El futuro incierto de las inversiones

        El analista Pablo Bustamante acaba de darnos una pésima noticia: el futuro de las inversiones en actividades extractivas (minería, petróleo, gas y electricidad), de las cuales depende el futuro de nuestra economía, está hoy en manos del Ministerio de Cultura que encabeza Susana Baca, pero maneja al parecer el Partido Socialista (PS).
Todo indica que la señora Baca –quien acaba de iniciar otra gira artística en el exterior hasta el 4 de octubre– ha sido puesta en ese cargo solo para darle un buen rostro a una administración que en realidad estaría siendo manejada por un grupo comunista enemigo de la inversión privada.
El punto es que el reglamento de la Ley de Consulta Previa, que decidirá la orientación definitiva de dicho dispositivo legal, será elaborado por el Viceministerio de Interculturalidad, a cargo de Vicente Otta Rivera, militante del Partido Socialista (PS), última marca del viejo partido Vanguardia Revolucionaria (VR marxista-leninista) de Javier Diez Canseco, uno de los mayores responsables políticos del crecimiento del terrorismo durante los años ‘80.
Como buen marxista-leninista, Otta no cree en la inversión privada. Para él “eso es capitalismo” y éste es “enemigo del socialismo”. Con esa misma lógica, la inversión extranjera es “penetración imperialista”.
Otta ha declarado hace poco que –según su interpretación– la Consulta Previa tendrá que ser aplicada de manera obligatoria a todos los proyectos de inversión ejecutados durante los últimos 15 años, o sea desde que el Perú se adhirió al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que consagró dicha consulta.
Para Otta, el resultado de la Consulta Previa debe ser vinculante para el Estado, a pesar de que la norma señala lo contrario.
Si logra imponerse el punto de vista marxista en el reglamento de dicha ley, muchos proyectos de inversión serían cancelados, y el futuro de nuestra economía se verá perjudicado al producirse una fuga de inversiones privadas hacia otros países. Y sin inversiones no hay crecimiento, y sin éste no hay empleo; por lo tanto, tampoco habrá “inclusión social”.
Otta es viceministro por la influencia de Javier Diez Canseco, quien ostenta poder gracias al padrinazgo de su amigo Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT) que apoyó y financió la campaña de Ollanta Humala.
Otta sigue los lineamientos del PS, un partido opositor de la inversión privada. Se ha opuesto y se opone a ella a través de su antiguo apéndice, la ONG Aprodeh, que a su vez maneja la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
La CNDDHH y Aprodeh han estado presentes en campañas anti-inversión, apoyando activamente a la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), controlada por marxistas.
Por ello es comprensible la preocupación que sienten hoy los inversionistas frente al futuro incierto de sus proyectos.
Ante esta situación, el país espera que la voluntad retrógrada de los comunistas en el gobierno fracase, y que se impongan el sentido común y la palabra presidencial empeñada en la Hoja de Ruta, pues lo que está en juego es el futuro económico del Perú.

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Un comentario en “El futuro incierto de las inversiones

  1. Si bien la actividad minera ha provocado el dinamismo de las economías locales y regionales, como es el caso del departamento de Cajamarca cuyo crecimiento sostenido regional de 7% del PBI es mayor al promedio nacional de los últimos años (4-5 % anual), lo cierto es que este crecimiento no necesariamente se ha traducido en la mejora sustantiva de los indicadores de pobreza. Muchos de los distritos donde se ubican las actividades mineras poseen IDHs subsaharianos. El caso concreto lo representa la paradoja social del departamento de Cajamarca, que siendo la región que tiene la mina de oro más rica de Latinoamérica, sigue siendo uno de los departamentos más pobres del país, e incluso según datos del PNUD en su Informe sobre el Desarrollo Humano del año 2002, puede verse que la pobreza crónica en niños menores de cinco años se incrementó en el mismo periodo en que se hallaba en expansión la actividad minera (1996 – 2000) pasando de una tasa de 38.7% a otra mayor de 42.8 % lo que evidencia que la explotación de los recursos mineros no se traduce automáticamente en una mejora sustantiva de la calidad de vida de las poblaciones donde la actividad se asienta.

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