La víctima en el banquillo

Matanza de Pomac. ¿La hemos olvidado?

Es alarmante ver como algunos sectores democráticos asumen ingenuamente  como legítimos los antivalores que predican la izquierda marxista y católica-marxista para atacar y descalificar al sistema democrático ante la sociedad.

Según esos antivalores, el uso legítimo de la fuerza policial, consagrado por la Constitución, es un crimen contra los derechos humanos; y hacer respetar el principio de autoridad es “autoritarismo”. Por lo tanto, el estado democrático no debe defenderse de quienes lo agraden y tiene que dialogar con los que violan la ley.

Es bajo este prisma injusto y arbitrario que la izquierda pretende juzgar hoy lo que sucedió el 5 de junio en Bagua, donde 33 peruanos murieron en una asonada montada por grupos violentistas que azuzaron a la población.

Para lograr su objetivo, ha utilizado su receta conocida: crear una “comisión de la verdad” que al final imponga “su” verdad alterando la realidad y los hechos.

Todo indica que la “mano negra” que está detrás de este plan es la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL), litigante compulsiva contra el estado democrático. El IDL y sus congéneres son expertos en prostituir la verdad, tal como lo hicieron en la Comisión de la Verdad (CVR) con respecto el terrorismo.

Han pervertido la historia a tal extremo que muchos jóvenes que no vivieron aquella época están convencidos hoy de que la lucha contra el terror se reduce a solo cuatro episodios: “Los Penales, Barrios Altos, La Cantuta y la condena a Fujimori”. ¿Y Sendero y el MRTA? Son dos “víctimas más” del estado.

El objetivo de la izquierda es culpar al estado democrático de las muertes de los 24 policías y los 9 ciudadanos civiles que murieron en la asonada, pero para hacerlo necesita falsear la historia oficial, por eso insistió en una “comisión de la verdad”.

Por fortuna, el gobierno no cayó en ese juego mañoso y conformó una comisión mayoritariamente independiente y democrática, que ha emitido un informe objetivo, serio y riguroso, que recoge los hechos tal cual sucedieron, y que está firmado por la ex ministra Susana Pinilla, el padre Ricardo Álvarez y el presidente del Consejo Nacional del Medio Ambiente, Manuel Bernales.

Dicho informe ha establecido que los 11 policías asesinados en la Curva del Diablo no atacaron a los manifestantes, mas bien usaron sus armas en defensa propia y en última instancia, cuando una turba de más de mil los rodeó y los atacó.

También ha confirmado que los 12 policías muertos en la estación de Imazita fueron asesinados en venganza porque una radio controlada por la izquierda informó que la PNP había “masacrado” a cientos de nativos en la Curva del Diablo.

Ha confirmado igualmente que los grupos izquierdistas que controlan las Rondas Campesinas, el Frente de Defensa y el SUTEP, así como varios religiosos y congresistas humalistas, azuzaron a los pobladores amazónicos para que confronten al gobierno, en vez de ayudar para que asuman una actitud dialogante.

Los marxistas sabían que el informe sería correcto, por eso el IDL intentó desacreditarlo con ayuda de la monja izquierdista Mari Carmen Gómez y del delegado pizanguista Jesús Manacés, quienes se niegan a firmarlo con pretextos pueriles, como el que dice que no se ahondó “en las responsabilidades del gobierno”.

Este argumento es falso porque el informe sí señala una serie de errores y deficiencias por parte del estado como que hubo “apresuramiento y falta de tacto de algunos sectores del Ejecutivo al promulgar los decretos legislativos 1064 y 1090 sin tener en cuenta la delicada sensibilidad amazónica”.

También dice que hubo un “cambio de los mandos policiales a cargo del desalojo de Curva del Diablo a solo dos días de dicha operación, equipamiento insuficiente de los policías, incumplimiento del ejército en sus funciones, coordinación deficiente entre el ejército y la policía, débil liderazgo local de autoridades y pobre interrelación con los indígenas”.

Como se aprecia, el informe también señala las responsabilidades del estado, precisa que son de orden administrativo o político, y de ninguna manera pueden servir de excusa para justificar la matanza de policías por parte de los manifestantes.

Esta claro que la izquierda pretende culpar de las muertes a la Policía Nacional martirizada y a las ministras Mercedes Cabanillas y Mercedes Aráoz en la perspectiva de completar después la “cadena de mando”. ¿Si o no señor De la Jara?

Para ello está funcionando el pacto político entre el humalismo y los caviares, hermanos en su origen marxista y su aversión a la democracia. Ambos presionan desde dentro y fuera del país para que el Perú acepte que “todos somos culpables” de lo de Bagua, pero la mayor responsabilidad debe recaer en el estado democrático.

No he leído el informe completo, pero creo que debería considerar el contexto en que se produjo el Baguazo, para darse cuenta de que no se trata de un episodio aislado sino parte de una escalada contra la democracia que empezó el año 2008 con injerencia del chavismo. Veamos

El 20 de enero del 2009, en Pomac, Lambayeque, francotiradores asesinaron a dos policías que ejecutaban un desalojo judicial de invasores.

El suboficial Fernando Hidalgo Ibarra (20 años), murió de un balazo en el hígado, y el agente Carlos Alberto Peralta Padilla (26), recibió un tiro en la cabeza cuando intentó rescatar a su camarada herido.

Es evidente que los asesinos de Pomac quisieron provocar una reacción policial violenta, para desatar una crisis mayor, aplicando la fórmula que se utilizó en Ecuador para derrocar a los presidentes Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, y en Bolivia para deponer a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Meza.

A fines de junio, grupos chavistas movilizaron hacia la ciudad de Cuzco a unos mil campesinos de la provincia de Canchis, que portaban fotografías del boliviano Evo Morales, para impedir el Inti Raymi, pero el intento fracasó porque el pueblo cusqueño salió a las calles en una manifestación multitudinaria.

El diario La Prensa de Bolivia desnudó poco después el complot al informar que los líderes de Canchis habían estado en La Paz asistiendo al cónclave marxista “Crisis del capitalismo, recolonización u alternativas populares”, en el que se coordinaron “acciones de masas”, o sea revueltas contra la democracia en la región.

La ofensiva chavista que empezó el 2008 fue acordada por la Coordinadora Política Social, integrada por diversos grupos marxista-leninistas (entre ellos el MRTA) adherentes de la Coordinadora Bolivariana financiada por Hugo Chávez y las FARC.

En marzo de ese año, manifestantes azuzados incendiaron la comisaría de Celendín, Cajamarca; en octubre del mismo año secuestraron y golpearon a 60 policías en el puente Montalvo de Moquegua; y en diciembre atacaron y destruyeron la comisaría de Juanjui, San Martín.

Cito solo los casos más sonados, porque sería largo mencionar todas las agresiones que ha sufrido la policía en los últimos dos años por parte de turbas azuzadas por agitadores chavistas que buscan desestabilizar la democracia.

Tomando en cuenta los hechos citados, es posible responder varias preguntas claves acerca de lo que sucedió en Bagua. Las respuestas caen por su propio peso.

¿Si fue todo espontánea y solo de los nativos, quien pagó la logística millonaria que se desplegó en la protesta siendo las comunidades amazónicas pobres? ¿Quién financió el transporte, la alimentación y estadía de miles de indígenas que llegaron desde comunidades remotas hasta los puntos elegidos para la protesta?

¿Fueron los indígenas quienes planearon la acción coordinada de sabotaje contra el sistema energético y las redes de abastecimiento de alimentos del norte y del sur del país? ¿Fue “espontáneo” el ataque que lanzaron grupos armados con bombas incendiarias contra puntos estratégicos de la ciudad de Bagua?

De otra parte, si alguna responsabilidad tiene el gobierno en todo esto es que ha hecho muy poco para impedir que todos estos ataques contra la democracia y el estado de derecho queden impunes. Ha asumido así una actitud irresponsable que alienta de hecho a que se sigan cometiendo tales agresiones.

Cada vez que hay una asonada, el Ejecutivo y el Congreso prometen que castigarán los responsables, pero nadie ha sido condenado hasta ahora.

La oposición democrática tampoco hace nada al respecto, piensa solo en las elecciones y sus propios intereses, les importa poco el futuro de la democracia.

Esta actitud indolente no tiene justificación alguna, ni para la mayoría, ni para las minorías. Ninguna ha sido capaz de movilizar a la ciudadanía para condenar tales crímenes y para defender a la democracia y al estado de derecho.

¿Tendrán ahora el valor de enfrentarse a las ONG lideradas por el IDL y a los grupos izquierdistas católicos que pretenden sentar al estado democrático en el banquillo de los acusados por lo sucedido en Bagua? ¿Dónde están nuestras fuerzas políticas democráticas cuando hay que defender a la democracia?

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