La Inquisicion en el Congreso

Uno de los cambios importantes que produjo la Constitución de 1993 fue la creación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que fue gestado para despolitizar la elección de los jueces y fiscales supremos, que hasta entonces eran elegidos en el Congreso mediante acuerdos políticos partidistas.

Mientras este último mecanismo de elección se mantuvo vigente, en el período 1980-1985 la mayoría de los máximos magistrados del país estaban ligados a los partidos políticos de la mayoría parlamentaria de entonces, la alianza Acción Popular – Partido Popular Cristiano (AP-PPC).

La historia se repitió, con más énfasis aún, en el período 1985-1990, cuando el Partido Aprista tuvo la mayoría absoluta del Legislativo. Recuerdo, por ejemplo, que dos abogados apristas y ex profesores del presidente Alan García fueron elegidos entonces vocales de la Corte Suprema de Justicia.

Esta situación ahondó el descrédito del sistema de administración de justicia, y según las encuestas fue una de las razones que determinó que la mayoría de la población apoyara el autogolpe del 5 de abril de 1992.

Con el nacimiento del CNM se superó la politización de la elección de los fiscales y jueces supremos, pero después caímos en el mismo vicio, en 1993, cuando los constituyentes decidieron que los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) sean electos por el Congreso de la República.

La intolerancia

Por culpa de esa decisión, en estos días hemos visto que una comisión de congresistas ha aplicado un filtro intolerante y sectario para seleccionar a los candidatos finales al TC.

Esa comisión ha actuado de manera pusilánime, cediendo a presiones de grupos de poder que le han impuesto sus criterios de calificación, e inclusive se hicieron nombrar veedores del proceso violando la autonomía del Congreso.

A los miembros de esa comisión les faltó eso que ponen las gallinas para hacerse respetar. Los doblegó el miedo a los ataques de la prensa influenciada por la ONG de origen marxista Instituto de Defensa Legal (IDL).

El chantaje funcionó así: Si no escuchaban al IDL y no lo admitían de “veedor”, su aparato mediático cuestionaría la limpieza del proceso. Una vez dentro de la comisión, el ILD impuso sus condiciones.

Como consecuencia de esto, ha sido descalificado a priori, y con argumentos estrictamente políticos, el único experto en Derecho Constitucional que participa en el concurso, el doctor Raúl Chanamé Orbe, el más calificado de los candidatos.

Al estilo montesinista

En vista de que profesional y académicamente Chanamé es intachable, se desató una guerra sucia mediática, de corte montesinista, contra aquel, acusándolo de no ser “antifujimorista” y mezclando su nombre con el del postulante peor calificado, el abogado Ramón Ramírez Erazo.

No existe ningún vínculo personal, profesional ni político entre Chanamé y Ramírez Erazo (el de los pasquines La Nación y Confidencial), pero la prensa caviar y toledista al servicio del IDL los presentó juntos con el propósito de perjudicar la imagen y la candidatura del jurista independiente.

Luego vino la presentación de Chanamé ante la comisión calificadora, que pareció más bien una audiencia de la Santa Inquisición.

Chanamé no fue sometido a un escrutinio de su capacidad jurídica y democrática para ejercer la magistratura, sino a un interrogatorio dogmático e intolerante destinado a establecer si era “hereje” respecto al statu quo político.

Los Torquemada fueron esta vez los congresistas toledistas y humalistas, seguidos como furgón de cola por el sector conservador del APRA.

Chanamé tiene méritos de sobra para el TC: títulos, grados, post grados, bibliografía, excelencia académica, experiencia profesional, calidad personal, etc., pero lo tacharon porque consideran que él no es “políticamente correcto”.

Los pretextos que utilizaron para vetarlo son impensables en una nación democrática. Lo censuraron por haber sido comentarista de Cable Canal de Noticias (CNN), y por haber tenido un breve programa cultural en Canal 7 durante el gobierno de Alberto Fujimori.

La verdad es que lo vetan porque no pueden permitir que un jurista que cuestiona el statu quo jurídico sea miembro del TC, temen que su presencia abra el camino para que acaben el tráfico de influencias y la manipulación política en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

La coartada

Lo de CCN es solo una coartada, pues a Rosa María Palacios, la máxima estrella de aquel canal desaparecido, le perdonan todo porque se ha sometido al poder dominante, ella es ahora “políticamente correcta”,

Lo mismo ocurre en el caso del Canal 7, al que Chanamé ingresó junto con el izquierdista Antonio Zapata, quien sigue hoy en el 7 pero no le dicen nada porque también es “correcto” en lo político.

Pero, ¿en verdad CCN fue un canal antidemocrático como se dice hoy? Sorpresa: Transparencia midió en 1999 el grado de apertura política de la TV y concluyó que CCN era el canal más plural, pues invitaba a políticos diversos como Javier Diez Canseco, Víctor Andrés García Belaúnde, Jorge Del Castillo, Gonzales Posada, Luis Castañeda, Alberto Andrade, etc.

También a periodistas de distintas tendencias como César Campos, Juan Carlos Tafur, Blanca Rosales, Jaime Antezana, Pedro Salinas, Antonio Cisneros, Gustavo Gorriti, Juan Carlos Valdivia, Enrique Castillo, Mario Saldaña, Ricardo Vásquez Kunza, Lucien Chauvin, por citar algunos.

Pero volviendo al Congreso, quien estuvo patético fue el toledista Víctor Andrés García Belaúnde, quien cuestionó a Chanamé porque un libro de éste señala que el golpe del 5 de abril de 1992 fue producto de una crisis política y que esa decisión fue apoyada por la mayoría de los ciudadanos.

El jurista le aclaró que esas no son opiniones sino una constatación de hechos reales: La crisis sistémica que precedió el autogolpe, y el apoyo de los ciudadanos a esa decisión registrado en las encuestas.

La historia nos muestra que en vísperas del autogolpe el Perú vivía una grave crisis económica, social y política, pero según García Belaúnde había una democracia ejemplar y vivíamos en paz. Podrá sorprender a los jóvenes desinformados, pero no a quienes vivimos aquella época.

El 70% del territorio nacional estaba ocupado por bandas terroristas, el estado era incapaz de cumplir su deber de brindar bienestar y seguridad a los ciudadanos, la sociedad rechazaba a su clase política, y el país estaba en quiebra y la corrupción atravesaba el estado. ¿Acaso esto no configura una grave crisis? Parece que “Vitocho” vivía en Paris.

Lo correcto para Vitocho y el statu quo es decir que la economía y el país progresan hoy solo porque acabó “la dictadura de Fujimori”, y gracias a los “buenos gobiernos” de Paniagüa, Toledo y García. ¡Qué bonito cuento!

El statu quo, que tiene como mentor intelectual al IDL, prometió acabar con la corrupción, pero diez años después parece que Montesinos sigue en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, solo que con otra camiseta política.

El CNM tampoco funciona, el estado tiene más burocracia y es más ineficiente; crecen la delincuencia común, el narcotráfico y el terrorismo, las fuerzas del orden no tienen autoridad, y el país no tiene liderazgo.

La economía avanza gracias a que los últimos gobernantes no se atrevieron a cambiar el rumbo para evitarse problemas.

En suma, en una década el país ha avanzado económicamente, pero en lo político e institucional se ha estancado o ha retrocedido.

Para el statu quo liderado por el IDL quien cuestiona el orden injusto “está en contra del sistema”. Para ser “demócrata”, según ellos, hay que aceptar la realidad tal cual, aunque esté signada por la inequidad.

Pero no solo eso, también hay que cumplir el ritual principal: “Escúpele en la cara al chino de mierda ese que está encadenado y enfermo”.

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