Sala San Martín violó leyes constitucionales

La sala suprema revisora de la sentencia al ex presidente Alberto Fujimori tiene en sus manos una verdadera “papa caliente”, pues acaba de conocerse que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que preside el vocal César San Martín, violó dos leyes constitucionales para poder condenar al ex jefe de Estado, incurriendo así en prevaricato.

Este grave hecho, revelado por el abogado César Nakazaki, constituye uno más de tantos abusos y arbitrariedades cometidas por el llamado “sistema anticorrupción”, que tiene como su máxima expresión a la sala que preside César San Martín e integran Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo.

Dichos magistrados han condenado a 25 años de cárcel al ex presidente, tras declararlo culpable (como “autor mediato”) de homicidio en el caso La Cantuta y Barrios Altos, y de “secuestro agravado” en agravio de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti. La revelación de Nakazaki le da un vuelco al caso porque una violación de la Constitución es causal de nulidad no solo de la sentencia polémica que dictó el tribunal sino de todo el proceso. El presunto prevaricato, que figura en la página 592 de la sentencia, en la cual el tribunal conformado por San Martín, Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, desconoce la validez de las Leyes Constitucionales del 6 y el 11 de enero de 1993, respectivamente. Así es como se ha consumado el prevaricato en dicha sentencia: “El CCD, sin embargo, dictó, primero, la Ley Constitucional del seis de enero de mil novecientos noventa y tres, que no sólo declaró la vigencia de la Constitución de mil novecientos setenta y nueve, sino que además dejó a salvo los Decretos Leyes expedidos por el Poder Ejecutivo, y declaró que el acusado era el jefe constitucional del Estado y personifica a la Nación; y, segundo, la Ley Constitucional del once de enero de ese mismo año, que facultaba al CCD a dictar las denominadas “Leyes Constitucionales”. “Esas normas, que reclamaban jerarquía constitucional, no la tienen porque carecían de sustento en la Constitución de mil novecientos setenta y nueve, que era su marco de referencia –evidenciaban, por tanto, una clara inconstitucionalidad formal. Además, según sus disposiciones, tenían vicios materiales, pues no podían convertir en “constitucional” algo que no lo era: desconocer el golpe de Estado y proclamar al rebelde como Presidente Constitucional, estatus que perdió al promover precisamente el golpe de 1992. Declarar nula la Ley Constitucional del 6 de enero del 93 le permitió a la sala construir el sustento jurídico que necesitaba para aplicar su teoría condenatoria, que sostiene que Alberto Fujimori era legalmente un dictador cuando ocurrieron las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, y como tal ejerció de facto el comando de los institutos militares y de los servicios de inteligencia. Declarar “legalmente” dictador a Fujimori, le permitió a la sala San Martín aplicarle al ex presidente el marco jurídico preconcebido en el informe final de la Comisión de la Verdad (CVR, controlada por la izquierda marxista), con el fin expreso de declarar culpable y condenar al procesado. La defensa del ex presidente quedó descolocada por completo, ya que su estrategia legal estaba basada en que Fujimori, durante la lucha contra el terrorismo, actuó dentro del marco legal que le correspondía por su condición de presidente constitucional de la República; o sea que ejerció el mando político de las FF AA, no el comando militar; y lo por tanto no pudo ordenar las matanzas que le imputan. Al declarar “dictador” a Fujimori, la sala también fijó como “hecho probado” que el ex presidente ejerció un poder “de facto” sobre las FF AA, los servicios de inteligencia y las instancias encargadas de conducir la guerra: el Consejo de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de las FF AA. Es decir, si la Sala Penal Especial de la Corte Suprema hubiera juzgado los hechos de La Cantuta y Barrios Altos en su debido contexto jurídico, o sea en el marco de un régimen constitucional, no hubiese podido condenar a Fujimori. Por eso pasó por encima de las Constituciones de 1979 y 1993. Prevaricato Lo concreto es que la sala San Martín se excedió en sus facultades al declarar nulas, por sí y ante sí, las dos Leyes Constitucionales de 1993, sin tener autoridad para hacerlo, pues las únicas instancias facultadas para modificar o interpretar la Constitución son el Congreso de la República y el Tribunal Constitucional, respectivamente. Los tribunales de justicia están facultados para aplicar el llamado control constitucional difuso, que les permite preferir la Constitución antes que una ley ordinaria, pero de ninguna manera pueden desconocer una norma aprobada por el Poder Constituyente surgido de la voluntad popular en las urnas, como fue el Congreso Constituyente Democrático (CCD). Al respecto, hay abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la que éste se ha pronunciado a favor de la vigencia total de la Constitución de 1993, así como de las leyes constitucionales y los decretos aprobados por el CCD. La Ley Constitucional del 6 de enero, que pretende desconocer la sala San Martín, tiene efecto retroactivo porque el poder constituyente decidió incorporarla al cuerpo de la Constitución de 1979, la cual siguió vigente hasta que entró en vigor la Carta Constitucional de 1993. Esto quiere decir que la decisión del CCD de reconocer a Fujimori como presidente constitucional de la República electo en 1990 también es retroactiva al 5 de abril del 1992; por consiguiente, el ex jefe de Estado no puede ser considerado legalmente un dictador. Una cosa es que un sector de ciudadanos lo considere políticamente un dictador, y otra cosa muy distinta es que legalmente lo sea. En consecuencia, al haber violado el orden constitucional, el fallo de la sala de César San Martín, ha incurrido en causal de nulidad de la sentencia y de todo el juicio oral, tal como lo ha planteado el abogado Nakazaki. En ninguna sociedad democrática es admisible que un tribunal quiera impartir justicia por encima del estado de derecho. Lamentablemente esto es lo que han pretendido hacer los miembros de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema: San Martín, Prado y Príncipe. Debo decir, sin embargo, que no espero que la sala revisora de la sentencia ilegal emitida por el tribunal San Martín, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, vaya a anular la violación constitucional y a sancionar a los autores del “regicidio”, como correspondería en justicia. No tengo la menor esperanza, por su composición esencialmente politizada, y por los antecedentes personales de sus integrantes, tal como lo dije en un artículo anterior: su presidente proviene del Partido Comunista Patria Roja, otros dos vocales responden al sector “caviarón” del Partido Aprista; y los otros dos escalaron puestos durante la injerencia política de la izquierda caviar en la Judicatura. Por cierto, los vocales que integran este tribunal saben bien que si confirman el fallo aberrante e ilegal de la Sala San Martín compartirán la responsabilidad penal respectiva y deberán responder por ella en un futuro, cuando se restablezca el imperio de la justicia. Lo importante ahora es informar a la opinión pública nacional e internacional de cómo algunos magistrados vienen administrando justicia prestándose a la vendetta política, para vergüenza de nuestro Poder Judicial y para descrédito de nuestra democracia. Confiemos en que más temprano que tarde nuestra democracia se fortalecerá y entonces será extirpada de nuestros tribunales la nefasta injerencia política manipuladora y perversa que tanto daño le ha hecho a la verdadera justicia y al país a lo largo de nuestra historia.

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