Corrupción y transparencia: Una década (más) perdida

 Uno de los temas más recurrentes durante la campaña electoral que termina ha sido el problema de la corrupción, que atraviesa transversalmente nuestra sociedad desde siempre, al punto de haberse convertido en una institución perversa que ha invertido los valores morales en nuestra nación.

Muchos ciudadanos están convencidos hoy de que el gobierno de los años90’ha sido el más corrupto de nuestra historia porque han escuchado en los últimos diez años un discurso sistemático, constante, que así lo sostiene de manera indubitable.

Es verdad que en ese gobierno hubo una gran corrupción, toda una videoteca lo corrobora; más no es verdad que haya sido el más corrupto, por una simple razón: el mayor aparato de corrupción que hemos tenido ha sido el andamiaje institucional estatista y populista que fue desmantelado conla Constituciónde 1993.

Sin embargo, no voy a detenerme en el pasado. Es el momento de mirar hacia el futuro. Debemos reflexionar en qué hemos hecho los peruanos, qué han hechos nuestros líderes para acabar con la corrupción, y qué debemos hacer ahora.

Lamentablemente en la década post-Fujimori se ha hecho poco o casi nada para combatir y erradicar ese mal.

Es cierto que se montó un sistema anticorrupción ad hoc (procuradores, fiscales y jueces), para perseguir penalmente a los corruptos, y también hubo grandes juicios mediáticos, pero en honor a la verdad todo ello acabó siendo una cacería de brujas política en la que se maltrató a muchos inocentes.

Se debió atacar el problema desde la raíz, pero no se hizo.

Los tres últimos gobiernos cayeron en el error de politizar la lucha contra el mal. Se nombró a un Zar Anticorrupción que duró tres meses, y después se creóla OficinaNacionalAnticorrupción, que se quedó en el anuncio y nada más.

También se mutiló las facultades sancionadoras dela Contraloría, se restringió su presupuesto, se mantuvieron intactas las leyes blandas contra los corruptos, y hubo una gran tolerancia indolente con la corrupción que impera en las comisarías, fiscalías, juzgados, y otras instituciones, que es la que más sufre el pueblo.

Es decir no ha habido (ni hay) una política de estado contra la corrupción, lo cual se ha traducido en impunidad para los funcionarios involucrados en constantes escándalos de corruptelas, salvo contadas excepciones.

Por ello es impostergable que el próximo gobierno aplique una política integral contra ese flagelo que tanto daña a la salud económica y moral del país.

Esa política debe tener tres ejes: prevención, disuasión y sanción. Y pasa inevitablemente por reestructurar y modernizar las instituciones de servicio más infectadas por la corrupción, como la policía por ejemplo.

En el campo de la prevención debe haber predictibilidad en las decisiones de gobierno, hay que fortalecer el Sistema Nacional de Control yla TransparenciaInformativaen las instituciones del Estado, informatizar los sistemas administrativos y establecer mecanismos de control ciudadano.

En el pargo plazo necesitamos invertir en un programa de Educación en Valores desde los primeros grados de la escuela, para formar futuros ciudadanos éticos que  rechacen y condenen por principio la corrupción.

En el plano disuasivo el Estado debe realizar campañas periódicas de advertencia sobre el daño que suponen los actos de corrupción para el país y la sociedad, y sobre las penas que recaen sobre quienes incurren en ese delito.

En materia de sanción, ésta debe ser penal y política para los altos funcionarios corruptos. En lo penal urge sustituir la legislación complaciente actual por otra que imponga penas duras, sin beneficios penales en los casos en que se requiera aplicar castigos ejemplares. La pena mínima debería ser 20 años de cárcel, sin beneficios penales, para los altos funcionarios que se apropien ilegalmente de dineros públicos.

En lo político, se requiere leyes que inhabilite para ejercer cargos públicos o políticos a los sentenciados por corrupción, desde diez años como mínimo, hasta la inhabilitación perpetua.

Es hora de encarar y resolver la corrupción desde sus raíces, para erradicarla o reducirla a su mínima expresión. Ya basta de retórica hueca y demagogia.

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