Se reaviva crisis militar-policial por sueldos miserables

Pasado el efecto aspirina de la “asignación extraordinaria” de mil soles que otorgó el gobierno, en febrero pasado, a un sector de las fuerzas armadas y la Policía Nacional, la crisis se ha reavivado, atizada por la formación de una comisión de alto nivel encargada de reestructurar los sueldos y pensiones congelados desde hace 20 años.

El mal humor se ha propagado como pólvora encendida en las filas castrenses y policiales porque el gobierno ya había creado el año 2007 otra comisión con ese mismo objeto, lo cual lleva a pensar, con justa razón, que el Ejecutivo parece haber recurrido de nuevo a la “mecedora”.

El gobierno parece tener una fascinación suicida de jugar con fuego, de estirar la cuerda al máximo, para improvisar luego salidas paliativas, tal como lo hizo en febrero último, cuando sacó debajo de la manga la “aspirina” de los mil soles para evitar una huelga militar y policial que se veía inminente.

Pasado el efecto del paliativo, ha quedado solo el aumento irrisorio de 200 nuevos soles, que ha generado un resentimiento generalizado.

Pero si este incremento ridículo ha exacerbado los ánimos de los militares y policías, la decisión de darle un plazo de seis meses a la comisión encargada de resolver el problema de fondo ha desatado una cólera colectiva.

La mayoría de los uniformados cree que es una coartada para postergar de manera indefinida la solución del problema, pues no hay razón para que el trabajo tarde seis meses cuando existe un estudio completo desde el 19 de diciembre del 2007, cuando fue entregado por la entonces viceministra de Recursos para la Defensa del actual gobierno Nuria Sparch Fernández.

Dicho estudio, presentado por el entonces ministro Ántero Flores-Aráoz, recibió el apoyo de todas las organizaciones representativas de las FFAA y PNP, y fue expuesto el 30 de abril del mismo año a los altos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.

Según esta propuesta, la nivelación de los haberes se haría de manera gradual en cinco etapas, en las que el personal militar y policial recibiría aumentos anuales de 30%, 20%, 20%, 20% y 10%, respectivamente.

En cuanto a las pensiones, el proyecto considera aumentar de 6% a 17% el aporte del estado a la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), de 6% a 10% el aporte del personal en actividad, y de 6% a 10% el de los retirados, también en cinco etapas anuales.

El ministro de Defensa, Rafael Rey, conoce esta realidad y por eso, según ha trascendido en ese Sector, le ha pedido a la comisión de alto nivel que entregue su informe final antes del plazo de seis meses.

La iniciativa de la ex viceministra Sparch naufragó en su momento por la oposición cerrada del entonces titular del MEF Luis Carranza, y por el poco apoyo que recibió de parte del presidente Alan García.

La ministra Mercedes Aráoz, según sabemos, tiene una posición menos inflexible al respecto y estaría dispuesta a aprobar al nuevo sistema de remuneraciones, tal vez con ajustes en los plazos, pero le daría luz verde.

Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes (Adogen), teniente general FAP (r) Arnaldo Velarde Ramírez, ha lanzado una alerta preocupante: Si no se aumentan las remuneraciones, la CPMP se desplomará indefectiblemente en unos pocos años.

Una proyección matemática hecha por Adogen ha permitido establecer que dentro de ocho años la CPMP tendrá que atender a 50 mil nuevos pensionistas que, sumados a los 33,438 actuales, sumarán un total aproximado de 80 mil pensiones a pagar.

Si la Caja apenas puede pagarle hoy a 33 mil pensionistas, es obvio que, de continuar la situación actual, cuando aquellos aumenten a 80 mil esa entidad simplemente colapsará.

Por si fuera poco, el general Velarde ha alertado que los 203 millones de soles que entregó el gobierno el año 2008 a la CPMP, para cubrir el déficit existente y salvarla de la quiebra, se acabará en mayo o junio del 2011.

La solución definitiva a la crisis permanente de la Caja es que el estado honre la deuda de 1,100 millones de soles que tiene con la CPMP, pero esto es inviable porque la economía del país no lo permite.

La alternativa que propone Adogen es aumentar ya las remuneraciones y pensiones para que así se incremente el aporte individual de los miembros de las FFAA y PNP a la Caja, que actualmente es el 6% de un sueldo miserable.

La iniciativa incluye además el compromiso de los militares y policías retirados que no pertenecen a la CPMP de contribuir con un aporte mensual a esa entidad, como una contribución solidaria en favor de sus camaradas.

Otra opción interesante, planteada por un oficial retirado, plantea que el Estado pague su deuda no con fondos de la caja fiscal sino con bonos públicos, soberanos y otros, para no desfinanciar el presupuesto.

Según esta propuesta, la Caja podría colocar esos bonos en mercados internacionales para obtener recursos que le permitirían financiar la ejecución de proyectos de alta rentabilidad, con lo cual aquella podría recuperar inclusive más de lo que le adeuda el estado.

En cualquier caso, es urgente que el gobierno solucione cuanto antes el problema remunerativo y pensionario que analizamos. Es injusto que un sector que cumple una misión tan delicada en defensa de la nación, exponiendo la vida, siga siendo maltratado de esa manera.

El problema tiene que ser resuelto por la seguridad de la nación, pues los sueldos miserables han provocado el retiro de valiosos oficiales que se han visto obligados a renunciar para poder darle una vida decorosa a sus familias, debilitándose así, peligrosamente, nuestros institutos armados.

Esta injusticia amenaza además a la unidad nacional, que corre el riesgo de fracturarse a causa del resentimiento profundo de los militares y policías hacia la clase política, una inquina que podría ser capitalizada por los enemigos de la democracia y de la libertad.

El presidente Alan García ha alimentado ese rencor con la indiferencia que exhibe frente a los actos heroicos que protagonizan quienes combaten al terrorismo. García ha ido al valle Apurimac Ene (VRAE) para inaugurar obras, pero no para estrechar las manos de los soldados y levantarles la moral.

He escuchado a policías y militares quejarse con razón porque el jefe de estado izó la bandera en palacio de gobierno y declaró duelo nacional cuando murió el Arturo “Zambo” Cavero, pero no asistió al velorio de los oficiales de la FAP que murieron por esos mismos días en el VRAE, abatidos por terroristas.

Tampoco asistió a la ceremonia de aniversario de la operación Chavin de Huantar, pero sí se dio tiempo para recibir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inaugurar el pro terrorista del Lugar de la Memoria, y visitar a los tenores Juan Diego Flores y Plácido Domingo.

Estos gestos y la aparente intención de García de aplazar otra vez la reforma remunerativa han suscitado en un sector amplio de los uniformados la percepción de que el presidente los desprecia.

Esta percepción está despertando el viejo militarismo antiaprista, que tanto dañó al Perú el siglo XX, al punto que un grupo de oficiales ha decidido promover una romería al mausoleo de los militares muertos en la Revolución Aprista del 7 de julio de 1932, en la que se asaltó el cuartel O’Donovan.

La credibilidad del presidente tiene poco crédito entre los uniformados desde el 19 de julio de 1990, cuando firmó el Decreto Supremo 213 que aumentó los sueldos de los militares, a sabiendas de que el nuevo presidente no iba a poder pagar ese aumento porque no había dinero. Este episodio es digno de una antología de la irresponsabilidad política y la demagogia.

Alan García tiene ahora la oportunidad de recuperar el crédito, para lo cual solo necesita recordar que es el jefe supremo de las FFAA y PNP y que, como tal, tiene el deber de preocuparse por el bienestar y la dignidad de sus hombres, y por liderar la lucha contra el terrorismo. ¿Lo hará? Ver para creer.

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