Autonomía del Congreso violada

El IDL usurpa representación de las ONG

La corrupción roja  no tiene límites, ha extendido ahora sus tentáculos al Congreso de la República, donde su ONG insignia, el Instituto de Defensa legal (IDL) acaba de hacerse designar “veedor” de la comisión parlamentaria encargada de calificar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC).

Para consumar esa ilegalidad, el ILD ha pasado por encima de la ley (el Reglamento Interno del Legislativo), la cual señala que las comisiones del Congreso son autónomas y, en consecuencia, no están sujetas a supervisión ni veedurías ajenas a su propia institucionalidad.

Esto quiere decir que la única instancia que puede supervisar el quehacer de dichas comisiones es el propio Congreso a través de la Mesa Directiva, la Junta de Portavoces o el Pleno, nadie más.

Usurpando la representación de las organizaciones no gubernamentales del país, el IDL ha penetrado ahora el Legislativo con la complicidad de los congresistas del Partido Popular Cristiano (PPC) y del partido de Ollanta Humala, con el propósito evidente de influir en la elección de los nuevos miembros del TC sin tener ningún derecho a hacerlo.

El correcto presidente de dicha comisión, el congresista aprista Luis Falla La Madrid, ha sido sorprendido, nunca debió someter a votación la “veeduría” por ser ésta violatoria de la autonomía parlamentaria.

Si las comisiones legislativas no aceptan ni siquiera la injerencia de otras instancias del Estado en sus labores, menos aún podrían permitir la intromisión de una entidad privada y politizada, como es el caso del IDL.

Pero además, hay un evidente conflicto de intereses que impide la intromisión del IDL, ya que éste no es solo una ONG interesada en temas de administración de justicia, es a la vez un estudio privado de abogados que ha litigado en el Tribunal Constitucional, y está muy ligada a otras ONG que también litigan en esa instancia jurisdiccional.

Permitir que quien ventila casos en el TC intervenga en la calificación de los futuros miembros de ese tribunal es inadmisible, ilegal, injusto y aberrante.

El IDL también está descalificado porque es objeto de una investigación legislativa abierta el 2006 acerca de su intervención ilegal –como juez y parte – en los indultos otorgados a presos por terrorismo patrocinados por esa ONG durante el gobierno provisional de Valentín Paniagua.

En enero del 2001, el entonces ministro de Justicia Diego García Sayán nombró a dos socios del IDL, Ernesto de la Jara y Amado Enco, miembro y secretario técnico, respectivamente, de la Comisión de Indulto, Derecho de Gracia y Conmutación de Pena del Ministerio de Justicia, y desde allí le recomendaron al presidente que indultara a terroristas presos clientes del IDL.

Haciendo uso de influencia política, esta investigación ha sido “dormida” en el Parlamento, pero sigue abierta aún, vigente, en espera de que se denuncia penalmente a los autores de este escandaloso tráfico de influencias.

En conclusión, estamos ante una decisión nociva para la institucionalidad democrática, para el Congreso y para el país, que debe ser enmendada cuanto antes por el Pleno o la Junta de Portavoces.

No se puede tolerar que un Poder del Estado sea avasallado por nadie, por más que tenga mucho dinero e influencia mediática y política. No se puede fortalecer la democracia violando la autonomía de sus instituciones.

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