IMPUNIDAD TERRORISTA Y SILENCIOS CÓMPLICES

Legisló a favor de terroristas

La impunidad se repite en favor del terrorismo. El juez caviar Segismundo León ha excarcelado a la terrorista del MRTA Nancy Gilvonio concediéndole el beneficio de la libertad condicional sin considerar la gravedad del delito de terrorismo, y sin haber verificado si la criminal se ha regenerado. Él sigue el libreto que le ha inculcado Aprodeh.

Segismundo León ha hecho “méritos notables” al servicio de las ONG rojas, como la persecución a 22 marinos por la supuesta “matanza” de El Frontón (1986) o el acoso penal a miembros del Partido Aprista por los delitos del llamado “comando Rodrigo Franco”.

El terrorismo es considerado hoy el más atroz delito contra la humanidad. Cualquier juez independiente y con criterio de justicia habría denegado el pedido de libertad de Gilvonio. Pero León ha preferido ser fiel a la doctrina que aprendió de la ONG defensora del MRTA.

¿Qué dice esa doctrina? Que los terroristas son “luchadores sociales”, y que los del MRTA asesinaron, torturaron y secuestraron “por culpa de la dinámica de la guerra”. O sea, ¡para los terroristas sí hay atenuantes!

Gilvonio le debe su liberación a esa doctrina, consagrada por la fenecida Comisión de la Verdad con la complicidad de las ONG de la Coordinadora de DDHH.

Frente a esta injusticia no se indignan ni protestan Mario Vargas Llosa, la Corte IDH, García Sayán, los curas Bambarén y Cabrejos, la prensa toledista y la humanista; ni la izquierda caviar, sus aliados extranjeros y todos sus tontos útiles. Se callan, se ocultan, no dan la cara. Tienen una doble moral.

Si hubiese sido excarcelado un policía procesado o condenado por algún exceso en la lucha, aquellos estarían gritando a los cuatro vientos ¡impunidad, impunidad!, para que el defensor de la democracia sea regresado a prisión.

Esto no sucedería si los terroristas, policías y militares fuesen procesados por jueces independientes, pero ocurre lo contrario, estos procesos son vistos solo por fiscales y jueces “capacitados” en “talleres” de Aprodeh.

Esos magistrados se burlan de la Constitución al aplicarle a policías y militares el tipo penal de lesa humanidad y el tratado sobre la imprescriptibilidad de ese delito.

El Tribunal Constitucional ha resuelto, en febrero pasado, que ese delito, así como su imprescriptibilidad, rigen en el Perú a partir del 2003, pero el andamiaje judicial caviar desacata impunemente esta sentencia.

Además los delitos cometidos por miembros de las fuerzas del orden durante la lucha contra el terror tampoco califican como delitos de lesa humanidad. Por más crueles que hayan sido, esto no basta para calificarlos de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma.

El Estatuto dice claramente, en su Art. 24, que su aplicación no es retroactiva: “Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor”.

En vista de que los fiscales y jueces adoctrinados persisten en aplicar ese tratado de manera retroactiva, Rafael Rey propuso el Decreto Legislativo 1097, que impedía que aquellos acusen o juzguen como delitos de lesa humanidad los delitos cometidos antes del 2003.

Lamentablemente, el presidente Alan García le dio la espalda a Rey, a pesar de que el DL1097 era justo y constitucional. El chantaje mediático y político lo hicieron retroceder.

Por culpa de esa conducta pusilánime, hoy sigue vigente la impunidad total para los terroristas que desataron el baño de sangre que aún sufre nuestra patria, así como el abuso y la arbitrariedad penal para los hombres que defendieron la democracia con las armas.

Es la impunidad que impuso la izquierda caviar desde el 2000 aprovechándose de la ignorancia o mala fe de los gobiernos de Paniagua y de Toledo; es la impunidad que permite que dejen la prisión terroristas convictos y confesos sin haber cumplido su sentencia y sin haberse arrepentido. Ya salieron libres cerca de 4000.

La inicua legislación penal les reconoce a los terroristas el derecho a la semilibertad, la libertad condicional, la reducción de la pena por el trabajo, al indulto, el derecho de gracia, la conmutación de la pena, la amnistía, el debido proceso, el plazo razonable y la prescripción de la pena. Y les niega a la vez esos mismos derechos a los policías y militares.

Ancho para los criminales y angosto para quienes defienden a la democracia. Para asegurarse que esto sea así, crearon el sistema penal de “DDHH y terrorismo” que tiene la consigna de tratar a los uniformados como si fueran peores que los terroristas.

Víctor Poláy saldrá libre en unos 10 años o menos, mientras que el general Julio Salazar Monroe, condenado sin pruebas ni testigos en su contra, se morirá en la cárcel.

Víctor Zavala Cataño, Margie Clavo, Martha Huatay, Osmán Morote, Victoria Trujillo, Angélica Salas y Margot Liendo, miembros de la cúpula de Sendero Luminoso, han sido condenados a solo 25 años de cárcel, pese a que ordenaron cometer crímenes atroces. Morote, Liendo y Trujillo pueden salir pronto pues han pedido la libertad condicional.

Curioso: La cúpula senderista no fue juzgada por la masacre de la calle Tarata porque la Fiscalía “se olvidó” incluir la acusación, y a las ONG de “derechos humanos” no les interesó el caso ya que solo persiguen a los policías y militares.

Al general Andrían Huamán y a muchos oficiales y subalternos de las FFAA y PNP también quieren condenarlos a morir en la cárcel, o a cumplir largas penas sin beneficios penales, como si fuesen los responsables de la guerra sanguinaria que desató Sendero.

La excarcelación de Nancy Gilvonio es un caso más de impunidad para el terrorismo, una impunidad que agravia a la memoria de las víctimas del terror y a la dignidad de nuestra nación; y que nos ofende más cuando vemos cómo, de manera simultánea, son perseguidos penalmente quienes defienden la paz y la democracia.

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