Sistema corrupto tiene maniatados a nuestros soldados

El  ministro de Defensa, Rafael Rey, ha puesto el dedo en la llaga al denunciar el acoso implacable que sufren nuestros soldados que hoy combaten en el VRAE por parte de una administración de justicia irracional e indolente frente a la agresión terrorista que sufre nuestro país.

El ministro Rey ha protestado con razón e indignación justa contra los fiscales y jueces que actúan de esa manera, tratando a nuestros soldados como si fuesen delincuentes; y ha demandado que las máximas autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial enmienden tal comportamiento de sus magistrados.

Pero, ¿cuál es la causa del problema? Es el llamado “sistema de derechos humanos” del Ministerio Público y el Poder Judicial, que ha sido concebido ex profesamente para perseguir y condenar de manera indefectible a los policías, ronderos y soldados que han combatido o combaten al terrorismo.

Este sistema fue creado el año 2003 con el fin expreso de lograr que los acusados de ser autores “materiales e intelectuales” de las supuestas violaciones de derechos humanos “judicializadas” por la ex Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) sean “castigados ejemplarmente” por la justicia.

El lema bajo el cual ha sido concebido este sistema, “No la impunidad”, quiere decir que todos aquellos que son acusados por la ex CVR tienen que ser declarados culpables y condenados, sí o sí, porque de lo contrario habría “impunidad”.

Origen del mal

El sistema judicial y fiscal de “derechos humanos” fue construido a partir de un acuerdo entre la ONG estadounidense Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICJT en inglés) y Asociación Pro Derechos Humanos /Aprodeh), cabeza de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y viejo apéndice del partido Vanguardia Revolucionaria (VR marxista leninista, hoy Partido Socialista).

Esta labor del ICJT y Aprodeh empezó el 2002, un año antes del informe final de la CVR, preparando así el camino para que los futuros juicios a los ronderos, policías y militares acusados en dicho informe terminen en condenas seguras.

En su página web (http://www.ictj.org/es/where/region2/617.html), el ICJT lo dice así: “en co-auspicio con APRODEH, en junio, julio y diciembre de 2002, el equipo del ICTJ y los consultores facilitaron talleres y aportaron copiosos materiales a los abogados de ONGs, a la policía, y a los fiscales y jueces involucrados en la investigación y persecución penal de violaciones de los derechos humanos del pasado”.

Informa además que en los años 2004 y 2005, “un consultor (suyo) pasó casi 20 semanas en Perú brindando apoyo técnico intensivo…”, y que “el trabajo del ICTJ en Perú continuó en 2006 en forma de misiones de terreno y talleres con jueces, fiscales y otras ONG”.

En esos “talleres de capacitación” los jueces y fiscales fueron adoctrinados para que apliquen el derecho penal internacional en los casos “judicializados” por la CVR, aún cuando aquel colisionara abiertamente con nuestra Constitución.

Todo indica que aquellos magistrados que fueron mejor adoctrinados fueron designados después, por influencia y presión de Justicia Viva, fiscales y jueces del llamado “sistema de derechos humanos” del Ministerio Público y del Poder Judicial.

Esos son los magistrados que acusan y juzgan hoy por delitos de “lesa humanidad” a los soldados y policías acusados por la CVR, y resuelven además que los supuestos delitos imputados son “imprescriptibles”, violentando el principio universal y constitucional que consagra la irretroactividad de las leyes penales.

Y son esos mismos magistrados los que también acusan y juzgan a los militares que combaten en el VRAE. Ellos tienen la exclusividad de esos casos en el país.

La corrupción

Obnubiladas por el poder que han construido con el apoyo de cierta prensa embarcada en la persecución, las ONG caviares pasaron el límite de la prudencia e incurrieron en una abierta violación de la ley, en complicidad con los fiscales y jueces que habían convertido en sus incondicionales en los “talleres”.

Esto ocurrió en el momento en que los abogados de esas ONG se constituyeron como parte civil en los procesos judiciales promovidos por fiscales capacitados por las mismas ONG, y conducidos por jueces también capacitados por aquellas. Esto es lo que se llama un “juicio sastre”, a la medida exacta del que acusa.

Esto es corrupción abierta en agravio del derecho fundamental que tiene toda persona acusada a recibir un juicio justo e imparcial.

Nuestra legislación penal establece además que quien condiciona la actuación de una autoridad jurisdiccional de una u otra manera, incurre en delito grave y, por lo tanto, debe ser denunciado y sentenciado por tal conducta.

La sumisión total de esos magistrados a las ONG caviares se aprecia abiertamente en los expedientes judiciales, pues en ellos se aprecia que la acusación del representante del Ministerio Público es planteada por lo general sin una investigación fiscal y simplemente se acusa alegando que el inculpado es presunto responsable “según el informe” de la CVR.

Esto ocurre porque en los “talleres” de capacitación se les inculcó a los participantes un falso dogma: “la “verdad” ha sido desentrañada por la CVR, por lo tanto ya no es necesario investigar. Esto es otro delito en agravio de la correcta administración de justicia.

Desconcertante

En este contexto resulta desconcertante que la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, haya justificado la persecución alegando que los fiscales “se ven obligados” a acusar indiscriminadamente porque el Ejército no identifica a los responsables.

Esto es falso, señora fiscal. Los fiscales de “derechos humanos” actúan así porque la doctrina que practican sostiene que las fuerzas armadas son un “aparato de poder” que actúan como una “organización” criminal. ¿Usted comparte este concepto? Al parecer sí.

El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, se ha lavado las manos cual Pilatos con toga, al afirmar que los jueces simplemente se limitan a juzgar de acuerdo con la denuncia fiscal, lo cual también es falso, porque tienen la potestad de resolver “no ha lugar” a la acusación cuando ésta carece de un sustento sólido.

Y mientras la doctora Echaíz y el doctor Villa “se tiran la pelota” mutuamente, el terrorismo continúa avanzando y creciendo debido a que las fuerzas que deben combatirlo están maniatadas legalmente, impedidas de actuar como deberían hacerlo.

La historia se repite, tal como sucedió a comienzos de los años 80’. El país se desangra y los únicos que ponen el pecho para evitarlo son nuestros policías y soldados, mientras que el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso y la presidencia de la República, les dan la espalda a los combatientes.

En esta lucha en defensa de la democracia y del orden constitucional, esas instituciones deberían estar en la primera línea de combate, pero, igual que en los años 80, han decidido eludir su responsabilidad, por oportunismo político o por cobardía.

Justicia, no venganza

Los peruanos no queremos impunidad para quienes han cometido algún exceso en la lucha contra el terror, sino justicia, es decir, una justicia que investigue y juzgue con imparcialidad, sin prejuicios ideológico-políticos introducidos de contrabando mediante pseudo doctrinas “jurídicas” que violan nuestra Constitución.

Queremos fiscales y jueces independientes y descontaminados de toda influencia política, no magistrados adoctrinados para tratar a los soldados como si fuesen asesinos compulsivos o psicópatas incontinentes; y a los terroristas como si fuesen “luchadores sociales” y “víctimas de la sociedad”.

La única solución posible a este problema es que el Ministerio Público y el Poder Judicial reestructuren sus respectivos sistemas de ‘’derechos humanos’, apartando del mismo a aquellos fiscales y jueces adoctrinados por las ONG para perjudicar a nuestros policías, ronderos y soldados. No hay otra alternativa si queremos hacer justicia y no venganza.
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