Rey vuelve pronto… y recargado

Al llegar al ministerio de Defensa, hace 16 meses, Rafael Rey se fijo tres objetivos: levantar de sus escombros la capacidad operativa de las fuerzas armadas, frenar la ofensiva terrorista en el Valle Apurimac Ene (VRAE), y revertir la victoria jurídica del terrorismo sobre la democracia, convertida en persecución penal contra policías y militares.

La recuperación de la capacidad operativa de nuestras FFAA está encaminada gracias a que Rey concretó importantes adquisiciones, sin comisiones ilegales bajo la mesa, ni contratos amañados para favorecer a proveedores. Si no pudo adquirir más equipos no ha sido por falta de voluntad política del ministro, sino por razones económicas.

En el VRAE, los cambios que hizo han permitido que las tropas que defienden a la democracia pasen a la ofensiva. Ya no hay reclutas sin experiencia sino soldados profesionales bien entrenados y mejor armados, mejor comunicados, mejor alimentados, bien equipados.

Lo más importante fue que, después de  años,  esos hombres que ofrecen la vida por sus compatriotas se han sentido realmente apoyados por su ministro.

Lo que faltaba para completar el cambio es la protección legal del estado frente a la persecución penal promovida por las ONG que trafican con los derechos humanos, la cual es imposible de brindar sin revertir la derrota jurídica del estado frente al terrorismo.

Rafael Rey luchó hasta el último día de su gestión para darles esa protección. Para ello promovió los decretos legislativos relativos a la investigación penal de las acusaciones contra los policías y militares que luchan contra el terror.  Por hacerlo lo atacan de manera sistemática, a punta de mentiras, las ONG rojas y cierta prensa.

Los decretos fueron concebidos para restaurar la justicia policial–militar y su competencia para conocer los delitos de función de los miembros de las fuerzas del orden; y también para acabar con la jurisdicción absurda que  tienen los fiscales y jueces adoctrinados por las ONG izquierdistas sobre los soldados del VRAE.

También establecen que en las zonas declaradas en emergencia por la presencia de terroristas, la acción de las fuerzas del orden debe ser regulada por el Derecho Internacional Humanitario, que reconoce los delitos de función policial y militar, así como la competencia plena del fuero judicial respectivo.

Lamentablemente el gobierno ha claudicado en la defensa del Decreto Legislativo 1097, que aplica el Nuevo Código Procesal Penal a los procesos contra policías y militares, y aclara que la imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad rige a partir del 2003.

La anulación de este decreto a pedido del Ejecutivo hizo imposible le continuidad de Rafael Rey en el Gabinete.  Imposible porque la decisión injusta fue aprobada a sus espaldas, en una supuesta sesión ministerial a la que no fue invitado.

El gobierno siguió una línea sinuosa en este punto. Primero el presidente García y su ministro Víctor García Toma firmaron el decreto, después el segundo quiso cambiarlo con una exposición de motivos, luego quisieron modificarlo con una fe de erratas, finalmente el jefe de estado pidió que el Congreso lo derogara. Una comedia de errores patética.

El único coherente de principio a fin fue el ministro  Rey, quien en todo momento defendió la norma y sus alcances por ser justos y constitucionales.

Aparentemente el desenlace de este episodio fue precipitado por la renuncia de Mario Vargas Llosa al lugar de la memoria y por la presión caviar; sin embargo, algunos creen que quien habría maquinado todo sería el propio Alan García, con el fin de “quemar” a Rafael Rey.

Con toda su experiencia, dudo que Rey no se haya dado cuente de este riesgo. Lo más probable es que se la jugó sabiendo que valía la pena arriesgar si el margen de error sería acabar con la persecución injusta.

Para el grueso de los ciudadanos ha quedado la imagen de que el gobierno es débil ante la presión, lo que parece no importarle en absoluto al presidente. Para la izquierda ha sido un enorme placer ver la cabeza de Rey servida en bandeja de plata por los dos García, pero harían bien en recordar que en política no hay difuntos.

Rafael Rey ha salido más bien fortalecido ante su electorado fiel, y no renunciará a defender la causa que le impulsó a crear el DL 1097. Esta defensa, que él considera un deber, lo obligará a mantener un rol protagónico en la política, esta vez fuera del gobierno, aunque él no lo quiera. De manera que la celebración les durará poco a sus adversarios.

Un dato final. Apenas se enteró de la manera desleal en que Rafael Rey fue obligado a dejar el gobierno, un destacado oficial de la Marina me llamó por teléfono para decirme lo siguiente: “Ningún ministro de Defensa hizo lo que él (Rafael Rey) ha hecho por nuestras fuerzas armadas, y probablemente no habrá otro que lo haga, sea civil o militar”.

No tengo duda que esas palabras reflejan el sentimiento que embarga al sector más pensante y comprometido de los oficiales y suboficiales de nuestros institutos militares, tras conocer  la salida abrupta e injusta de Rey del Ministerio de Defensa.

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