Mentiras para ocultar persecución

Rey: Atacado injustamente

En una rueda de prensa, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) intentó negar los abusos que cometen algunos malos jueces y fiscales contra policías y militares, así como la persecución sistemática que ejecutan las ONG que conforman la CNDDHH contra quienes combaten al terrorismo.

Con argumentos falaces pretende confundir a la ciudadanía, pero los peruanos conocemos bien su posición pro terrorista y su antigua aversión a las fuerzas armadas.

La Coordinadora declaró a la prensa que no hay abusos contra quienes combaten al terrorismo, que quienes opinamos que sí los hay somos unos mentirosos, y que las denuncias judiciales que ella promueve contra policías, militares y ronderos son justas y están debidamente probadas. Sin embargo, una cosa son las palabras y otra es la realidad concreta. Así que dejemos que hablen los hechos, no la retórica. Veamos el caso “Desaparecidos de la Universidad Nacional del Centro”, uno de los “emblemáticos” entre las denuncias penales presentadas por las ONG que conforman la Coordinadora contra miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Los hechos se remontan al 5 de octubre de 1990, cuando Samuel Fernández Gómez denunció en la fiscalía de Huancayo la desaparición de su hijo Juan Fernández Gálvez, juntamente con su compañero de estudios. El padre no presenció los hechos, se enteró por otras personas a los que no quiso identificar. Alcides Coppa Taipe. La denuncia original dice que Fernández y Ccopa fueron secuestrados por dos sujetos de “porte militar y armados de fusiles”, en la cuadra tres de la Calle Real de Huancayo, los cuales se los llevaron caminando varias cuadras por esa arteria. Es raro que habiendo caminado por la calle más concurrida de Huancayo, delante de bancos y negocios vigilados, en pleno mediodía, ningún testigo los viera. Los dos testigos de cargo que presentó el Instituto de Defensa Legal (IDL) en el juicio, dos mujeres apellidadas Lozano y Mandujano, respectivamente, son “testigos indirectas”, o sea, tampoco presenciaron los hechos. Un dato curioso: ambas son empleadas de la ONG Aprodeh, amiga del IDL. Lozano dijo que Fernández y Ccopa fueron secuestrados por militares que se los llevaron en una camioneta amarilla, de placa OI-2946. ¿Cómo lo supo? Se lo contaron supuestos alumnos de la universidad de Huancayo a los que nunca identificó. Mandujano culpó a su ex enamorado policía, y dijo que éste se llevó a los desaparecidos en una camioneta verde de placa OI-2946. ¿Ella los vio? Tampoco, dijo que lo dedujo todo a partir de una noticia que leyó en el diario Correo. Un tercer testigo declaró que vio a los desaparecidos en un calabozo del cuartel 9 de Diciembre de Huancayo, en 1990, cuando fue detenido y recluido durante 48 horas en esa unidad militar. El punto es que ese testigo hizo esa declaración el 20 de febrero de 1992, cuatro días después de que Samuel Fernández ya había retirado su denuncia e informado a la Fiscalía que había encontrado a su hijo, en el penal “Miguel Castro Castro” de Lima, donde estaba preso por terrorismo. Finalmente, se probó que la placa OI-2946 no pertenecía a un vehículo de la Policía, ni del Ejército, sino de la empresa Electrocentro: Una camioneta de color rojo. Como era de esperar, el tribunal que juzgó el caso valoró todas estas groseras contradicciones, así como la ausencia de testigos e indicios coherentes, y sentenció absolviendo a los acusados, los generales Manuel Delgado y Elías Espinoza. Se hizo así justicia, y sin embargo el IDL ha apelado la absolución, ha puesto en duda la calidad del tribunal, y presiona ahora para que la Corte Suprema condene a los dos en la última instancia. Esta es la clase de “justicia” que promueve la CNDDHH. Más mentiras Pero el caso de los dos generales absueltos no es la única mentira que lanzó la CNDDHH en su conferencia de prensa reciente. Estas son otras que divulgó: 1. “No hay persecución porque el total de militares procesados es ínfimo, son solo 328”. 2. “Hay persecución solo contra aquellos militares violadores de derechos humanos, asesinos”. 3. “No hay abusos en la administración de justicia, el 85% de los militares acusados ha sido absuelto”. 4. “Reconocemos el valor de quienes, con la ley en la mano, combatieron al senderismo y al MRTA en los años de violencia política”. 5. “Queremos jueces imparciales e independientes y que se ratifiquen en las decisiones, no queremos que nos regalen nada”. El ministro de Defensa, Rafael Rey Rey, ha respondido de manera clara, precisa y contundente, una por una, todas esas falsedades. Veamos: 1. Hay 755 militares denunciados ante el Poder Judicial y el Ministerio Público. Solo el 2009 se registraron 30 denuncias. Si a esa cifra le sumamos unos 350 policías y ronderos en la misma condición, son más de mil los judicializados por las ONG que integran la CNDDHH. 2. Sí hay una persecución generalizada, porque la CNDDHH acusa no solo a los autores de los excesos sino a todos los miembros de sus respectivas unidades militares, enlodando a inocentes. Pregonan por el mundo que las FFAA del Perú son una “organización criminal”, por eso las acusan ilegalmente de delitos de lesa humanidad. Siempre ha acosado a los que luchan contra al terrorismo, lo hacen hoy en el VRAE tal como lo hicieron antes en Ayacucho. 3. Es verdad que en el último año el 85% de los militares acusados por la Coordinadora ha sido absuelto, pero eso no quiere decir que no haya abusos de parte de algunos malos jueces y fiscales. Los hechos lo demuestran: Lori Berenson sale libre y el coronel Juan Gonzales es denunciado; a Abimael Guzmán lo acusan una sola vez, al general Adrián Huamán muchas veces; a Víctor Polay lo condenan a 32 años, al general Julio Salazar a 35 años; a los terroristas les dan beneficios penales, a los militares no. 4. Si reconocen el valor de nuestros combatientes, entonces ¿Por qué persiguen hoy a quienes combaten en el VRAE y en el Huallaga como si fuesen criminales? ¿Por qué le dicen al mundo que nuestras FFAA actúan como una organización criminal cada vez que ellas se enfrentan al terrorismo? ¿Valorar a nuestras FFAA es defender al MRTA en Europa, acusar a los comandos de Chavín de Huántar en la Corte Interamericana, aprobar la excarcelación de terroristas y ocultar los abusos judiciales a los militares? 5. La CNDDHH dice que desea jueces imparciales; sin embargo, les exigen que fallen solo a favor de ella, y los amenaza con atacarlos con su aparato mediático si no lo hacen. Es un chantaje decir que los jueces son imparciales e independientes solo cuando fallan a favor de la Coordinadora. Las ONG de izquierda no toleran que algunos jueces hayan rectificado el camino errado que anduvieron antes y que hayan empezado a sentenciar con justicia, por eso los amenazan. Las ONG zurdas no toleran que se diga la verdad, por eso están en campaña para que el ministro Rey sea apartado del Gabinete Ministerial. Están desesperados y angustiados porque la ciudadanía se está dando cuenta de las injusticias que la CNDDHH ha promovido durante toda esta década por intereses políticos. Atacan a Rey acusándolo de ser defensor de “violadores de derechos humanos”, a sabiendas de que el ministro está defendiendo principios, no personas. En el caso Rivero Lazo, Rey ha señalado una injusticia enorme: está preso sin sentencia casi diez años, lo cual es una violación de los derechos humanos que la CNDDHH oculta y justifica. A Huamán lo han abrumado de denuncias penales siendo inocente de los excesos en los que pretenden involucrarlo, y a Salazar lo han condenado sin una sola prueba y ningún testigo que lo impliquen, aplicándole leyes que no estaban vigentes. La CNDDHH están en campaña desde hace años que los tres generales sean declarados culpables de facto, pero su palabra no vale nada, pues solo el Poder Judicial puede sentenciar la culpabilidad o inocencia de las personas. Por fortuna, los vientos de justicia parecen estar regresando al Poder Judicial. Así lo indica la absolución de los generales Delgado y Espinoza. Le toca ahora al Ministerio Público seguir el ejemplo y actuar conforme a ley denegando las denuncias de “lesa humanidad” contra nuestros defensores contra el terrorismo. Que prevalezca la justicia, solo eso pedimos los demócratas, nada más.

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