La abominable matanza de Accomarca

Telmo Hurtado en 1985

El inicio del juicio oral a los militares acusados por la matanza de Accomarca, en la que 40 personas fueron asesinadas por una patrulla de soldados (el 14 de agosto de 1985), ha sido motivo para que, una vez más, ciertas ONG alteren la historia y hagan escarnio de las fuerzas del orden.

El objetivo político de esas ONG es que el ejército como institución sea declarado responsable de un crimen atroz cometido por un joven oficial desquiciado por la vorágine de muerte que se impone en toda guerra.

Condenar al ejército por esta matanza supondría condenar de hecho a la democracia, ya que las fuerzas armadas son el brazo armado del sistema democrático y combatieron al terror cumpliendo su rol constitucional.

Lo que se pretende es sentar en el banquillo de los acusados no al oficial responsable del homicidio múltiple, sino al ejército, y eventualmente también a las autoridades democráticas que se enfrentaron al terrorismo aquella vez.

Por ello la primera fiscal del caso, Cristina Olazabal, acusó al presidente Alan García de “autor mediato” de los hechos de Accomarca, pero la Fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, corrigió la arbitrariedad dejándola sin efecto. ¿Allí quedará el tema? Claro que no, de seguro las ONG reavivarán más adelante la acusación contra García.

Olazabal es una más de muchas fiscales para casos de terrorismo y derechos humanos que han sido “capacitadas” para aplicar una doctrina penal politizada que considera a los militares asesinos compulsivos y a los terroristas “luchadores sociales”.

La CVR, madre de esa doctrina, dice en su informe que Accomarca se produjo, entre otras razones, todos los militares fueron formados para ser asesinos. Ergo, ¿Qué son los terroristas que mueren cuando se enfrentan a los soldados, “víctimas”?

También dice la CVR que los jefes del teniente Hurtado pretendieron encubrirlo, lo cual es falso, como lo demuestran los hechos. Otra mentira es la que infla a 69 el número de víctimas de Accomarca, sin dar sus nombres.

Los peruanos queremos que se sancione a los responsables del crimen, pero sin hacer política, como hacen las ONG que culpan al ejército y al gobierno de entonces, para enlodar en última instancia la victoria sobre el terrorismo.

En ese sentido apunta el propósito de convertir la matanza en un “crimen de lesa humanidad”, tipo que califica solo para los crímenes cometidos por intolerancia política, racial o religiosa, por los estados totalitarios u organizaciones similares.

Si la justicia acepta que esa matanza fue un crimen de lesa humanidad estaría culpando al gobierno democrático de los hechos, y al ejército de haber matado por razones étnicas o políticas, lo cual es falso totalmente. Esta es la trampa.

La historia real es que Hurtado masacró a las 40 víctimas, entre ellas varios niños y ancianos, desobedeciendo el plan operativo diseñado por sus superiores; y ocultó el crimen al reportarse “sin novedad” cuando regresó a su base, ordenando inclusive a sus tropas que callaran lo ocurrido en Accomarca.

La CVR atenúa la responsabilidad de los terroristas del MRTA al afirmar que estos mataron por culpa de la dinámica de la guerra. A los soldados, sin embargo, les niega todo atenuante, aún cuando Telmo Hurtado tenía solo 23 años y estuvo demasiado tiempo en el frente de batalla, sometido a un fuerte stress de guerra.

Pero ¿qué responsabilidad podría tener el entonces capitán José Williams Zapata si era solo un oficial administrativo encargado de dotar de hombres y equipos a quienes ejecutaban las operaciones, y no estuvo nunca en Accomarca?

Está claro que ninguna responsabilidad, como tampoco la tienen el general Wilfredo Mori y los miembros de su estado mayor, quienes estaban a cientos de kilómetros de distancia de donde ocurrieron los hechos, sin poder ejercer control alguno sobre Hurtado y su patrulla.

Sin embargo, Williams, Mori y otros están acusados en el juicio porque el fiscal sostiene que la matanza obedeció a una decisión institucional del ejército, y que Hurtado fue solo un eslabón de la “cadena de mando”

Bien que Echaíz haya frenado el intento de Olazabal de involucrar al presidente García. Muy mal que permita que su fiscal acuse al ejército. Echaiz parece tolerar la doctrina caviar en el Ministerio Público, siempre que no perjudique al Apra.

La inclusión de Williams Zapata en el juicio es política. Lo hacen para enlodar el nombre y la imagen de un oficial emblemático de nuestro ejército, líder del comando Chavin de Huantar, presentándolo como “violador de derechos humanos”.

Un hecho curioso es el contraste entre la locuacidad que muestran los abogados de conocidas ONG en la prensa en torno al juicio a Accomarca, y el silencio total que mantienen frente a las excarcelaciones de terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA que salen impunes en “libertad condicional”.

Es lo que se llama la doble moral. Por más que algunos se disfracen de “demócratas” y de “defensores de los derechos humanos”, en realidad son solo  defensores y justificadores del terrorismo. Por cierto, muy bien rentados.

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