino:  ¿Un antropólogo forense puede establecer las causas de la muerte de una persona? “NO”, admitió Fronderbrider, con lo cual quedó claro que la “prueba” de que hubo asesinatos es una farsa.

Más aún, se demostró que Baraybar y el estadounidense Clyde Snow, autores del “peritaje”, también manipularon la información para atribuirles a los comandos un patrón de conducta delictivo en el rescate al considerar solo 60 de los 170 disparos hechos por los soldados, para establecer dicho patrón.

Pero además, el médico forense español Juan Manuel Cartagena analizó ante el tribunal los resultados de las necropsias y de los peritajes balísticos realizados en su momento por los expertos de la policía peruana, demostrando con rigor científico que los terroristas fueron abatidos en combate.

La acusación de la ONG Aprodeh fue rebatida con tanta contundencia que el juez chileno de la Corte se preguntó, después de escuchar el alegato del procurador, qué tenía que resolver si todo estaba tan claro.

Pero si el caso se les cayó afuera, su influencia en la justicia peruana les ha permitido a las ONG prolongar más esta absurda situación, nadie sabe hasta cuándo. La Fiscalía ha abierto una nueva investigación sobre el “asesinato” del terrorista Tito a pedido de la sala San Martín, que se negó a admitir los peritajes de Cartagena y del médico británico Derrick Pounder, prefiriendo el informe de Baraybar-Pounder.

Si fiscal supremo Pedro Sánchez hubiese considerado los peritajes auténticos habría denegado el pedido de la sala San Martín, pues Cartagena y Punder establecieron que Tito murió de un tiro en el pecho y otro en la cabeza de abajo hacia arriba, NO de un tiro en la nuca de arriba hacia abajo como dice Baraybar.  Por culpa de San Martín y Sánchez el caso sigue abierto.

La Corte IDH, aunque tal vez no le guste a su presidente Diego García Sayán, tendrá que archivar la demanda presentada por Aprodeh contra el Perú, porque se ha demostrado que sus “pruebas” son una farsa. Pero esta tortura judicial a nuestros comandos continuará por presión de las ONG. ¿Hasta cuándo?

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