Venganza que daña el estado de derecho y el orden constitucional

Vocal maoísta Duberlí Rodríguez

La condena a Alberto Fujimori, confirmada hace poco por un segundo tribunal, es una victoria pírrica de la izquierda caviar y de un grupo del Apra, porque para poder imponerla han violado el orden constitucional y el estado de derecho, lo cual durará poco porque, tarde o temprano, se impondrán la democracia y la justicia.

Lo más indignante es que el fallo ha venido envuelto en un cínico discurso de supuesta defensa de los derechos humanos y de los principios democráticos.

Los gestores y operadores de la venganza han apostado a la manipulación mediática para engañar a la ciudadanía. Craso error, si creen que los peruanos no nos hemos dado cuenta de lo que se acaba de perpetrar.

Mienten groseramente cuando dicen que “Fujimori ha sido condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad en el caso La Cantuta”. Es mentira, falso.

Fujimori ha recibido esa condena por el falso “secuestro agravado” del periodista caviar Gustavo Gorriti y del empresario toledista Samuel Dyer, hechos absolutamente ajenos al caso La Cantuta – Barrios Altos.

En lo que respecta a éste último, la sala presidida por César San Martín, y la que encabeza el maoísta Duberlí Rodríguez, han declarado a Fujimori “autor mediato de homicidio calificado”, una tipificación ajena a la figura de lesa humanidad.

El problema para los malos jueces es que para darle los 25 años de cárcel al ex presidente han tenido que violar la ley. Lo han condenado por “secuestro agravado” sin los requisitos que fija la ley para que un hecho sea tipificado de esa manera.

La ley dice que hay secuestro agravado cuando la víctima es sometida a tratos crueles, o sufre una larga carcelería en condiciones infrahumanas, lo cual no ocurrió en el caso juzgado.

Así lo corroboran los testimonios brindados por Dyer y Gorriti en el juicio a Fujimori, que constan en el expediente judicial respectivo.

Gorriti admitió que aceptó acompañar voluntariamente a los agentes que lo detuvieron, fue atendido amigablemente por un oficial del ejército con quien se conocían, y en el poco tiempo que permaneció retenido (menos de 48 horas) estuvo alojado en una oficina, no en una mazmorra.

Dyer, quien fue detenido en julio de 1992,  porque los servicios de inteligencia habían recibido informes que decían que el empresario estaba supuestamente metido en actividades ilegales, también admitió que nunca fue torturado, ni maltratado.

El penalista independiente Julio Rodríguez confirmó en una cadena radial que la condena a Fujimori no encaja en el tipo penal de secuestro agravado porque no se cumplen los requisitos fijados por la ley ya que no hubo tortura ni maltratos.

Rodríguez señaló además que la aplicación del agravante en el caso Fujimori trasluce una intencionalidad política evidente de negarle al condenado el acceso a todo beneficio penal que le  permita reducir el tiempo de carcelería.

Las ONG marxistas y los jueces prevaricadores amigos de aquellas han obviado en este caso el “carácter resocializador de la pena” que tanto invocan para justificar las condenas benévolas aplicadas a terroristas convictos y confesos.

Otro abogado penalista, cuyo nombre no estoy autorizado a dar, me contó que hace unas semanas se encontró con San Martín y le preguntó por qué había declarado a Fujimori culpable de secuestro agravado cuando los hechos juzgados no encajan en la tipificación legal de ese delito.

San Martín le respondió que el factor agravante no está en los hechos juzgados, sino en que estos “fueron cometidos por un aparato de poder”.

El abogado, sorprendido, le replicó: “pero aún así los hechos juzgados no encajan en el tipo de secuestro agravado, no hubo torturas, ni maltratos, usted lo sabe mejor que yo porque es maestro penalista, no lo entiendo”

El vocal supremo, ofuscado e incómodo, le replicó: “Bueno pues, así tenía que ser, y ya está hecho”. Dicho esto pasó a otro tema.

¿Por qué los jueces supremos de las dos salas han actuado de esta manera, yendo en contra de las leyes? Todo indica que han adoptado una posición política y la han puesto por delante de su deber de actuar como magistrados éticos e imparciales.

Le han aplicado a Fujimori “secuestro agravado” para que el ex jefe de estado se muera en la cárcel, pues ya tiene 71 años, y para escarmentarlo por haber actuado contra el Poder Judicial corrupto de los años 80’.

Como bien ha explicado el penalista Julio Rodríguez, igual pudieron ponerle 25 años por secuestro simple, pero eligieron la figura agravada para marginarlo de cualquier beneficio penal, lo cual confirma un afán de vendetta.

De otra parte, ha quedado claro que la piedra angular de las dos sentencias es la tipificación del gobierno de Fujimori como “dictadura”; pues de otra manera no hubieran podido incorporar el factor “aparato de poder” que invoca San Martín para aplicar el tipo penal agravado.

Pero para juzgarlo como “dictadura”, los dos tribunales han violado las Leyes Constitucionales del 5 y 11 de enero de 1993, que reconocen el origen democrático del mandato presidencial de Fujimori y su continuidad entre 1992 y 1993.

Podemos estar en desacuerdo con esas dos leyes, pero estamos obligados a acatarlas porque vienen de un poder constituyente surgido de las urnas, el Congreso Constituyente de 1992. De hecho, en el Tribunal Constitucional abunda jurisprudencia que señala que las leyes aprobadas por aquel parlamento tienen plena vigencia.

Otro hecho que ha viciado el proceso a Fujimori ha sido la designación de jueces inapropiados: San Martín fue echado del Poder Judicial por el gobierno del inculpado en 1992; y Rodríguez es conocido militante del partido comunista Patria Roja, enemigo acérrimo del ex presidente. ¿Qué imparcialidad podrían guardar?

A esto hay que añadir la negativa de los abogados de oficio a ejercer una defensa real del ex presidente, la complicidad de la sala San Martín para someter al acusado a un duro régimen carcelario (peor que el de Abimael Guzmán), la aceptación de amigos de la parte civil como “peritos independientes”, o el hecho que las dos sentencia no tienen nada que ver con la acusación fiscal.

La fiscalía acusó a Fujimori de ser el jefe del Grupo Colina y de haber ordenado los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta; sin embargo, la sala San Martín “olvidó” tales cargos y lo condenó por “autoría mediata de homicidio calificado”.

En la instancia revisora, el Fiscal acusó de secuestro simple, y sin embargo la sala Rodríguez e impuso la figura “agravado”. El único que salvó su honor en este punto fue el vocal Romualdo Biaggi, quien respetó el informe del Ministerio Público.

Ipades no defiende la inocencia del ex presidente Fujimori, pues para eso están sus abogados. Lo que defendemos es la integridad de nuestra Democracia, que ha sido vulnerada por dos tribunales que han violado el ordenamiento jurídico y las leyes para forzar una condena a todas luces política.

Defendemos los principios democráticos y el respeto a la Constitución. Ningún demócrata puede aceptar que se haga “justicia” pisoteando el estado de derecho y las garantías del debido proceso, que son Derechos Humanos inalienables.

Queremos, como todos los peruanos, verdad y justicia en el caso Fujimori. Y si se le tiene que condenar que así sea, pero en un juicio justo, con jueces de probada independencia, con respeto al debido proceso. No aceptamos la venganza sórdida, ni la manipulación política del Poder Judicial.

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Un comentario en “Venganza que daña el estado de derecho y el orden constitucional

  1. Estimado Victor, lineas abajo te envio el comunicado de mi partido Renovaciòn Nacional, respecto de la sentencia contra el ex presidente Alberto Fujimori.

    Saludos

    Angel Arbañil.

    RENOVACION NACIONAL A LA OPINION PÚBLICA

    Dictada la sentencia en segunda instancia contra el ex Presidente Alberto Fujimori, y teniendo en consideración la especial trascendencia del proceso, Renovación Nacional (RN) considera su deber dar a conocer su posición.

    RN respeta, como corresponde, pero lamenta el fallo emitido en primera instancia y ahora ratificado por la Primera Sala Penal Transitoria, porque considera que no existen pruebas que sustenten la sentencia y la pena impuesta, tal como lo han reconocido destacados juristas y analistas políticos.

    Se ha declarado la “responsabilidad penal” del ex Presidente en base a suposiciones y especulaciones. No se ha exhibido prueba alguna que respondiera afirmativamente a la única pregunta central del proceso ¿ordenó Fujimori las matanzas o conoció previamente que se harían? Los jueces han olvidado el principio jurídico: “in dubio pro reo” y han condenado con base en una teoría que es seriamente cuestionada, porque olvida que sólo hay delito doloso o culposo.

    No resulta lógico suponer que Fujimori, que respetó la vida de los principales cabecillas terroristas, simultáneamente autorizara u ordenara el asesinato de personas que, según el propio tribunal, nada tenían que ver con el terrorismo.

    Es incoherente que quienes hablan de la responsabilidad de Fujimori como “autor mediato” por su condición de Jefe Supremo de las FF.AA. sean los mismos que, sin embargo, cuando se capturó a Abimael Guzmán le negaban a Fujimori cualquier mérito y se lo atribuían exclusivamente a la DINCOTE y al GEIN.

    La historia ponderará con serenidad los aportes, las limitaciones y errores de la década de los noventa, más allá de los titulares cargados de resentimiento, cuando no de odio, de algunas publicaciones que fomentan la división más que la concordia en el país.

    RN renueva su vocación de respeto al estado de derecho, a la convivencia pacífica, a la Constitución y a las leyes, a la libertad de prensa y a las opiniones discrepantes, a la división de poderes, a la economía de libre mercado que propicia el crecimiento económico y el progreso social, pensando en el futuro de nuevas generaciones de ciudadanos libres y responsables que requieren, más que de ejemplos de venganza, de signos de esperanza y de magnanimidad.

    Lima, 4 de enero de 2010.

    EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

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