La agenda del futuro: construir un nuevo Estado (I)

La agenda política nacional del próximo quinquenio debe mirar al futuro y encarar los cambios que reclama el país con urgencia, que son: acabar con el aparato estatal ineficiente y corrupto, y con la creciente delincuencia y vandalismo.

Cuando hablo del aparato estatal obsoleto y putrefacto me refiero a las instituciones públicas en las que impera una corrupción de larga data que esquilma a los ciudadanos que acuden a solicitar los servicios públicos que prestan aquellas.

Me refiero al Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional, y las demás entidades estatales encargadas de brindar servicios públicos. Salvo honrosas y pocas excepciones, la administración pública es incapaz de atender la demanda de servicios básicos de la población, en particular educación, justicia, salud y seguridad.

La actual titular del Ministerio Público, Gladys Echaiz, está pasando por esa institución sin pena ni gloria, pues las coimas siguen mandando en las fiscalías del país, casi en sus propias narices.

Lo mismo sucede en el Poder Judicial, donde sus directivos se rasgan las vestiduras cada vez que los periodistas criticamos la corrupción en los jueces, pero no hacen casi nada para atacar ese mal de raíz.

El nuevo presidente del Poder Judicial, César San Martín, quien carga con el estigma de haberse comportado sin ética en el juicio a Alberto Fujimori, ha prometido  que trabajará para “mejorar la imagen” de la Judicatura, como si la corrupción real y escandalosa de muchos jueces fuera un problema de relaciones públicas.

También prometió independencia y moralidad, pero acto seguido ascendió a juez suprema a Inés Villa Bonilla, una incompetente que parece haber hipotecado su autonomía a ciertos políticos y a las ONG que trafican con los derechos humanos.

La incompetencia de Bonilla ha sido señalada por el Tribunal Constitucional en dos sentencias que cuestionan a la magistrada por haber dilatado en exceso (5,6 o 7 años), y sin justificación alguna, importantes juicios bajo su jurisdicción. En un Poder Judicial moderno ella habría sido echada a la calle hace rato.

La descomposición ética afecta en la misma medida a la PNP. Todos los saben pero nadie lo ha querido encarara hasta ahora.

Si a un ciudadano lo asaltan, va a una Comisaría y le piden dinero “para la gasolina”, para el papel del atestado o la ocurrencia, para añadir o quitar cosas en las denuncias o atestados, para soltar a un detenido, etc, etc, etc.

Los policías de a pie distraen su vigilancia muchas veces porque son obligados a pedir sobornos a conductores o delincuentes, para pagar cupos que les imponen malos oficiales superiores.

Hablamos de sistemas de corrupción enraizados en ciertas instituciones públicas, que nadie quiere tocar.

En los entes encargados de brindar los servicios de salud y educación públicas conviven igual la burocracia extrema, la ineficiencia y la corrupción.

Los pacientes de los centros o postas del Ministerio de Salud o de Essalud tienen que esperar  semanas para conseguir una consulta. Y si tienen que ser derivados a un especialista, otra vez, tendrán que esperar varias semanas.

Los medicamentos desaparecen de las farmacias de los hospitales públicos y después aparecen en las farmacias privadas vecinas. Y si uno necesita operarse debe llevar a veces parte del material quirúrgico necesario para la intervención.

En la educación pública, la burocracia abundante y torpe como un paquidermo impide que el servicio llegue de manera oportuna a los pueblos lejanos de la sierra y la selva. Los nombramientos de los maestros para esas zonas tardan a veces meses.

En muchos casos esos burócratas cobran coimas para asignar las plazas de docentes, sin importar las capacidades y méritos de los postulantes.

Pero si el estado actual es ineficiente en brindar servicios públicos, lo es mucho más para hacer respetar el principio de autoridad que permite proteger a la sociedad de la delincuencia, el vandalismo, el narcotráfico y el terrorismo.

La policía no puede frenar a los delincuentes y vándalos porque carece de protección legal. Si un agente del orden golpea o hiere a un delincuente, aunque sea en defensa propia, es probable que vaya preso o sea dado de baja.

Los problemas señalados tienen estancado el desarrollo del Perú, que no es solo crecimiento económico. En la medida que dichos problemas subsisten avanzarán más el hampa y el terrorismo que amenazan la viabilidad  del sistema democrático.

Por eso deben ser atacados de raíz por el próximo gobierno. El debate de esta problemática y las propuestas para encararla también deberían marcar la agenda de la campaña electoral en marcha, en vez de las proclamas y promesas populistas.

Si nuestra clase política no asume el compromiso de realizar las reformas necesarias, llegará un momento en que el crecimiento económico no podrá contener el descontento social. Estamos avisados, estamos advertidos.

 


 

 

 

 

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