El caso Rospigliosi y el abandono de la Defensa Nacional

La irresponsabilidad con que Alejandro Toledo y el actual gobierno han manejado la defensa nacional se refleja en tres episodios ilustrativos: el caso Rospigliosi, el recorte presupuestal y la persecución penal desatadas por Toledo contra nuestras
Fuerzas Armadas y la indiferencia del presidente Alan García frente a las amenazas que se ciernen hoy sobre nuestro país.
El colmo de Toledo –ahora lo sabemos por los wikileaks– fue designar a Fernando Rospigliosi, un consultor rentado de una Agencia del Departamento de Estado de Estados Unidos, nada menos que jefe del entonces Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) y dos veces ministro del Interior.
Este grave error supone la posibilidad de que Rospigliosi haya filtrado a sus empleadores información clasificada sobre nuestro sistema de inteligencia y nuestra seguridad interior. Urge hacer una indagación profunda al respecto, por la seguridad del país.
Extraoficialmente se sabe que Rospigliosi fue reclutado por la agencia norteamericana NAS después de que terminó su primera gestión como ministro del Interior (julio 2001 a junio 2002), lo cual supone que cuando asumió la jefatura del CNI, ya era consultor rentado del gobierno de EE.UU.
La misma condición mantuvo al parecer cuando asumió su segunda gestión en Interior, de julio del 2003 a mayo del 2004. Están definidos entonces los periodos que deben ser investigados por las autoridades.
También está fresco en nuestra memoria el recorte presupuestal que aplicó Toledo a nuestra defensa, al extremo que los institutos militares tenían que cerrar sus oficinas a mediodía porque no tenían para pagar la luz.
Al finalizar el gobierno toledano, la capacidad operativa de nuestras fuerzas armadas quedó reducida a casi cero, sin recursos para entrenar y alimentar a las tropas ni para mantener los equipos bélicos. A esto se suman la persecución injusta a los militares que combatieron al terrorismo y el desamparo legal absoluto de los combatientes de hoy.
El actual gobierno ha continuado en esa misma línea, guiado por el sentimiento antimilitar del presidente García, quien en vez de fortalecer nuestra defensa se ha dedicado a predicar el desarme. ¿Qué vamos a desarmar en el Perú, la chatarra que tenemos?
García predica el desarme justo cuando tenemos un contencioso con Chile que nadie sabe en qué puede acabar, cuando el terrorismo rebasa los límites del VRAE y se expande, cuando Naciones Unidas informa que somos el primer país productor de cocaína. En el caso de García, la miopía política es falta de visión de Estado, o sea talla de estadista.
Por eso el Gobierno acaba de aprobar otro recorte al presupuesto de la Defensa que implica una reducción de 323 millones de nuevos soles en la partida de bienes y servicios, lo cual está mermando seriamente la capacidad operativa militar del Perú.
Considerando que el presupuesto asignado en principio fue de 1.165 millones de soles, la Defensa ha sufrido un recorte presupuestal del 27 por ciento, con el agravante de que solo el 5% de los recursos que se le asignan está destinado a los gastos operativos de las Fuerzas Armadas. El 95% restante se usa en gastos corrientes y administrativos.
Estas cifras reflejan la importancia que le dan los políticos peruanos a la Defensa, a diferencia de los líderes de Chile, por ejemplo, que destinan el 35% del presupuesto de su defensa para los gastos operativos o de los países de la OTAN, donde ese gasto es el 40%.
El recorte aprobado por el Gobierno es tan nocivo que las partidas para mantener operativa una capacidad militar mínima se acabarán en mayo.
Les han recortado los fondos a los institutos militares y encima les han asignado nuevas misiones que tendrán que financiar con sus propios recursos.
Por ejemplo, en la movilización de medios y hombres que han realizado para destruir las dragas ilegales en Madre de Dios, el Ejército y la Marina se han consumido más de la mitad de sus presupuestos para operaciones.
A la Marina le han encargado también que realice un patrullaje del río Putumayo, pero no le han dado los 41 millones de soles que costará la misión, lo cual supone que tendrá que cubrir ese costo con su exiguo presupuesto.
Por si fuera poco, el Gobierno tampoco le ha asignado al sector Defensa los documentos cancelatorios que se comprometió a entregar para el pago de impuestos por eventuales compras de nuevos equipos militares.
En las condiciones actuales somos un país indefenso, altamente vulnerable ante cualquier agresión externa o interna, por la irresponsabilidad de ciertos políticos.
¿Cómo afrontaremos una eventual reacción violenta de Chile si la Corte de La Haya falla a favor del Perú? ¿Con qué medios responderá el Estado ante una escalada terrorista en el interior del país? ¿Y cómo nos defenderemos de una eventual guerra del narcotráfico contra el Estado?
Esta última es tal vez una de las mayores amenazas, pues hay abundantes indicios que señalan que el narcotráfico está penetrando profundamente nuestra sociedad, lo cual podría desatar en el Perú una tragedia peor que la que desató el terrorismo en los años 80’.
Veámonos en el espejo de México y reflexionemos. Mientras en el Perú el terrorismo ha causado cerca de 30 mil muertes en 30 años, en México el narcotráfico ha causado 33.797 muertes solo en cuatro años: 30.165 en asesinatos, 3.075 en tiroteos entre bandas y 527 en atentados contra las autoridades.
Es hora de que la clase dirigente aborde los graves problemas de defensa y seguridad que enfrenta el país y que los resuelva. Está de por medio el futuro de nuestra Nación.
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