Una vieja historia

mesa direcvtiva 2013  El escándalo en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo es parte de nuestra historia. En los 80 los ciudadanos se indignaban al ver cómo los candidatos a jueces supremos visitaban a los senadores de la mayoría, a quienes acababan debiendo su elección.

Las mayorías absolutas del Congreso siempre han impuesto la fuerza de sus votos -al “carpetazo”- para elegir a sus candidatos para el Tribunal de Garantías Constitucionales, el actual TC, la Corte Suprema, la Fiscalía de la Nación, el Banco Central, la Contraloría y otros altos cargos.

La mayoría fujimorista expectoró del TC a los magistrados que pensaban diferente y los reemplazó con incondicionales. En el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, la mayoría Acción Popular-PPC copó la Corte Suprema y el Ministerio Público con magistrados allegados; lo mismo hizo la mayoría aprista durante el primer gobierno de Alan García.

Los directores del BCR elegidos por la mayoría toledista-caviar obligaron a renunciar al presidente Richard Web. El primer gobierno de García impuso como Contralora General a la abogada aprista Luz Aurea Sáenz; y el de Toledo hizo Contralor a su amigo Genaro Matute.

La actual Constitución intentó rescatar la autonomía del Poder Judicial, el Ministerio Público y el TC sustrayendo la elección del Congreso de la República y trasladándola al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Lamentablemente este modelo fracasó y la injerencia política en la justicia continúa debido a las deficiencias estructurales del CNM.

También estableció que la elección de esos cargos se dé por mayoría calificada (dos tercios), obligando al consenso en el Congreso. Por eso todas las elecciones se han hecho por acuerdo político desde la década pasada. Así fueron elegidos, por ejemplo, magistrados del TC, los apristas Víctor García Toma, Carlos Mesía o Fernando Calle, y al accio-populista Javier Alva, sin que nadie protestara.

El actual Congreso también recurrió al consenso en la última elección. La diferencia está en que esta vez los partidos han elegido mal a sus candidatos, y que han protestado los grupos marginados del acuerdo, como el Apra y los “colectivos” y ONG que ahora quieren distanciarse de Perú Posible pero que el 2001 insultaron a quienes cuestionaron a Pilar Freitas por los mismos motivos.

Víctor Mayorga y Cayo Galindo son pésimos referentes. Francisco Eguiguren es un jurista reconocido pero su izquierdismo lo traiciona. José Luis Sardón es intachable. Ernesto Blume y Rolando Sousa son abogados exitosos a quienes se les cuestiona por el ejercicio libre de su profesión, algo absurdo en una sociedad democrática. Ambos son hombres de partido, pero solo a Sousa lo censuran por ello, en clara intolerancia.

Pero más allá de los gritos, nadie toca el tema de fondo: la debilidad institucional del país. Todos los magistrados del TC fueron puestos allí por acuerdo político, son expresión del sistema. El Congreso los elige porque es la representación nacional, así es en democracia. El problema es que el Congreso es el reflejo de partidos en crisis. Si queremos mejores magistrados, tenemos que construir primero mejores partidos, éste es el tema de fondo, el desafío que nadie quiere encarar.

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