JUSTICIA DE “DERECHOS HUMANOS” ES TREMENDA ESTAFA

Aprodeh debe responder por intromisión en la justicia

Aprodeh debe responder por intromisión en la justicia

Nadie frena a la llamada “justicia de derechos humanos”, que se ha convertido en trituradora de la libertad de los ronderos, policías y militares acusados por la ex Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que fuera concebida el año 2001 por la izquierda caviar, después de que ésta sostuvo conversaciones secretas con Abimael Guzmán y la cúpula del MRTA.

Si alguien tenía alguna duda de que dicho sistema ha sido objeto de una intromisión política  dirigida a perseguir y condenar penalmente a quienes combatieron al terrorismo, aquí está la prueba de que lo acredita de manera inequívoca: La palabra de la ONG extranjera que patrocinó semejante despropósito, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (CIJT).

Si el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, y la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, no  han enfrentado dicha intromisión por falta de pruebas, o por temor al poder mediático y económico de las ONG comprometidas en esta injerencia en la administración de justicia, pues ahora ya pueden hacerlo con la prueba que hacemos pública.

¿Cuándo y cómo se produjo la intromisión de las ONG en el sistema de administración de justicia del Perú? Todo esto está escrito, con lujo de detalles, en la página web de la ONG internacional CIJT (http://www.ictj.org/es/where/region2/617.html). Veamos lo que dice allí.
En la versión en español de dicha web hay un link que dice “Donde trabajamos”, desde el cual se accede a la carpeta “Perú”, en la que se encuentra la información que reseñamos, pero hay mucho más que debe ser investigado por el Congreso de la República y el Ministerio Público.

En este artículo voy a tocar solamente el tema de la manipulación de la justicia destinada a favorecer las causas judiciales patrocinadas por los abogados de las ONG izquierdistas peruanas contra las fuerzas del orden que lucharon contra el terrorismo en defensa de la democracia.

“Justicia penal”

En el subtítulo “Justicia penal” de la carpeta titulada Perú, el CIJT cuenta que desde el año 2002 “y hasta mediados de 2004, el antiguo asociado principal Paul Seils aportó información y experticia a las ONG y a los fiscales (peruanos) sobre las técnicas y estrategias de investigación de crímenes masivos”, sinónimo de “crimen de lesa humanidad”, algo que jamás ha ocurrido en el Perú, por más que la ex CVR pretenda aseverar lo contrario sin probarlo de manera fehaciente y verídica.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, define como crimen de lesa humanidad “a las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente”.

Precisa además que para que un delito sean reconocido como acto de lesa humanidad debe darse “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, lo cual tampoco ocurrió en nuestro país.

Durante la lucha contra el terrorismo, el Perú no persiguió ni reprimió a los terroristas en razón de sus ideas políticas, su raza o su religión, sino para detener los crímenes que perpetraban aquellos contra ciudadanos inocentes.
Sin embargo, los anteriores titulares de la Fiscalía de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia permitieron que el CIJT les inculcara a nuestros fiscales y jueces de “derechos humanos” que los casos denunciados por la CVR contra quienes defendieron la democracia debían ser procesados como delitos de “lesa humanidad”, aplicándoles el llamado derecho penal internacional y del derecho penal de los derechos humanos.

En la página web se confirma que, “en co-auspicio con APRODEH, en junio, julio y diciembre de 2002, el equipo del ICTJ y los consultores facilitaron talleres y aportaron copiosos materiales a los abogados de ONG, a la policía, y a los fiscales y jueces involucrados en la investigación y persecución penal de violaciones de los derechos humanos del pasado”.

Como sabemos, Aprodeh lidera la llamada Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), cartel que agrupa las ONG de origen marxista y a las ONG católicas izquierdistas que patrocinan a los familiares de presuntos terroristas ejecutados de manera extrajudicial durante la guerra del terrorismo contra nuestra sociedad, que comenzó en 1980 y aún continúa.

Esto se ha visto, por ejemplo, en el juicio a Alberto Fujimori; y lo vemos en otros procesos similares como los casos La Cantuta-Pedro Yauri y otros, Pucará o Cabitos, por mencionar solo tres. Lo cierto es que los abogados de distintas ONG integrantes de la CNDDHH actúan como parte civil en los casos “judicializados” por el informe final de la CVR.

La web informa además que durante los años 2004 y 2005, “un consultor (suyo) pasó casi 20 semanas en Perú brindando apoyo técnico intensivo al equipo jurídico de APRODEH en su trabajo sobre la persecución penal nacional de crímenes internacionales”, y que, posteriormente, “El trabajo del ICTJ en Perú continuó en 2006 en forma de misiones de terreno y talleres con jueces, fiscales y otras ONG”.

“Con el apoyo del ICTJ, el trabajo de APRODEH condujo a la expedición de órdenes de arresto contra varios oficiales del ejército bajo investigación…”, agrega el reporte.

Para cubrir con un barniz “intelectual” lo que parece ser pura injerencia ilegal y corrupción, el CIJT financió la publicación de un libro en el que la grosera intromisión es presentada como un esfuerzo para “la persecución penal de los delitos de lesa humanidad”, ni más ni menos.

Esto último lo hizo en “colaboración con el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP)”, en un proyecto que “incluyó a ocho autores peruanos cuyos seis ensayos se reúnen en la publicación “El legado de la verdad-la justicia penal en la transición”…El IDEHPUCP fue anfitrión del lanzamiento del texto en Lima a fines de abril de 2006”.

Llevo varios años denunciando la manipulación de la justicia por parte de las ONG izquierdistas que han penetrado el Poder Judicial y el Ministerio Público, pero hasta ahora no había podido desentrañar a fondo cómo se montó todo este andamiaje siniestro. Ahora la verdad sale a la luz por versión del CIJT, la entidad que financió el virtual sometimiento de nuestro sistema judicial a los intereses de una red de asociaciones privadas, en un hecho indigno e inédito en la historia judicial de nuestro país.

Esto explica por qué la principal sala penal de “derechos humanos” sentenció a solo 32 años de cárcel a Víctor Polay Campos, mientras que su sala hermana, el colegiado Villa Bonilla, le aplicó 35 años al general Julio Salazar Monroe, ex jefe del SIN, quien ha sido condenado sin que existan pruebas ni testimonios que respalden las acusaciones en su contra.

También explica por qué esa misma justicia de “derechos humanos” se ha negado a condenar a cadena perpetua a la cúpula de Sendero Luminoso (sólo Guzmán y Elena Iparraguirre han recibido esta pena), y por qué hay en las cárceles menos de 500 presos por terrorismo cuando el año 2000 había más de 3000 terroristas encarcelados.

Así funciona la “trituradora”

De acuerdo con lo que dice la web del CIJT, podemos deducir con toda lógica que, después de que los policías, fiscales y jueces salieron de los talleres de capacitación organizados por esa ONG extranjera y Aprodeh, quedaron expeditos para perseguir a los supuestos “violadores de derechos humanos” acusados por la CVR.

Quedó cerrado así un círculo pernicioso que, según parece, les ha permitido a las ONG izquierdistas defensoras de numerosos presos por terrorismo, y acusadoras de policías y militares, lograr condenas seguras para estos últimos así como sentencias blandas o benévolas para sus defendidos.

Vemos ahora, por ejemplo, que Carlos Rivera y Antonio Salazar, abogados de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL, integrante de la CNDDHH) patrocinan a los familiares de ocho presuntos terroristas ejecutados extrajudicialmente en Pucará (Huancayo, 1989), en el juicio iniciado contra 41 militares inculpados por la CVR como presuntos autores de las ejecuciones ilícitas.

La policía especial, adiestrada en los talleres del CIJT y de Aprodeh, hizo el atestado respectivo acusando a los militares de delitos contra los derechos humanos. Después el atestado llegó luego a manos de un fiscal también entrenado por el consorcio CIJT-Aprodeh, el cual dictaminó a favor de que los militares sean juzgados por delitos contra la humanidad.

Finalmente, un juez de primera instancia, perteneciente al mismo sistema de “derechos humanos”, hizo suya la acusación fiscal y declaró a los denunciados presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad en agravio de los ocho presuntos terroristas muertos en Pucará.

Ahora el caso ha pasado a juicio oral, a cargo de un tribunal de la Sala Penal Nacional que preside el doctor Pablo Talavera, criticado por las penas blandas contra los terroristas. Por supuesto, lo más probable es que los vocales que juzgarán a los encausados por el caso Pucará también hayan pasado por los talleres del CIJT y Aprodeh.

En otras palabras, las ONG incluyeron sus denuncias en el informe final de la CVR, capacitaron a los policías y fiscales que debían investigar esas denuncias, y les enseñaron a los jueces qué leyes debían aplicar para que los denunciados sean condenados de todos modos. ¿Es esto justicia?

De manera simultanea, los mismos policías y magistrados han sido “capacitados” para procesar los casos penales contra los terroristas tomando como base el informe final de la CVR, el cual sostiene que los criminales de Sendero Luminoso y del MRTA actuaron por “motivaciones sociales”, en busca de la “justicia social”.

¿Qué harán las autoridades?

Los máximos directivos de las instituciones afectadas por este escándalo están obligados a salvar su responsabilidad por estos hechos, para lo cual deberían separar inmediatamente de sus cargos a los policías, fiscales y jueces del llamado sistema de “derechos humanos”, y reemplazarlos por magistrados independientes que apliquen en rigor el derecho penal que corresponde a cada caso, en justicia, sin cargas ideológicas ni políticas.

También deberían disponer la revisión de los dictámenes fiscales y resoluciones judiciales que han sido emitidos por dichos magistrados a partir de las denuncias de la ex CVR, corrigiendo todos los casos en los que se ha tipificado los posibles excesos como delitos de lesa humanidad en contra de lo estipulado por el Estatuto de Roma.

La democracia debe hacer justicia sin permitir la venganza irracional e interesada. Quien haya cometido excesos durante la guerra contra el terrorismo debe ser juzgado y sentenciado por tales hechos, pero no se puede aceptar que el Perú ha cometido delitos contra la humanidad porque esto supone que buscó eliminar a Sendero por sus creencias políticas, cuando lo reprimió para evitar que sigan asesinando a inocentes.

El Congreso de la República también debe investigar lo que ha revelado CIJT y sancionar a los responsables de haber hipotecado la administración de justicia a un grupo de ONG que supuestamente defiende los derechos humanos pero se hacen de la vista gorda cuando la violencia de origen izquierdista intenta desestabilizar a la democracia.


(*) Periodista, director ejecutivo del Instituto Paz, Democracia y Desarrollo (Ipades)

E-Mail: victor.robles.sosa@hotmail.com
Blog: https://victorrobles.wordpress.com

RECUADRO

Estallan más mentiras

El año 2003, cuando me tocó dirigir el portal de noticias peruinforma.com, me enteré de que la CVR había decidido presentar su informe final a sus financistas en Estados Unidos, antes de que lo conozcamos los peruanos y nuestro gobierno, lo cual era incorrecto.

Al conocer la noticia la divulgamos de inmediato, pero el hecho fue “desmentido” por la CVR y las principales ONG de derechos humanos, las cuales lanzaron después una campaña sucia contra peruinforma.com en la que el periodista Pablo O´Brien redactó un “informe” que mostró al portal informativo como un apéndice directo del ex presidente Alberto Fujimori, quien vivía entonces en el Japón.

Envié una carta aclaratoria a El Comercio, pero éste se negó a publicarla por considerarla políticamente incorrecta. Eran los años del reinado “caviar” absoluto en aquel prestigioso matutito, reinado que va pasando a la historia.

Hoy la verdad les revienta en el rostro a los manipuladores de la CVR y a sus socios izquierdistas dueños de ONG: La página web del CIJT ha confirmado la primicia que diera en su momento peruinforma.com y que fue negada con enorme cinismo.

El portal dice al respecto que el CIJT “facilitó un foro público, así como reuniones con funcionarios clave de Naciones Unidas, de ONG y otros en Nueva York para discutir el informe final de la Comisión, próximo a aparecer, y para generar apoyo para el proceso post-CVR”.

“Para permitir un mayor acceso al informe final de la CVR, el Centro lo tradujo al inglés y distribuyó ampliamente su índice de contenidos, sus conclusiones y un resumen de sus recomendaciones”, agrega el portal.

MUSEO DE LA MEMORIA Y REPARACIONES

La web del CIJT revela además que desde el año 2003 le brindó a la CVR apoyo para proyectar su plan para construir el polémico “Museo de la Memoria”, y para montar el “programa de reparaciones” que hoy maneja, desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la ex CVR, ex directora de la CNDDHH y ex dirigente del Partido Comunista Revolucionario (PCR) Sofía Macher.

Veamos a continuación como lo cuenta el propio CIJT, en su portal de la Internet:

“El Centro le facilitó también al director de relaciones externas de la Comisión (CVR) consultas con expertos en comunicaciones y con museos de la conciencia en las ciudades de Nueva York y Washington. En junio de 2003, el ICTJ acogió a una delegación de la Comisión y presentó una exhibición de fotografías…”

“La Asociada Principal Lisa Magarrell dirige el programa de Perú en el ICTJ desde agosto de 2001. Luego de aportar observaciones preliminares sobre los términos de referencia de lo que se convertiría en el mandato de la Comisión, el Centro siguió brindando apoyo y asesoría técnica a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en la medida en que ésta se formaba y comenzaba a funcionar”.

“Entre agosto de 2001 y el cierre del trabajo de la Comisión en 2003, más de una docena de consultores del ICTJ con experiencia en Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Sudáfrica y otros países, aportaron insumos a la CVR y a las ONG sobre temas tales como el diseño de una base de datos, metodología de la investigación, derecho penal internacional, derecho de los derechos humanos, derecho humanitario, práctica de audiencias públicas y políticas de reparación”.

“El ICTJ aporta asesoría técnica y apoyo con relación al proceso de reparaciones en Perú y colabora con APRODEH y su trabajo de justicia penal a favor de las víctimas. Por otra parte, en 2006 el Centro lanzó un proyecto de justicia de género en Perú”.

LA ÚLTIMA

Después de seis años de persecución judicial a los ex jefes militares que combatieron al terrorismo en la década de los años 80’, los fiscales del llamado “sistema de derechos humanos” han decidido cambiarles la acusación penal respectiva.

¿Cuál es la nueva acusación planteada por los fiscales? Nada más, ni nada menos, que “autoría mediata”.

Esto es ilegal a todas luces, según han advertido los perjudicados. La última palabra para decidir la ilegalidad de este cambio la tienen los jueces, pero resulta los magistrados que deben ver este tema pertenecen al mismo “sistema”. Como es obvio, permitirán el cambio de acusación amparándose en que los casos de la CVR son todos delitos de “lesa humanidad”.

Por cierto, ya sabemos que para sentenciar culpable y condenar a una persona acusada de “autoría mediata” no se necesita pruebas, ni indicios confluyentes. Sólo se requiere algunos indicios dispersos, mucha retórica seudo “derecho humanista” y, cómo no, la decisión política de condenar al acusado.

Ya sabemos entonces lo que les espera a los ex jefes militares que han sido acusados por la CVR en su informe final como supuestos violadores de derechos humanos: una condena segura, en vez de un juicio justo.

Lo más cruel de este episodio es que los militares procesados son en su gran mayoría ancianos que bordean los 80 años a quienes se les quiere condenar penas altas de prisión que equivaldrían para ellos a cadena perpetua, es decir a morir tras las rejas.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s