La dictadura mediática no debe imponerse a la democracia

El congresista Walter Menchola ha acertado al alertar a la ciudadanía acerca del peligro que representa para la democracia que un solo cartel empresarial, el grupo El Comercio – La República, concentre a un conjunto de medios de comunicación que maneja casi el 50 % de la información del país.

Menchola ha dicho bien que la Constitución de la República prohíbe el monopolio y el abuso de la posición de dominio, especialmente por parte de las empresas propietarias de medios de comunicación social.

Lo dice así en su Artículo 61: “El Estado  facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios”.

“La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y en general, las empresas, bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio, ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del estado ni de particulares”.

Es evidente que el grupo mediático toledista no tiene el monopolio sobre los medios de comunicación social, pero sí practica el abuso de posición de dominio al concertar la orientación política de los medios que controla de modo tal que estos no tienen la posibilidad de ejercer cada cual la libertad de prensa.

Supuestamente los diarios de La República están a la izquierda de los de El Comercio, pero en realidad todos ellos actúan de manera concertada siguiendo una sola línea política que se resume en imponerles a las autoridades del país la voluntad de los dueños del cartel y los amigos de éste.

Esto es peligroso porque las autoridades elegidas por el voto popular deben responder a la voluntad ciudadana, no a la de unos cuantos dueños de medios de comunicación poderosos. Cuando esto ocurre la democracia se desvanece y da lugar a una dictadura de facto, en este caso una mediática.

En la última década hemos visto como buena parte de los principales cargos públicos han sido ocupados por personas “promovidas”, o mejor dicho impuestas por presión de ese grupo mediático.

El más reciente episodio de abuso de poder de El Comercio – La República lo hemos visto en el caso Crousillat, en el que con una campaña mediática empujó al gobierno pusilánime a matar la institución constitucional del indulto, solo porque éste era inconveniente a dicho grupo.

De la misma manera logró que el ex ministro Pastor fuese apartado del Ejecutivo solo porque opinó que el Congreso debía investigar al ex presidente Alejandro Toledo por presunto tráfico de influencias en la venta del Canal 4 al grupo mediático de marras.

Con presión abierta ese poderoso cartel mediático ha logrado además que abogados amigos de sus aliados el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Transparencia sean finalistas en la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, tras haber lanzado una campaña sucia contra el único constitucionalista en la competición, Raúl Chanamé Orbe.

Hemos llegado a una situación tan grave que los más altos magistrados y otros altos cargos del estado ya no son elegidos libremente por el Congreso de la República o por el Consejo Nacional de la Magistratura, sino por un grupo mediático que impone su voluntad mediante una presión sistemática a los congresistas o consejeros de la magistratura.

La arrogancia de este grupo no tiene límites. Hace unos días, como cabeza de la asociación privada Consejo de la Prensa Peruana (CPP) acaba de sentar al Perú en el “banquillo de los acusados” de violar la libertad de prensa en el continente americano.

Ante la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), dicho grupo acusó al gobierno peruano de estar comprometido en un supuesto complot para cercenar la libertad de prensa, solo porque el ministro Pastor pidió que se investigara la presunta venta ilegal del Canal 4.

No me interesa defender al gobierno, tampoco soy aprista. Como periodista independiente rechazo la patraña urdida por el CPP en la SIP porque se basa en mentira enorme y daña la imagen del Perú.

Kela León, funcionaria del CPP, expuso ante los dueños de diarios de América un “informe de la situación de la libertad de prensa en el Perú”. ¿Con qué legitimidad, con que autoridad? Solo con la que le confieren el poder del dinero y el control de los medios.

Ella dijo lo siguiente: “Las preocupantes declaraciones de las altas autoridades del Poder Ejecutivo alertaron sobre la presunta, y hoy relativamente despejada, intención del gobierno del presidente Alan García de interferir en los asuntos privados de un medio de comunicación”.

¿Investigar la evidente intromisión política de Toledo en la venta de Canal 4 es interferir en asuntos privados de un medio de comunicación? ¿Indagar si hubo extorsión a Eugenio Bertini, si hubo tráfico de influencias en Indecopi por parte de César Almeyda son asuntos privados? ¿Qué tiene de privado aclarar si Toledo presionó a favor de los actuales dueños del Canal 4?

Este es un problema de violación de la libertad de prensa, pero por parte de Toledo y de un grupo empresarial que se habría apropiado ilegalmente de un canal de televisión valiéndose del favor político, de la extorsión judicial y del tráfico ilícito de influencias. ¿Acaso esto no merece ser esclarecido?

La prensa es libre de fiscalizar, opinar, sugerir o denunciar. El problema surge cuando lo hace en función de sus propios intereses, no en defensa de los valores democráticos, ni de la salud moral del país.

Si la prensa es el Quinto Poder de facto, bien por ella, pero el sistema democrático de basa en el equilibrio de poderes, lo cual supone que ninguno de estos puede imponerse sobre los demás.

Cuando un poder les impone su voluntad a los otros y al resto de la sociedad, se quiebra el equilibrio e ingresamos a una dictadura. Es lo que está ocurriendo.

El punto es que todo poder mediático responde solo al poder económico que lo sostiene, mientras que los poderes públicos sí son legítimos porque surgen de la voluntad popular y del marco constitucional democrático.

Los ciudadanos no le hemos delegado facultades a la prensa para que ejerza poder político, por tanto no puede decidir quien debe ser ministro o magistrado del TC, de la Corte Suprema o del Ministerio Público, ni tampoco jefe o presidente de los organismos públicos.

Para eso hemos elegido al presidente de la república y a 120 congresistas, quienes, actuando en el marco de la Constitución, son los únicos facultados para elegir o designar a los más altos funcionarios de los poderes públicos: Electoral, Judicial, Ejecutivo y Legislativo.

Informar y opinar está bien, pero presionar de manera concertada para imponerle condiciones al estado democrático es muy grave, es corroer las bases mismas de la democracia.

Con coraje que merece ser reconocido, el congresista Menchola ha puesto el dedo en la llaga al afirmar que este es un problema “que como país hay que enfrentarlo porque si no estaríamos cambiando mocos por babas”.

“No hemos enfrentado aquel grave problema (la red de Montesinos) para que después nos demos el lujo de entregar la comunicación del país a una sola familia”, añadió.

El parlamentario admitió que abordar el abuso de la posición dominante del grupo El Comercio – La República genera temor en los congresistas y políticos, pero advirtió que “sería una cobardía no alertar del problema a la opinión pública”. ¿Empiezan a romperse los diques de miedo?

Las declaraciones valientes de Menchola, que se suman a las del ex ministro Aurelio Pastor, nos dicen que el problema ya está planteado, la idea ya está en las mentes ciudadanas. Solo es cuestión de tiempo para que ocurra un desenlace a favor de la democracia.

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