Luces y sombras del mensaje presidencial

foncodesEl antiaprismo en unos casos y el afán de cierta prensa de parecer “políticamente correcta” han creado la sensación errada de que el mensaje presidencial de 28 de julio ha sido fofo y carente de anuncios importantes. A mi modesto entender no ha sido así, pues el anuncio de la reactivación de Foncodes ha sido trascendental para el país.

El Fondo de Compensación y Desarrollo Social (Foncodes), fue creado en 1990 por el gobierno de Alberto Fujimori con dos fines específicos: paliar los efectos del “fujishock” y llevar la presencia del estado a los pueblos más pobres del país como parte de la estrategia integral contra que permitió vencer al terrorismo.

Los antiapristas y algunos suspicaces han visto que “detrás” de esta iniciativa se oculta una presunta intención del gobierno y del Partido Aprista (PAP) de utilizar el Foncodes para obtener una rica cosecha electoral el año 2011.

La suspicacia me tienta, no lo niego, pero mi deber como demócrata es otorgarle el beneficio de la duda al gobierno y asumir que éste quiere de veras atender la demanda de obras de los pueblos del interior del país, sobre todo de los más pobres.

De hecho, este humilde columnista ha sido el único que desde hace tiempo venía proponiendo la reactivación del Foncodes como solución alternativa para ejecutar las obras que piden los pueblos del país y que están bloqueadas por culpa del aparato estatal ineficiente, medroso e incompetente que tenemos todavía.

Tal como lo expliqué en columnas anteriores, la labor de Foncodes fue decisiva para derrotar políticamente a Sendero Luminoso y al MRTA porque le permitió al Estado democrático llevar su presencia en obras concretas a numerosos pueblos ubicados en las zonas que estaban en estado de emergencia.

Si el fujimorismo tiene hoy una fuerte base social en la sierra y en los sectores populares se lo debe a Foncodes y a otros programas sociales que condujo con eficiencia gracias a que reclutó para la administración pública a profesionales altamente calificados provenientes del sector privado.

Quien fijó las bases de ese organismo fue la ex congresista Luz Salgado Rubianes, quien lo expandió de manera espectacular a todo el país fue el empresario Arturo Woodman (actual jefe del Instituto Peruano del Deporte), y quien lo mantuvo luego con eficiencia fue el ex ministro de la Presidencia Manuel Vara Ochoa.

Si el gobierno aprista logra en sus dos últimos años de gestión que Foncodes recupere los niveles de cobertura que tuvo en los años 90, presenciaremos una explosión de obras públicas que volverá a demostrarle a los pueblos descontentos que la democracia también es eficiente y sensible con los pobres.

Este sería el logro más importante de la administración de Alan García, quien, al final de su gobierno, podría decir que hizo mucha obra por los pobres.

El presidente García ha comprendido que con el aparato estatal que tenemos es imposible hacer obra en la magnitud que reclaman los pueblos, por eso ha apostado bien por reactivar Foncodes.

Tras dos años de ejecución intensiva de obras comunales productivas, ejecutadas y supervisadas por los pueblos beneficiados, lo más probable es que para el 2011 el discurso antisistema del humalismo se diluya por carecer de correlato en la vida real. Tampoco tendrán de qué vivir aquellas malas ONG que lucran con la pobreza ajena y encima predican contra el sistema democrático. Es decir, la democracia se consolidará.

Por otra parte, la labor de Foncodes debería ir de la mano con la reactivación de los demás programas sociales que funcionaron bien durante el gobierno de Fujimori y que fueron abandonados irresponsablemente por el toledismo y la izquierda caviar, como el Seguro Escolar, el Millón de Buzos, etc., dirigidos a las zonas de extrema pobreza.

Aquellos demagogos que dicen que esos programas son “populistas” deberían responder si la alternativa que plantean es negarle esa ayuda mínima a tanta gente que a veces no tiene ni para comer.

Una vez aplacado el malestar social, el gobierno no debe perder de vista el tema de fondo: la urgencia de reestructurar el aparato estatal, para que el gobierno central, los gobiernos regionales y los municipales superen los viejos problemas que hoy les impide hacer proyectos y ejecutar obras con rapidez y transparencia.

El “costo político” que tanto teme el Apra será transitorio, momentáneo, pues en pocos años la población entenderá que gracias a esa reforma tendremos una administración pública mejor, respetuosa y capaz de atender pronto y de manera eficiente los reclamos ciudadanos.

La parte negativa del mensaje presidencial ha sido la ausencia de mención alguna a la persecución injusta que sufren los policías y militares que lucharon contra el terrorismo, y la ausencia de definiciones concretas para poner alto al vandalismo que se desata impunemente bajo la coartada de “protesta social”.

El presidente García ha dicho que su gobierno actuará con “mano dura” para frenar a los vándalos, pero esto será imposible si sigue vigente el aparato político-judicial que ha montado la izquierda para criminalizar el uso legítimo de la fuerza por parte del estado.

La Constitución consagra el uso de la fuerza pública en defensa del orden interno y la paz social, pero la izquierda impuso (con Paniagüa y Toledo) leyes que reprimen con penas de cárcel a los policías y militares que hagan uso de las armas que les ha confiado la democracia.

Este mismo aparato persigue y encarcela de manera injusta e indiscriminada a quienes pacificaron el país combatiendo al terrorismo, aplicándoles doctrinas jurídicas politizadas y absurdas que sostienen que nuestras fuerzas armadas han sido un “aparato criminal”.

Señor presidente, no hay necesidad de “mano dura”, basta con hacer cumplir la Constitución, y que impere la justicia en vez de la venganza política, así como el principio de autoridad y el estado de derecho, como corresponde en todas las democracias del mundo.

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