Caso Pucará

Se inicia otra farsa de la justicia caviar: el caso Pucará

Otra ominosa farsa política denominada “juicio oral por la matanza extrajudicial en el distrito de Pucará-Junín” ha comenzado en la llamada justicia especial de “derechos humanos”, la cual debería denominarse más bien “fiscalías, juzgados y tribunales de condena para ronderos, policías y militares”.

Para llegar al juicio se ha seguido el mismo trámite de rutina: un fiscal “especial” tomó la versión acusadora del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), como si éste fuese vinculante para el Ministerio Público, la copió casi idéntica en su dictamen, sin verificarla, le dio categoría de “prueba” (¡!), y sobre esa base acusó a los inculpados.

La acusación fue admitida prestamente por un juez “especial” de, el cual resolvió “ha lugar” el juicio oral, después de haber tomado las instructivas pertinentes a los denunciados, a los cuales ha presumido culpables. En democracia todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero esto es letra muerta para nuestro sistema de “derechos humanos”.

Los magistrados protagonistas de la primera parte de este episodio de injusticia han sido el fiscal de Huancayo Miguel Ángel Villalobos Caballero y el juez Cristóbal Rodríguez Huamaní, quien ha sido ascendido a vocal superior por los “méritos” que ha demostrado.

Ahora el juicio está en manos de la Sala Penal Nacional, que preside el vocal Pablo Talavera, famosa por la generosidad de sus sentencias a los acusados por terrorismo, y por la dureza con que juzga a los policías y militares acusados de supuestas violaciones de derechos humanos. Dicha sala ha encargado el caso a un colegiado integrado por los vocales David Loli Bonilla, Enma Benavides Vargas y Rosa Amaya Saldarriaga.

Para muestra un botón: la Sala Penal Nacional sentenció a solo 32 años de cárcel al jefe máximo de la banda armada MRTA, Víctor Polay Campos, y se negó a aplicarle la cadena perpetua a los miembros del “comité central” de Sendero Luminoso, con excepción de Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre.

En contraste, su tribunal hermano, la Primera Sala Penal Especial, integrada por Inés Villa, Inés Tello e Hilda Piedra, condenó a 35 años de cárcel al general Julio Salazar Monroe sin que existan testigos ni pruebas que lo inculpen de los delitos que se le imputó. Ante este escandaloso fallo, la sala Nacional le aumentó después a 35 años la pena a Polay.

Agraviados

En el caso de presunta corrupción de la administración de justicia que comentamos, los perjudicados son 40 oficiales, técnicos y subalternos del ejército, a quienes se les acusa de manera injusta y politizada, de ser responsables de la ejecución extrajudicial de 8 presuntos terroristas, acaecidas en el distrito de Pucará, Junín, el 4 de noviembre de 1989.

La acusación es injusta porque carece de pruebas que la sustenten y porque los dictámenes de la Fiscalía y del juez instructor se han basado en un solo testigo directo cuya versión ha sido desmentida por los hechos y por los demás militares implicados en el proceso.

El Ministerio Público se ha limitado a repetir en su dictamen la versión de la CVR, sin verificarla ni examinarla, en la cual se consigna testimonios sumamente contradictorios sobre lo que aconteció en Pucará el 4 de noviembre de 1989.

La llamada justicia “especial” es política porque es evidente que busca involucrar institucionalmente al ejército y al gobierno de entonces, para darle sustento a la tesis de la ex CVR que sostiene que el estado democrático y sus fuerzas armadas aplicaron una represión indiscriminada contra la población y montaron como un “aparato criminal” contra el terrorismo.

También es política porque persigue selectivamente a algunos militares, y hace la vista gorda en los casos en que podrían estar comprometidos oficiales que colaboraron con los gobiernos de Valentín Paniagüa y Alejandro Toledo, como por ejemplo el general Walter Ledesma Rebaza, quien fue jefe operativo de Ayacucho, o el general Marciano Rengifo, que fue jefe del Comando del Frente Interno de las Fuerzas Armadas (COFI), responsable de la lucha antiterrorista.

Los otros actores

Los otros actores de esta farsa judicial son las ONG de derechos humanos de origen marxista o promarxista, las cuales se hallan empeñadas desde hace décadas en enlodar la actuación que cumplieron las fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo, y en presentar a los terroristas como “luchadores sociales” víctimas del estado.

Están representadas en este caso por dos abogados de conocido pasado izquierdista, Carlos Rivera Paz y Antonio Salazar, quienes patrocinaron en el juicio a Alberto Fujimori a los familiares de los presuntos terroristas ejecutados extrajudicialmente en los casos en Barrios Altos y La Cantuta.

Ambos son funcionarios de la ONG Instituto de Defensa legal (IDL), integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la cual colaboró con la ex CVR en los trabajos que hizo ésta. Además, una funcionaria de la CNDDHH, Sofía Macher, fue integrante de la CVR.

Es aquí donde encontramos un grave problema de presunta manipulación y corrupción de la administración de justicia que el país conoce pero las autoridades se niegan a investigar y sancionar porque tienen miedo de ser víctimas del aparato mediático de las ONG.

La CVR denunció ante la justicia 73 casos de supuestas violaciones de derechos humanos, la mayoría de ellos contra las fuerzas del orden, y para asegurarse de que sus acusaciones acaben en sentencias condenatorias metió las manos en la administración de justicia.

Con el pretexto de que nuestro sistema judicial no estaba preparado para asumir la nueva carga procesal, y que tampoco tenía experiencia en procesar casos de “derechos humanos”, la Coordinadora, por medio de la ONG Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y de la ONG extranjera Centro Internacional para la Justicia Transicional (CIJT), penetraron el Ministerio Público y el Poder Judicial para asegurarse que los juicios terminen en condenas para los acusados por la CVR.

Entre los años 2002 y 2005, funcionarios de la CIJT llegaron al Perú para realizar, junto con Aprodeh, talleres de “capacitación” para fiscales y jueces, en los cuales estos fueron aleccionados en la forma en que debían acusar o procesar los casos de “derechos humanos” denunciados en el informe final de la CVR.

En otras palabras, la CNDDHH, que es parte civil en los juicios promovidos por la ex CVR, como se ha visto en el caso Fujimori y como ocurre ahora en el caso Pucará, se ha asegurado de tener fiscales y jueces “debidamente capacitados” por ella misma. En cualquier país democrático, esto se llama corrupción y manipulación.

De esta manera, es imposible que la ex CVR y la CNDDHH pierdan alguno de los juicios que promueven contra ronderos, policías y militares por presuntas violaciones de derechos humanos, ya que, en los hechos, son juez y parte en los procesos.

En su momento, cuando el sistema democrático reaccione y rectifique esta inmoralidad y corrupción, los altos funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial tendrán que responder por esto ante una verdadera justicia independiente, si es que no tienen el coraje y la valentía de poner alto a tanta podredumbre.

Los hechos de Pucará

Según la acusación fiscal, o mejor dicho de la CVR y de las ONG que trafican con los DDHH, el ejército, institucionalmente, asesinó a ocho pobladores inocentes de Pucará sin razón alguna, solo para sembrar el terror y en aplicación de una represión indiscriminada contra la población civil. Sin embargo, no aporta pruebas que lo corroboren.

El único testigo directo que respalda la acusación es un ex técnico del ejército anónimo que dice que perteneció al batallón antisubversivo “Inclán”, establecido en Huancayo, al cual pertenecían supuestamente los acusados de las muertes de los presuntos terroristas.

Dicho testimonio no ha sido corroborado por nadie más, ni tampoco por documentación alguna, en cambio ha sido rechazado por todos los inculpados. Varios de estos, mencionados por el testigo secreto como miembros del batallón implicado, han acreditado inclusive que cuando ocurrieron los hechos de Pucará estaban prestando servicio en otros lugares del país, o fuera de servicio, o jamás integraron dicha unidad militar.

Los otros testigos presentados por la ex CVR, todos referenciales – a los cuales el fiscal tampoco interrogó- han brindado testimonios inconsistentes y contradictorios  con la versión del único testigo directo.

Este último, por ejemplo, dice que las ejecuciones fueron realizadas por dos patrullas del batallón “Inclán”, cuyos miembros se vistieron de civil, con casacas o chompas y zapatillas, partieron del cuartel en dos camionetas civiles, y utilizaron armas con silenciadores.

Los demás testigos de la ex CVR dicen en cambio que los autores de las muertes vestían uniforme verde, chompas negras, botas y pasamontañas, y se desplazaban en un camión porta tropas del ejército con tolva de lona.

Algunos testigos, que aseguran que escucharon disparos de fusiles y gritos, han declarado que no vieron nada en realidad, y suponen que eran “cachacos” porque los motores que escuchaban desde sus casas eran de vehículos militares (¿?).

Una mujer declaró ante la CVR que varios de los que entraron a su casa y mataron a un familiar suyo eran “gringos y altos”, y sin embargo estaban con pasamontañas.

Otros dos testigos han declarado que siguieron al supuesto camión militar y lo vieron ingresar al cuartel “9 de Diciembre” de Huancayo. ¿Cómo lo siguieron si no tenían medio de transporte y el cuartel está a 15 kilómetros de Pucará?

Todo esto ha sido copiado por el fiscal Villalobos Caballero del informe final de la ex CVR y presentado como “prueba” ante el juez Rodríguez Huamaní, el cual, pese a tanta inconsistencia, resolvió que procede el juicio a los denunciados.

Los sospechosos ejecutados extrajudicialmente en Pucará son los hermanos Paulino Cabezas Condor, Raúl Cabezas Cueva, Leoncio Orihuela Medrano, Máximo Pérez Ureta, las hermanas Gladys y Madeleni Poma Vila, Isidro Valdez Rojas y Nilo Cayo Castillón Laveriano, quienes habían sido investigados por agentes de inteligencia.

En una de las ejecuciones, los implicados ingresaron a la casa de Paulino Cabezas, lo sacaron a éste y a su hijo Raúl, y se los llevaron después de dejar encerrados en un cuarto a la esposa del primero y a otros siete hijos de la pareja. Más tarde los detenidos aparecieron muertos con heridas de bala, cerca de su vivienda.

De la misma manera actuaron en las otras ejecuciones ilegales, seleccionando a los presuntos terroristas y separándolos de otras perdonas.

¿Qué pasó entonces?

Todo indica que las ocho personas fallecidas en Pucará fueron muertas a tiros por haber estado vinculadas a Sendero Luminoso. Así consta inclusive en el propio informe de la ex CVR que el fiscal expone como “prueba” para acusar.

También es cierto que en esa zona había entonces una pugna sangrienta entre Sendero y el MRTA por el liderazgo de la llamada “guerra popular”, en la que ambos bandos se mataban mutuamente.

El testigo anónimo declaró que dos de las víctimas, Paulino y Raúl Cabezas, fueron obligadas por los acusados a pintar consignas  del MRTA para crear confusión, pero esto es algo que tampoco ha sido corroborado por nadie más.

Al parecer lo ocurrido en Pucará fue un episodio más de la guerra entre bandas terroristas y que el aparato psicosocial de Sendero busca ahora culpar a las fuerzas armadas de un crimen que estas jamás cometieron.

La otra probabilidad es que se haya producido una ejecución extrajudicial por parte de un grupo de militares descontento con la impunidad que imperaba entonces a favor de los subversivos, ya que en 1989 el país estaba totalmente convulsionado por el terror y los fiscales y jueces liberaban fácilmente a los terroristas por miedo a las amenazas.

Algunos testimonios de militares apuntan en esa dirección, pues indican que esa misma noche un grupo de inteligencia pidió y obtuvo apoyo del batallón “Inclán” para realizar una operación de inteligencia “en busca de información” en Pucará. Dicho batallón se limitó, sin embargo, a montar un cerco de seguridad en los accesos al poblado, para evitar fugas o intrusiones, de manera que no se puede acusar a su personal de ningún crimen.

Pero hay otras interrogantes abiertas: ¿Coincidió el operativo militar con una venganza del MRTA contra Sendero en el mismo pueblo, llegaron los militares cuando los terroristas se estaban vengando y se produjo entonces una suerte de balacera de todos contra todos que dejó los 8 muertos?

La verdad solo puede ser hallada por un Ministerio Público y un Poder Judicial verdaderamente independientes y libres de la manipulación ideológica y política de las ONG de izquierda nacionales y extranjeras que presionan para que se condene a como de lugar a los militares acusados.

RECUADRO

Un caso que ilustra la dimensión de la injusticia que se está cometiendo con el juicio por las muertes en Pucara es el del coronel EP Franck Keskleich Cappelletty, quien ha visto truncada su carrera militar por haber sido implicado en la acusación fiscal, según nos contó su atribulada esposa, la señora Sandra Torres Reyna.

Él fue citado a la fiscalía de Huancayo el año 2004, como testigo del ex jefe del batallón “Inclán”, el entonces teniente coronel Marco Ramos Cruz, quien declaró ante el fiscal Villalobos Caballero que Keskleich y otros cuatro oficiales podían dar fe que el personal de esa unidad se dedicó solo a patrullar las calles de Huancayo. Después de que dieron su testimonio, el fiscal incluyó a los cinco testigos como acusados, y más tarde el juez Rodríguez Huamaní dictó orden de captura contra aquellos.

Keskleich, su esposa y sus tres hijos, vivieron a salto de mata debido a que él fue perseguido por la policía judicial hasta el año pasado, cuando se le cambió la orden de captura por comparecencia.

Durante todo ese tiempo, no pudo ascender solo por el hecho de haber sido implicado en el proceso judicial de Pucará. Su ascenso de comandante a coronel llegó con tres años de retraso y es muy difícil que ahora pueda llegar a general por límite de edad.

Keskleich no puede declarar a la prensa por su condición de oficial activo, pero su esposa nos contó que en 1989 el batallón “Inclán” se limitaba a patrullar la ciudad de Huancayo, que se encontraba acosada por una intensa actividad terrorista de Sendero Luminoso y del MRTA.

El día de las ejecuciones, según dijo, el entonces comandante Ramos Cruz, jefe de la unidad, recibió la orden de brindarle seguridad a un destacamento de inteligencia que realizaría una operación en Pucará, sin más detalles.

Ramos Cruz convocó a sus oficiales y les ordenó que movilizaran a la tropa para tender un cerco de seguridad que protegería de una eventual emboscada terrorista a un grupo que realizaría una operación. Los oficiales cumplieron las órdenes sin saber lo que ocurría, y sin embargo, han terminado acusados de las ejecuciones.

“A mi esposo y sus colegas del batallón los dejaron en la entrada del pueblo, cuidando los vehículos y vigilando que nadie ingresara. Es injusto que se acuse así genéricamente a todos los oficiales”, afirmó la señora Sandra Torres.

Ella también contó que todo el personal del batallón “Inclán” recibió la orden de cubrirse la cabeza con pasamontañas y por eso tampoco pudieron ver a los que hicieron las ejecuciones.

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