Reparto de poder y sombras sobre la justicia

 En política es preferible pecar de suspicaz antes que de ingenuo. Por eso no entiendo a quienes aplaudieron entusiastas al primer Consejo de Ministros del presidente electo Ollanta Humala sin saber siquiera cuál sería su composición final.
El próximo gabinete estará liderado por un empresario caviar que posee una vieja ejecutoria mercantilista, acompañado por más caviares, militares, toledistas, tecnócratas y comunistas de viejo cuño. Hacer así un gobierno coherente, que haga las reformas modernas que requiere el Perú, será imposible.
Parece que se ha decidido repartir cargos a los grupos influyentes para que no molesten y así poder disfrutar del poder y acumular fortuna. Esto supone, sin embargo, jugar con fuego, porque Humala ha despertado demasiada expectativa en los sectores populares.
Por otra parte, la historia nos sugiere que debemos desconfiar y vigilar al menos hasta no tener la certeza de las intenciones reales del gobernante electo. Hay muchas dudas aún.
Desde Lenin, los regímenes marxistas se han impuesto siempre pasando por un cogobierno de transición “con la burguesía” que los ayudó a llegar al poder. Y una vez que toman el control total de éste se deshacen de aquella.
Cuando Hugo Chávez ganó su primera elección, nombró a dos o tres ministros promercado que tranquilizaron a los inversionistas, pero una vez que se acomodó en el poder los echó para iniciar su “revolución bolivariana”.
Deseo equivocarme y que Humala haga un gobierno democrático, pero hay muchas señales negativas. Este mismo espíritu me anima a alertar sobre la decisión de la Sala Plena de la Corte Suprema de delegarle a su presidente César San Martín las facultades de iniciativa legislativa que la Constitución le reconoce al Poder Judicial.
La decisión es legítima pero preocupante, porque son conocidos los vínculos de San Martín con el Instituto de Defensa Legal (IDL) y otras ONG afines que ya han metido las manos en la Judicatura, violando inclusive su autonomía jurisdiccional.

Siendo imposible que San Martín asuma sus obligaciones de presidente de la Corte Suprema y de gobierno del Poder Judicial, más las tareas propias de la iniciativa legislativa, el riesgo es que al final quienes hagan los proyectos sean el IDL u otras ONG amigas suyas.

Sería nocivo para el país, pues desde los años 90 esas ONG han recibido fondos del Estado y de la cooperación internacional presuntamente para reformar la administración de justicia, pero han aportado casi nada. Lo único que mejoró fue el estatus de vida de sus dueños, mientras que miles de pobres siguieron padeciendo prisión injusta por falta de justicia.
La delegación de facultades a San Martín procede, pero debe ser con transparencia y sin injerencia de las ONG. La sala plena debe tener muy presente que su primer deber es preservar y hacer respetar la autonomía del Poder Judicial.
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