Cuidado con la reestructuración de las FFAA y la PNP

Mediante el Decreto de Urgencia 014-2010 el gobierno creó una Comisión de Alto Nivel que, en un plazo de 180 días, deberá presentar una propuesta de reestructuración integral de las fuerzas armadas y de la policía, incluyendo sus respectivos sistemas de renumeraciones y de pensiones.

Dicha comisión la preside el presidente del Consejo de Ministros y la integran el ministro de Defensa, Rafael Rey; el de Interior, Octavio Salazar; y la de Economía y Finanzas, Mercedes Aráoz.

De acuerdo con las doctrinas modernas de la Defensa, la comisión debería fijar primero los objetivos de nuestra defensa (a partir de objetivos nacionales), para poder establecer qué clase de FFAA y PNP necesita el país para alcanzar tales metas.

Pregunto: ¿Alguna vez el actual gobierno, o los anteriores han definido dichos objetivos y han comprometido en ellos a los ciudadanos?

Más allá de declaraciones genéricas, que yo sepa, no existen tales objetivos. El ex presidente Fujimori dijo que su meta era convertir al Perú en el “jaguar” de América, igual a los “tigres” del sudeste asiático, y estableció las bases que nos han encaminado en ese rumbo, pero hasta allí nomás llegó.

El gobierno de Alejandro Toledo tampoco definió metas nacionales, mientras que el actual presidente, Alan García, se ha quedado igual en un mero enunciado (“vamos a competir con Chile”), sin delinear tampoco objetivos claros para la nación.

Bajo este marco la pregunta cae por su propio peso: ¿Que objetivos están orientando la nueva reestructuración en marcha de las FFAA y la PNP?

Es el segundo proceso se reforma en una década, pues Valentín Paniagua y Toledo ejecutaron otro ideado por el izquierdista Instituto de Defensa Legal (IDL), que tuvo por objeto “democratizar” y “moralizar” los institutos castrenses y policiales.

Ese proceso fracasó pues diez años después las FFAA están discapacitadas, desprotegidas y desmoralizadas, en tanto la PNP ha devenido en un ente ineficiente y con mayor corrupción.

El desafío es revertir esa situación y para ello se debe establecer políticas de defensa en función de los riesgos y amenazas vigentes: enfrentamos un diferendo limítrofe con Chile, Bolivia tiene una actitud agresiva y es armada por Venezuela, el terrorismo vuelve con fuerza, el narcotráfico ha crecido, nuestro mar es invadido por piratas de la pesca y de la droga, y los desastres naturales están siempre al acecho.

En este contexto, el proceso iniciado por la comisión de Alto Nivel debe lograr que las fuerzas armadas y la PNP sean entidades renovadas, eficientes y modernas, capaces de enfrentar, neutralizar o eliminar los riesgos y amenazas señalados.

El mayor problema es que el proceso se da en una economía que crece pero que aún no tiene la capacidad suficiente para atender la enorme demanda social existente. No obstante, la dimensión de los riesgos y amenazas que enfrenta el país demanda que el Ejecutivo haga un esfuerzo fiscal.

Una alternativa de financiación es el canon temporal propuesto por el congresista Luis Giampietri, que está encarpetado en el Congreso de la República por falta de voluntad política y por la resistencia de algunos gobiernos regionales como el de Cuzco, región que sufrió hace poco una gran destrucción precisamente porque nuestro país carece de un sistema de defensa nacional bien equipado.

No solo equipamiento

La duda radica en que en casi cuatro años este gobierno poco o nada ha hecho por la defensa, ni siquiera ha reglamentado la ley del uso de la fuerza, nuestros policías y soldados están desamparados legalmente, a merced de las ONG rojas que persiguen a nuestros uniformados con el pretexto de los derechos humanos.

La esperanza se sustenta en que tenemos hoy al mejor ministro de Defensa de los últimos diez años. Rafael Rey se ha enfrentado a los enemigos de la democracia que atacan a las fuerzas del orden y ha demostrado que cuando se traza un objetivo lo cumple de manera eficiente. Así lo hizo cuando fue ministro de la Producción.

En la gestión de Rey se ha empezado a reequipar a nuestras fuerzas armadas, aunque con una dura resistencia del ministerio de Economía y Finanzas. Ha desatado viejos nudos de manera expeditiva y ha encaminado las adquisiciones más urgentes para recuperar un nivel mínimo de operatividad de nuestras capacidades militares.

Pero el problema no estriba solo en el equipamiento, también es urgente destinar fondos para el entrenamiento y capacitación de nuestros oficiales, pues de nada nos sirve tener equipos nuevos sino estamos en condiciones de operarlos bien.

Igual de perentorio es elevar la moral de los profesionales de la defensa poniendo fin al maltrato sistemático que han sufrido en la última década, sobre todo en materia de remuneraciones. El último aumento efectivo que tuvieron fue en 1991, cuando se les otorgó la bonificación por concepto de combustible.

Antes de ejercer su actual cargo, Rafael Rey hizo reiteradas invocaciones al gobierno para que se sincere y mejore los sueldos de los miembros de las fuerzas armadas y de la PNP, que son francamente indignos.

Las características de la profesión militar exigen que los uniformados reciban sueldos decorosos y tengan además un seguro de vida que les permita trabajar con la tranquilidad de tener asegurada a su familia en caso de deceso o de discapacidad, riesgos permanentes en la carrera.

Ellos están a disponibilidad plena de sus comandos las 24 horas del día, los 365 días del año, por tanto no tienen horario fijo, son cambiados de lugar de residencia en cualquier momento, no tienen vacaciones regulares, sus hogares son itinerantes, etc. Estas son solo algunas de las peculiaridades de la profesión.

Sueldos y pensiones

Aunque suene irreal, el Sueldo Básico de un general es hoy de 0.07 nuevos soles, monto al que se suman otros pagos ínfimos como 17.83 soles por riesgo de vida, 5.94 soles por alta especialidad, o 136.53 soles por dedicación exclusiva. Es increíble que esto ocurra en pleno Siglo XXI, pero así estamos.

Si ello sucede con los oficiales de la más alta graduación, imagínese usted, amigo lector, en que condición se encuentran los oficiales de menor rango.

La situación es tan crítica que las deserciones del personal militar han crecido a niveles alarmantes en la última década, al extremo que algunas fuerzas especializadas se han quedado casi sin personal para operar sus equipos.

Es alarmante por ello que una alta funcionaria haya declarado que la reforma de pensiones de las FFAA y la PNP debe partir del principio universal “a igual aporte, igual pensión”. Si éste se aplicara, nuestros militares y policías serían condenados a una vejez menesterosa, pues sus remuneraciones pensionables son misérrimas.

Dicho principio podrá aplicarse recién cuando los uniformados perciban sueldos que les permitan hacer aportes pensionables importantes, por tanto tendrá que darse una transición del actual sistema de pensiones militar-policial a un nuevo sistema que, en mi opinión, debería ser el actual Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Esto significa que, tras la aprobación de una nueva escala de mejores haberes, tendrán que convivir temporalmente tres sistemas pensionarios paralelos: la cédula viva (en extinción), la actual Caja y el SPP, que sería aplicable a los más jóvenes.

¿Unificación?

Ha trascendido que un sector ligado al IDL habría propuesto unificar a las fuerzas armadas en una sola institución con un solo uniforme, repitiendo la experiencia canadiense de la década de los años 60.

Esto sería un grave error porque aquel proceso fracasó y Canadá tuvo que retornar diez años después al sistema de armas separadas por que sus capacidades militares disminuyeron por falta de especialización de su personal, el cual era formado para trabajar en cualquiera de las tres armas, pero no era especialista en ninguna.

Es urgente sin duda repensar y de pronto redimensionar nuestras instituciones militares, pero debe hacerse con realismo y con lucidez, sin dejarse arrastrar por prejuicios políticos ni sentimientos antimilitares como se hizo en la reforma fracasada del IDL y el toledismo.

Debe hacerse teniendo en cuenta los riesgos y amenazas a la seguridad nacional, las corrientes modernas de estructuración de las fuerzas armadas y las oportunidades que brinda la tecnología para reducir costos y simplificar sistemas.

Un botón de muestra: No existe una red informática centralizada que permita conocer en tiempo real y con exactitud con cuanto armamento cuentan los institutos y dónde se encuentra, lo cual propicia que haya descontrol y pérdidas de material.

Espero que el ministro Rey conduzca a buen puerto y con éxito la nueva reforma de las fuerzas armadas. No dudo de su buena fe, ni de su voluntad política. Pero debemos tener claro que no todo depende de él sino también del apoyo que reciba de la Comisión de Alto Nivel y del resto del gobierno.

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