IDL exige condena contra inocentes

La ONG de origen marxista Instituto de Defensa Legal (IDL), operadora de la ex Comisión de la Verdad (CVR), pretende que este martes 13 la Sala Penal Nacional dicte una sentencia condenatoria contra ex altos oficiales del ejército acusados de “delitos de lesa humanidad” que jamás cometieron.

Sin pruebas, a partir de la versión distorsionada de la CVR sobre la lucha contra el terrorismo en el Huallaga, el IDL acusa a los generales Mario Brito Gomero, Oswaldo Hanke Velasco y otros, de haber aplicado una “política sistemática de desapariciones forzadas” en 1990, cuando dirigieron a las tropas que defendieron a la democracia en esa región.

La batalla judicial ha sido desigual e injusta. Mientras la adinerada ONG ha movilizado un equipo de abogados, presionando a la vez al tribunal con su aparato mediático, los acusados se han defendido como han podido, con pocos recursos, esperando solo que haya justicia.

Contexto de los hechos

Los hechos juzgados (tres presuntas desapariciones forzadas), se produjeron en 1990, en el valle del río Huallaga, donde las fuerzas del orden libraron entonces (y aún libran hoy) una lucha denodada en defensa de la paz, la democracia y la libertad de los peruanos.

Por esos años, Sendero Luminoso, desesperado por el apoyo popular que se ganaban las fuerzas democráticas, perpetró en el Huallaga numerosas matanzas de pobladores y de autoridades para imponerse por el terror.

Coincidentemente, se vivía un auge del tráfico de cocaína hacia Colombia, fenómeno que también produjo muchos asesinatos y desapariciones de personas como resultado de ajustes de cuentas de narcos o terroristas.

Sendero “expropió” las tierras de los cocaleros y los obligó a pagar el 30% de la droga que vendían, como “derecho de uso” del terreno “expropiado”. El rechazo a esta medida produjo innumerables asesinatos y desapariciones de agricultores a manos de los terroristas.

El informe final de la CVR señala que en esos años la vida no valía nada en el Huallaga. Todos los días aparecían cadáveres tirados en las esquinas o flotando en el río, y la gente solo comentaba “algo habrá hecho seguro”.

A mediados de los 80’, muchos cocaleros apoyaron a Sendero porque éste protegía las actividades ilegales, sobre todo en la banda izquierda del Huallaga, donde estaban los mayores centros de producción de droga.

El terrorismo alcanzó tanta presencia que creó una nueva demarcación territorial de “bolsones”, como lo reconoce el informe de la CVR. Lo que éste calla es que cada “bolsón” agrupaba a 10 o 12 “comités populares” o pueblos tomados por Sendero. Y cada comité tenía autoridades espurias llamadas “comisarios”, que imponían reglas de vida totalitarias y crueles.

Los bolsones principales fueron Cuchara, Primavera, Bella y Yanajanca. El primero incluía al pueblo de Venenillo, donde tenía su base el Comité Regional Huallaga de Sendero, encabezado por el camarada “Artemio”.

Fue tanta la presencia del terrorismo en el Huallaga que en 1995 seis mil personas se acogieron a la Ley de Arrepentimiento y se pasaron al lado de las fuerzas del orden después de confesar que se unieron Sendero por interés o por miedo.

En conclusión, en 1990 los defensores del orden constitucional combatieron en el Huallaga contra una fuerza terrorista importante que asesinaba o desaparecía a personas todos los días, en medio de una intensa actividad del narcotráfico que también hacía lo mismo.

Sin pruebas

Al sustentar su acusación arbitraria, Carlos Rivera, miembro del IDL que ejerce como parte civil del proceso afirma que “la CVR logró contabilizar 400 personas desaparecidas” en el Huallaga desde 1990 hasta 1992, y concluye que ello “solo puede indicar que las FFAA ejecutaron una práctica sistemática de violación de los derechos humanos”.

Sin embargo, llegado el momento de presentar las pruebas de su acusación, lo único que pudo mostrar fue el cuestionado informe final de la CVR, como si éste tuviese carácter vinculante para la justicia peruana, que no lo tiene, o fuese verdad absoluta.

Los jueces deben recordar que el año 2003, la CVR presionó para que el gobierno de entonces le diera ese carácter al informe, pero el Ejecutivo denegó tal petición debido al enorme rechazo que tuvo en la ciudadanía.

Si lo que dice la CVR es verdad, ¿dónde están los nombres de los 400 desaparecidos, donde están las familias que los reclaman? ¿Por qué entonces sólo han denunciado tres casos? ¿En qué se basan para atribuir todas las desapariciones a las fuerzas del orden, exculpando así a los narcotraficantes y terroristas?

Lo que sí está probado es que la CVR miente en el caso de la margen izquierda del Huallaga, en el que varios “desparecidos” viven y gozan de buena salud, y también en la cifra de los 70 mil muertos que en realidad son probables fallecidos, o sea una mera conjetura.

Rivera también dice que “se ha demostrado” que Brito y Hanke ordenaron los hechos investigados, cuando la verdad es que los presuntos autores directos de las desapariciones han declarado que nunca reportaron lo sucedido a dichos generales.

El objetivo político del IDL es  “demostrar” que la CVR tiene razón cuando afirma que durante la lucha contra la agresión terrorista hubo una represión indiscriminada contra los ciudadanos y las fuerzas del orden violaron los derechos humanos de manera sistemática.

Lo cierto es que cuando las tres desapariciones se produjeron, en Tingo María y Huánuco, los generales Brito y Hanke estaban trabajando en la sede del Frente Huallaga, a 400 kilómetros de distancia, en Tarapoto.

Dicho Frente tenía bajo su mando a cuatro batallones, entre ellos el Nº 313, implicado en las desapariciones y acantonado en el cuartel “Los Laureles” de Tingo María, bajo el mando del comandante EP Miguel Rojas García.

Inocencia probada
Durante el juicio oral, que empezó el año 2007, se demostró mas bien que las fuerzas del orden que operaban en el Huallaga no reprimieron indiscriminadamente, mas bien buscaron ganarse el apoyo de la población y lo lograron mediante un acercamiento hacia ella.

De hecho, el general Brito mostró al tribunal un vídeo de 1990 en el que se le ve arengando a sus tropas del Frente Huallaga, instándolas a que se ganen el respeto de los ciudadanos actuando de manera correcta y respetando los derechos humanos.

El caso de Brito es ilustrativo porque mantuvo un acercamiento permanente hacia la ciudadanía, a tal punto que se desplazaba por Tarapoto con muy poca seguridad personal.

De ello se aprovechó la banda armada MRTA para atentar contra su vida el 19 de octubre de 1990, en un ataque que fue repelido por el general, hecho que le mereció ser condecorado con la “Medalla del Combatiente Mariscal Andrés Avelino Cáceres” del ejército, “por acción distinguida en operaciones de guerra”.

Los terroristas del MRTA le dispararon 178 tiros que impactaron en su vehículo, en una calle céntrica de Tarapoto, matando al chofer e hiriendo de gravedad al único custodio del jefe militar, que sobrevivió pero quedó inválido.

Brito recibió dos balazos en el tórax (uno aún está en su cuerpo), pero así herido rescató a su guardaespaldas y se enfrentó a los asesinos con su pistola y dos cacerinas con 26 balas, logrando ponerlos en fuga, tras lo cual llevó a sus hombres a un hospital.

Es a este hombre valiente, que vio truncada su carrera militar por intrigas de Vladimiro Montesinos, a quien quieren encarcelar los “caviares” y sus ONG en el nombre de una seudo justicia que en realidad es vendetta política.

La desaparición del presunto terrorista Esaú Cajas Julca – por la que se quiere condenar a Brito – se produjo el 20 de noviembre de 1990, cuando el general convalecía de sus heridas en un hospital de Lima.

El caso Ramos – Liceti

El 7 de mayo de 1990 fueron detenidos y conducidos al cuartel “Los Laureles” los sospechosos Samuel Ramos Diego y Jesús Liceti Mego, por los suboficiales del ejército Máximo Camacllanqui Aburto y Eric Valdiviezo Ruíz, quienes también han sido procesados.

La intervención fue indebida porque existía una directiva expresa que prohibía que las personas intervenidas sean llevadas a los cuarteles. La orden era entregarlas inmediatamente a la policía. Sin embargo, los suboficiales incumplieron tal disposición.

Las ONG marxistas y sus aliados culpan a los generales Brito y Hanke alegando que ambos ejecutaron una política contra los derechos humanos en aplicación de una doctrina militar que disponía matar a los terroristas, lo cual es falso.

Si bien existía una doctrina que aconsejaba eliminar al enemigo, era solo una guía teórica que no podía prevalecer sobre las directivas y planes aprobados por el alto mando, los cuales ordenaban respetar los DDHH. Así consta en tales documentos de la época.

Además, los dos suboficiales implicados y su jefe inmediato, el comandante Rojas, declararon en el juicio oral que nunca reportaron al Frente Huallaga la detención de Ramos y Liceti, ni cuando ocurrió, ni durante las visitas que realizaron los generales Brito y Hanke al cuartel “Los Laureles”. Mal pueden entonces ser ambos considerados “autores mediatos”.

Los suboficiales también han declarado que la detención de los desaparecidos fue un hecho fortuito, circunstancial, que no obedeció a un plan de operaciones aprobado por el Frente. En su defensa alegan que después de interrogarlos los liberaron, el mismo día.

Los familiares de los desaparecidos tienen derecho de reclamar sanción para los responsables, pero ello no debe suponer la negación de la justicia por presión de grupos de poder ni de intereses políticos que pretenden convertir un hecho aislado en un acto institucional y político de las fuerzas armadas y del gobierno constitucional de entonces.

El Poder Judicial tiene el deber moral e histórico de impartir justicia sin ceder a esas presiones, sean mediáticas o subterráneas. Le toca por ello aplicar la ley penal en el marco del respeto irrestricto a la Constitución y al debido proceso consagrado como derecho fundamental de la persona humana. Los demócratas que defendemos los DDHH esperamos que así sea.

El Tribunal

El Tribunal que tiene la casua en sus manos y que fallará este martes es el Colegiado B de la Sala Penal Nacional, presidido por la vocal Rosa Mirtha Bendezú Gómez, e integrado por las vocales María Luz Vásquez Vargas y María Vidal La Rosa Sánchez.

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2 comentarios en “IDL exige condena contra inocentes

  1. SIN EMBARGO LA IDL YA PUBLICO UN COMENTARIO (Ideelemail No.613: LOS CRÍMENES DEL BATALLÓN CONTRASUBVERSIVO 313‏); TRIUNFALISTA DONDE ASEGURA QUE LA SENTENCIA A LOS GENERALES SERA CONDENATORIA, DEBIDO A QUE UNA VEZ MAS SE DEMUESTRA LA VIOLACION DE DDHH COMO UNA PRACTICA SISTEMATICA DE LAS FFAA. EL TRATAR DE INTIMIDAR O MANIPULAR A LA SALA QUE JUZGA EL CASO; NO ES DELITO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA??

  2. Estando de acuerdo con la sintesis narrativa de los hechos, proceso de Los Laureles, tenemos la satisfaccion de que la verdad esta saliendo a la Luz, con la Resolucion Absolutoria dictaminada por los colegiados B, de la Sala Penal Nacional. Y de la independencia de este Poder del Estado al no dejarse presionar por la coyuntura mediatica, ejercida por esta ONGs. Aprovecho estas lineas para saber si alguien tiene la filmacion completa de la audiencia del dia 13/10/2009.

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