¿Por qué liberan terroristas y persiguen a militares?

La pregunta que se han hecho los peruanos en las últimas semanas, embargados por la indignación al ver libre a la terrorista Lori Berenson y perseguido al coronel Juan Gonzales Sandoval, es la siguiente: ¿Por qué ocurren estas dos situaciones? ¿Qué ha pasado para que se produzcan hechos así?

La pregunta sí tiene una respuesta, pero pocos medios se han atrevido a analizar a fondo el tema, porque aquella es incómoda para ciertos sectores políticos que permitieron que el país llegara a la situación que hoy nos espanta y repugna a la vez.

La génesis del problema está en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), más precisamente en el capítulo 4, titulado “La dimensión jurídica de los hechos”. Allí, la CVR sostiene que el Estado democrático ejecutó entre 1980 y 1990 una política de violación sistemática e indiscriminada de los derechos humanos contra poblaciones civiles indefensas, y como consecuencia de ese razonamiento tipifica los excesos cometidos por policías y militares en la lucha contra el terrorismo como crímenes de lesa humanidad. Hecha la tipificación, la CVR plantea, como si fuese una exigencia de la Constitución, que aquellos excesos tienen que ser procesados aplicándoles a los policías y militares el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Penal Internacional y el Derecho Humanitario, según sea el caso. Esta exigencia también figura en las Recomendaciones finales del informe. Después del informe, la CVR creó un grupo de “seguimiento” conformado por ONGs que se encargarían de hacer que se cumplan las recomendaciones del informe. Fue así como, el año 2002, la ONG Aprodeh tomó contacto con el Centro Internacional de Justicia Transicional (CIJT), una ONG estadounidense radical, y con la complacencia del gobierno de Alejandro Toledo, desarrollaron una estrategia destinada a perseguir judicialmente y condenar a duras penas a los militares acusados de criminales de lesa humanidad. La estrategia consistió en montar “Talleres de Capacitación” para periodistas, policías, funcionarios del Sector Justicia, fiscales y jueces, en los cuales se les inculcó las recomendaciones de la CVR en materia judicial como si estas tuviesen carácter vinculante para las instituciones del Estado peruano. Para ello, trajeron a “expertos” extranjeros y distribuyeron abundante material impreso. No faltaron los regalos y los almuerzos o cenas, ni tampoco algunos viajes al exterior. Cerraron así el círculo completo prensa- policía- fiscales- jueces. Los periodistas quedaron convencidos que los uniformados eran criminales y que el informe de la CVR era verdad absoluta, y los policías aprendieron a hacer atestados policiales tomando como referencia el informe de la CVR. Los fiscales fueron instruidos para hacer sus acusaciones citando como prueba irrefutable el mismo informe, en muchos casos sin hacer investigaciones preliminares; y los jueces fueron adoctrinados para juzgar a los inculpados bajo el marco jurídico especial fijado por la misma CVR. En contraste, el documento de la Comisión de la Verdad sostiene que los terroristas actuaron impulsados por motivaciones sociales, o sea son luchadores sociales equivocados, y además, por no ser agentes del Estado, no se les puede acusar por violaciones de derechos humanos. Es decir, la CVR estableció atenuantes para los terroristas, por eso estos han recibido penas blandas en comparación con las aplicadas a los uniformados. Por esta misma razón, a los terroristas les dieron derecho a recibir todos los beneficios penales (D.L 927, que benefició a Lori Berenson), les flexibilizaron el régimen carcelario y con frecuencia les resuelven sus recursos legales con prontitud y diligencia. A los militares, en cambio, se los rechazan de plano casi siempre. Como lo he mencionado antes, los casos más ilustrativos son los de los generales Julio Salazar Monroe y Adrián Huamán Centeno. Al primero lo condenaron a 35 años de cárcel, mientras que a Víctor Polay a solo 32. Después, para acallar el escándalo, a éste le aumentaron a 35 años (se negaron a darle cadena perpetua) y a Salazar se la bajaron a 25, pero aún así el cabecilla del MRTA saldrá de prisión antes que el general, cuando cumpla los 27 ó 28 años, porque tiene beneficios penales. Por el contrario, a Salazar le negaron el derecho a fundir las penas que pesan sobre él y como consecuencia de ello tendrá que cumplir 25 años más los ocho que lleva preso, es decir, 33 años, pero como tiene hoy 76 años de edad, lo más probable es que se muera estando tras las rejas, pues su estado de salud no es bueno. Al general Huamán lo acusan de alrededor de 20 crímenes porque según la doctrina impuesta por la CVR, las fuerzas armadas actuaron como una organización criminal. A Abimael Guzmán, en cambio, le hicieron un solo juicio, como si no tuviese responsabilidad sobre todos los crímenes que planeó y ordenó. ¿Quién resulta en los hechos “más criminal”? A partir del 2001, la comunidad mundial ha tipificado el terrorismo como el más atroz de los delitos contra la humanidad; sin embargo, en el Perú nuestra justicia se ha puesto de espaldas a este nuevo estándar de defensa de los derechos humanos frente a los ataques terroristas. Uno de los abusos más clamorosos contra nuestros policías, ronderos y soldados, como lo ha hecho notar el ministro Rafael Rey, es que se les aplica de manera retroactiva leyes penales que les perjudican, yendo en contra del debido proceso y de las garantías fundamentales del estado de derecho. Por otra parte, se han escuchado en los últimos días voces que dicen que se ha creado una sicosis ciudadana absurda y que los peruanos debemos reconciliarnos con los terroristas, dando entender implícitamente que estos son buenas personas y que la ciudadanía tiene prejuicios injustificados frente a ellos. “La sociedad peruana no está preparada para convivir con los presos por terrorismo que salen libres”, han dicho. ¿Cómo podría una sociedad prepararse para convivir con fanáticos asesinos? ¿Para ser “civilizados y correctos” debemos aceptar esa convivencia que amenaza la vida de nuestros hijos y nuestra libertad? ¡Por favor! Aquellos que dicen que es normal que haya terroristas y que debemos aceptarlos deberían ser consecuentes y marcharse a vivir al VRAE o al Huallaga. Es extraño que el magistrado Carlos Mesía haya dicho las leyes que permitieron vencer al terrorismo en los años 90 “fueron perjudiciales y beneficiaron (a los terroristas) al ponerlos como víctimas”. Es contradictorio sostener que esas normas favorecieron a los terroristas cuando más bien permitieron vencerlos y encarcelarlos. Tal vez lo que quiso decir Mesía es que hubo excesos en esa legislación, y que fue necesario corregirlos, pero estuvo mal como se hizo la corrección. Cuando la Corte Interamericana falló pidiendo la anulación de esas leyes, el Tribunal Constitucional y el Gobierno de Paniagua debieron responder que acataban el fallo pero lo cumplirían de manera gradual hasta que el Perú tuviera una nueva legislación firme contra los terroristas. Así se hubiese evitado las excarcelaciones. Pero no, hicieron lo peor: aplicaron cándidamente la sentencia de la Corte IDH y ahora vemos las consecuencias: Más de 3,000 terroristas confesos liberados. Como vemos, el caso Berenson es solo la punta de un iceberg gigantesco de injusticia. La CVR implantó la Ley del Embudo en el Poder Judicial y el Ministerio Público: lo ancho para los terroristas y lo angosto para los policías y militares. Un hecho que tenemos que tomar en cuenta es que toda esta política para favorecer al terrorismo fue aprobada desde el 2001 con el consentimiento de las fuerzas políticas democráticas, y tolerada por éstas hasta hace poco tiempo. Sin ese respaldo jamás hubiesen sido aprobadas las leyes nefastas que han permitido que los terroristas abandonen las prisiones. Es probable que esos partidos políticos hayan obrado de buena fe, creyendo que estaban contribuyendo a que el Perú adoptara estándares modernos de defensa de los derechos humanos, pero la realidad nos demuestra hoy que fueron engañados. Ellos tienen ahora la oportunidad de corregir aquel grave error que ha puesto en riesgo a la seguridad nacional. Así como apoyaron las medidas nocivas, hoy deben tomar la decisión política correcta y dejar sin efecto las anteriores. Deben aprobar leyes que tipifiquen los excesos militares como lo que fueron cuando se produjeron: delitos comunes; que ordenen que se aplique nuestro Derecho Penal a los acusados, y que los fiscales verifiquen las denuncias de la CVR, y que los terroristas sean juzgados y sancionados como criminales de lesa humanidad. Leyes que ordenen la revisión de las sentencias impuestas a nuestros policías y militares condenados por delitos de lesa humanidad, por no corresponder esa tipificación a la verdad histórica ni a la legislación peruana. El Congreso está obligado a hacer respetar nuestra soberanía jurídica, que está reconocida en todos los tratados internacionales, inclusive en aquellos invocados por la CVR; y también el principio de la irretroactividad de las leyes penales que perjudican a los reos. La solución a la injusticia que hoy escandaliza a los peruanos es política, está en manos de nuestras autoridades y dirigentes políticos del Ejecutivo y el Legislativo, a estos les toca reivindicarse y enmendarse del error que cometieron entre el 2001 y el 2006.

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2 comentarios en “¿Por qué liberan terroristas y persiguen a militares?

  1. Totalmente de acuerdo con lo escrito anteriormente. Realmenete me gustaría ver que se muden esos señores defensores del terrorismo al VRAE o al Huallaga. Nunca sucederá, están acostumbrados a todas sus gollerias citadinas.

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