MEF pone en riesgo seguridad y defensa nacional

En medio de la batahola electoral y de la euforia por el merecido Nobel a Mario Vargas Llosa, ha quedado relegado el debate sobre el proyecto de ley de presupuesto general de la república 2011, una propuesta que, de ser aprobada tal cual, pone en riesgo la seguridad y la defensa nacional.

El proyecto, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cercena gran parte del presupuesto de la defensa y elimina el régimen especial de pensiones de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Es preocupante que se haya formulado la propuesta sin haber escuchado antes las opiniones del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Esto supone que el MEF ignora las políticas de estado en materia de defensa nacional, o las conoce pero no las entiende.

En un discurso que pronunció al ser condecorado por la Marina de Guerra, el ex ministro Rafael Rey reveló que decidió renunciar cuando conoció el proyecto de presupuesto del MEF para su Sector, pero no lo hizo porque tenía que defender los decretos contra la persecución penal a los militares.

Rey precisó que el MEF pretende que de los 850 millones de soles que se necesita para aumentar sueldos y financiar a la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), 771 sean tomados del presupuesto de Defensa: 651 millones de la partida de bienes y servicios, y 120 millones de la de remuneraciones, lo cual pone en riesgo la seguridad y la defensa de nuestro país.

El recorte de la primera partida obligaría a reducir los fondos para alimentación, a tal punto que estos alcanzarían para alimentar al personal militar sólo durante 23 días, a razón de S/. 6.2 por persona por día. Los fondos para uniformes alcanzarían apenas para atender al 16 % del personal, situación que obligaría a reducir el número de efectivos.

La reducción también impediría mantener los nuevos equipos y además tendría que cancelarse los programas de entrenamiento y capacitación del personal encargado de operarlos. Todo lo avanzado en materia de defensa en los últimos años se perdería.

De otra parte, el alto riesgo de vida y las restricciones que tienen los militares y policías por la naturaleza de su carrera hacen necesario que estén sujetos a un régimen especial de sueldos y pensiones. Ellos están a disposición del Estado las 24 horas del día.

A diferencia de los civiles, tienen limitados ciertos derechos constitucionales, como el de elegir su lugar de residencia, trabajar solo ocho horas al día, o realizar trabajos libremente por su cuenta.

El Estado garantiza el derecho a la vida y a la integridad física de todos los ciudadanos, pero los militares están obligados a morir en cumplimiento del deber cuando las circunstancias lo exijan.

El punto es cómo hacer para que el régimen salarial y pensionario de las FFAA y PNP no sea una carga económica excesiva para el Estado.

En lo que respecta a las remuneraciones, el Gobierno puede recurrir al Fondo de Contingencia del Tesoro para ejecutar el 2011 la nueva escala de haberes aprobada por la Comisión Especial de Alto Nivel que designó. Y para el futuro se debe crear un mecanismo de financiación, tal vez un porcentaje del canon minero o del gas, como ha propuesto el vicepresidente Luis Giampietri.

En materia de pensiones, el tema de la cédula viva quedó resuelto en 1975, cuando se creó la CPMP para que ésta, y no el Estado, se encargue del pago de las pensiones de los militares y policías.

La Caja debía invertir sus fondos y generar así las ganancias que le permitan pagar las pensiones, como lo hacen las AFP, pero hoy no tiene fondos para hacerlo, está quebrada.

Está en quiebra porque el Estado incumplió con depositar los aportes que le obliga la ley, y porque malos directivos se llenaron los bolsillos con el dinero de la Caja. La deuda del Estado asciende a S/.1.300 millones.

Si el Estado no puede honrar esa deuda por limitaciones fiscales, podría hacerlo con bonos que la Caja utilizaría para “palanquear” financieramente inversiones altamente rentables. Con las ganancias, la CPMP saldría de la quiebra, después honraría los bonos y se los devolvería al Estado.

La única carga que quedaría para el Estado sería el pago a los jubilados de la cédula viva, que están en extinción. Esto sería más manejable, y en un caso extremo podría fijarse topes a las pensiones más altas.

Por lo expuesto, el Congreso de la República debe rechazar el proyecto de presupuesto del MEF. Se debe solucionar el problema salarial y pensionario de las FFAA con criterio de justicia, pero siempre cautelando nuestra Defensa.

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