Tráfico de influencias en la administración de justicia

 

Dr. Carlos Mesía, presidente del TC

 

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), doctor Carlos Mesía, ha confirmado, en un comunicado público, un hecho que agravia la democracia y atenta contra los derechos fundamentales: la existencia de un poder fáctico que instrumentaliza política e ideológicamente a ciertos jueces y fiscales ad hoc para casos de terrorismo y derechos humanos.

Este es un hecho intolerable que un puñado de peruanos venimos denunciando desde hace años, una práctica totalitaria, un presunto tráfico de influencias que desacredita a la justicia al propiciar sentencias y dictámenes fiscales sustentados en alegatos más políticos que jurídicos.

Mesía ha señalado que la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL) hace que sus funcionarios sean designados docentes de la Academia de la Magistratura (AMAG) para adoctrinar a futuros jueces y fiscales que juzgarán eventualmente casos promovidos por esa ONG contra el estado democrático o en defensa de presuntos terroristas.

“Ellos (el IDL) deciden a quién se asciende o quien ingresa a la judicatura. A quién se aprueba o se ratifica. Y luego, al día siguiente, muy orondos, se presentan en el despacho del juez favorecido a defender lo que ellos mismos han llamado causas de interés público”, ha señalado Mesía.

También ha indicado que los funcionarios del IDL que enseñan en la AMAG carecen de la calificación académica y profesional que se requiere para enseñar en una institución de alto nivel como es esa academia.

“Pretenden ocultar su medianía intelectual afirmando que son profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú y autoproclamándose hombres de `impecable trayectoria docente´. Como si esto fuese suficiente para convertirse en un académico de respeto… Ya es hora de decir las cosas como son: ¿algún miembro del IDL tiene obra escrita que pueda mostrar como decisiva o influyente en el derrotero del Derecho Constitucional en el Perú?  Por cierto que no”, precisó el presidente del TC.

Mesía ha puesto el dedo en la llaga, pero se ha quedado corto, ya que el IDL actúa como la punta de lanza de un aparato de poder mayor que es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el cartel que agrupa a las ONG de origen marxista y a las católicas radicales pro marxistas.

El presunto tráfico de influencias busca condicionar a fiscales y jueces y fiscales para que resuelvan a favor de los casos patrocinados por las ONG que integran la CNDDHH, como el IDL y Aprodeh, que también ha incurrido en la misma práctica ilegal con sus “talleres de capacitación” para magistrados.

Preocupa igualmente que el presidente del sistema judicial para delitos de DDHH y terrorismo, doctor Ricardo Brousset, tolere y justifique el uso de la doctrina penal impuesta por la CNDDHH en esos tribunales, aún cuando viola la soberanía jurídica de nuestra nación y el Derecho Universal.

Al explicar la sentencia del caso Barrios Altos, Brousset reconoce que no se pudo aplicar el tipo penal de Lesa Humanidad porque los hechos ocurrieron en 1992 y el Perú ratificó su adhesión al Estatuto de Roma –que tipifica ese delito – el 2001; sin embargo, admite que sí se les aplicó la imprescriptibilidad de ese delito. ¿Cómo entender semejante contradicción? El magistrado tiene que explicarlo.

Repite además el discurso caviar que niega la posibilidad de indulto para los militares sentenciados por los excesos cometidos en la lucha contra el terrorismo – en los años 80 y 90-  “porque lo que se prohíbe en lesa humanidad es la impunidad”.

¡Como puede hacer semejante afirmación si él mismo reconoce que ese delito rige en el Perú desde el 2001! Solo un juez totalitario permite la aplicación retroactiva de la ley penal. Nadie puede hacer justicia pisoteando el Derecho.

De otra parte la Comisión de Justicia del Congreso de la República ha recogido la denuncia del presidente del TC y ha citado al presidente de la AMAG, doctor Manuel Sánchez-Palacios Paiva, para que explique por qué ese organismo ha contratado como docentes a abogados del IDL que son litigantes.

La investigación debería que ser ampliada a los responsables del Poder Judicial y del Ministerio Público, para que expliquen por qué permiten ellos que jueces y fiscales sean instrumentalizados por las ONG de izquierda.

El Congreso está obligado a investigar a fondo la instrumentalización política de la justicia, debe revisar los procesos promovidos por los miembros de la CNDDHH.

También debe solicitar al Ministerio Público y al Poder Judicial la relación de los magistrados que han asistido a los talleres de capacitación de Aprodeh, de los casos que les ha tocado conocer así como de las respectivas sentencias de los mismos.

En ninguna democracia del mundo se tolera que un estudio de abogados litigante adoctrine a fiscales y jueces que después verán los casos que aquel patrocina. Esta práctica inmoral y delictiva tiene que acabar ya en el Perú.

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