Otra farsa política-judicial: el caso Pucará

El IDL a la caza de Alan García

El IDL a la caza de Alan García

Otra ominosa farsa judicial-política denominada “juicio oral por la matanza extrajudicial en el distrito de Pucará-Junín” ha comenzado en la llamada justicia especial de “derechos humanos”, la cual debería denominarse más bien “fiscalías, juzgados y tribunales de condena para ronderos, policías y militares”.

Las aparentes víctimas de turno son 40 oficiales, técnicos y subalternos del ejército, pero el “plato de fondo” que esperan banquetearse los grupos de izquierda que promueven esta causa es el presidente Alan García, es a él a quien quieren involucrar al final en este caso y condenarlo luego bajo la tesis perversa de la “autoría mediata”.

Para llegar a este juicio se ha seguido el mismo trámite de rutina: un fiscal “especial” tomó la versión acusadora del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), como si éste fuese vinculante para el Ministerio Público, la copió casi idéntica en su dictamen, sin verificarla, le dio categoría de “prueba” (¡!), y sobre esa base acusó a los inculpados.

La acusación fue admitida prestamente por un juez “especial” de, el cual resolvió “ha lugar” el juicio oral, después de haber tomado las instructivas pertinentes a los denunciados, a los cuales ha presumido culpables. En democracia todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero esto es letra muerta para nuestro sistema de “derechos humanos”.

Los magistrados protagonistas de la primera parte de este episodio de injusticia han sido el fiscal de Huancayo Miguel Ángel Villalobos Caballero y el juez Cristóbal Rodríguez Huamaní, quien ha sido ascendido a vocal superior por los “méritos” que ha demostrado.

Ahora el juicio está en manos de la Sala Penal Nacional, que preside el vocal Pablo Talavera, famosa por la generosidad de sus sentencias a los acusados por terrorismo, y por la dureza con que juzga a los policías y militares acusados de supuestas violaciones de derechos humanos. Dicha sala ha encargado el caso a un colegiado integrado por las vocales: Clotilde Cavero Nalvarte, Jimena Cayo Schereiber y Enma Benavides Vargas .

Para muestra un botón: la Sala Penal Nacional sentenció a solo 32 años de cárcel al jefe máximo de la banda armada MRTA, Víctor Polay Campos, y se negó a aplicarle la cadena perpetua a los miembros del “comité central” de Sendero Luminoso, con excepción de Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre.

En contraste, su tribunal hermano, la Primera Sala Penal Especial, integrada por Inés Villa, Inés Tello e Hilda Piedra, condenó a 35 años de cárcel al general Julio Salazar Monroe sin que existan testigos ni pruebas que lo inculpen de los delitos que se le imputó. Ante este escandaloso fallo, la Sala Nacional le aumentó después a 35 años la pena a Polay.

Agraviados

En el caso de presunta corrupción de la administración de justicia que comentamos, a los perjudicados se les acusa de manera injusta y politizada, de ser responsables de la ejecución extrajudicial de 8 presuntos terroristas, acaecidas en el distrito de Pucará, Junín, el 4 de noviembre de 1989.

La acusación es injusta porque carece de pruebas que la sustenten y porque los dictámenes de la Fiscalía y del juez instructor se han basado en un solo testigo directo cuya versión ha sido desmentida por los hechos y por los demás militares implicados en el proceso.

El Ministerio Público se ha limitado a repetir en su dictamen la versión de la CVR, sin verificarla ni examinarla, en la cual se consigna testimonios sumamente contradictorios sobre lo que aconteció en Pucará el 4 de noviembre de 1989.

La llamada justicia “especial” es política porque es evidente que busca involucrar institucionalmente al ejército y al gobierno de entonces, para darle sustento a la tesis de la ex CVR que sostiene que el estado democrático y sus fuerzas armadas aplicaron una represión indiscriminada contra la población y montaron como un “aparato criminal” contra el terrorismo.

También es política porque persigue selectivamente a algunos militares, y hace la vista gorda en los casos en que podrían estar comprometidos oficiales que colaboraron con los gobiernos de Valentín Paniagüa y Alejandro Toledo, como por ejemplo el general Walter Ledesma Rebaza, quien fue jefe operativo de Ayacucho, o el general Marciano Rengifo, que fue jefe del Comando del Frente Interno de las Fuerzas Armadas (COFI), responsable de la lucha antiterrorista.

García en la mira roja

Pero el objetivo político mayor de las ONG que promueven el juicio por el caso Pucará es el ex presidente Alan García, ya que los hechos procesados se produjeron en 1989, cuando el actual jefe de estado ejercía su primer gobierno (1985-1990).

Todo indica que las muertes de Pucará fueron un hecho confuso, pues ni siquiera está claro que haya sido un exceso militar. Más parece producto de una serie de circunstancias fortuitas que confluyeron en una fatalidad, como veremos más adelante.

Sin embargo, la ex CVR y las ONG que trafican con los derechos humanos han construido una historia politizada del crimen, y se han asegurado de que los fiscales y jueces encargados de ver el caso hagan suya semejante farsa.

En esa dirección ya han comenzado a construir su famosa “cadena de mando”, comenzando por el entonces jefe de la División de Fuerzas Especiales del Ejército, general Juan Briones Dávila, quien de hecho es el principal acusado del fiscal.

Los abogados de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL) que participan como “parte civil” en el juicio han pedido en la segunda audiencia que la sala cite al comandante general del ejército de entonces, el general Artemio Palomino, con el fin evidente de involucrarlo en los hechos, como parte de la “cadena de mando”. Así seguirán subiendo hasta llegar al presidente Alan García como “autor mediato”.

Ya lo había advertido, amenazante y soberbio, el máximo ejecutivo del IDL, Ernesto de la Jara, en una entrevista con Mariela Ballbi publicada en El Comercio, el 5 de junio del año pasado: “El Apra tiene terror a los DD.HH. porque tiene cuentas pendientes… Yo le aconsejaría al presidente que se allane ahora a las investigaciones de este Poder Judicial por violaciones de DD.HH. Cuando deje el poder será peor”.

Los actores centrales

Los actores centrales de esta farsa judicial son las ONG de derechos humanos de origen marxista o promarxista, las cuales se hallan empeñadas desde hace décadas en enlodar la actuación que cumplieron las fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo, y en presentar a los terroristas como “luchadores sociales” víctimas del estado.

Están representadas en este caso por dos abogados del IDL conocido pasado izquierdista, Carlos Rivera Paz y Antonio Salazar, quienes patrocinaron en el juicio a Alberto Fujimori a los familiares de los presuntos terroristas ejecutados extrajudicialmente en los casos en Barrios Altos y La Cantuta.

El IDL integra la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la cual colaboró con la ex CVR en los trabajos que hizo ésta. De hecho, una alta funcionaria de la Coordinadora, Sofía Macher, fue además integrante de la CVR.

Es aquí donde encontramos un grave problema de presunta manipulación y corrupción de la administración de justicia que el país conoce pero las autoridades se niegan a investigar y sancionar porque tienen miedo de ser víctimas del aparato mediático de las ONG.

La CVR denunció ante la justicia 73 casos de supuestas violaciones de derechos humanos, la mayoría de ellos contra las fuerzas del orden, y para asegurarse de que sus acusaciones acaben en sentencias condenatorias metió las manos en la administración de justicia.

Con el pretexto de que nuestro sistema judicial no estaba preparado para asumir la nueva carga procesal, y que tampoco tenía experiencia en procesar casos de “derechos humanos”, la Coordinadora, por medio de la ONG Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y de la ONG extranjera Centro Internacional para la Justicia Transicional (CIJT), penetraron el Ministerio Público y el Poder Judicial para asegurarse que los juicios terminen en condenas para los acusados por la CVR.

Entre los años 2002 y 2005, funcionarios de la CIJT llegaron al Perú para realizar, junto con Aprodeh, talleres de “capacitación” para fiscales y jueces, en los cuales estos fueron aleccionados en la forma en que debían acusar o procesar los casos de “derechos humanos” denunciados en el informe final de la CVR.

En otras palabras, la CNDDHH, que es parte civil en los juicios promovidos por la ex CVR, como se ha visto en el caso Fujimori y como ocurre ahora en el caso Pucará, se ha asegurado de tener fiscales y jueces “debidamente capacitados” por ella misma. En cualquier país democrático, esto se llama corrupción y manipulación.

De esta manera, es imposible que la ex CVR y la CNDDHH pierdan alguno de los juicios que promueven contra ronderos, policías y militares por presuntas violaciones de derechos humanos, ya que, en los hechos, son juez y parte en los procesos.

En su momento, cuando el sistema democrático reaccione y rectifique esta inmoralidad y corrupción, los altos funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial tendrán que responder por esto ante una verdadera justicia independiente, si es que no tienen el coraje y la valentía de poner alto a tanta podredumbre.

Los hechos de Pucará

Según la acusación fiscal, o mejor dicho de la CVR y de las ONG que trafican con los DDHH, el ejército, institucionalmente, asesinó a ocho pobladores inocentes de Pucará sin razón alguna, solo para sembrar el terror entre la gente y en aplicación de una represión indiscriminada contra la población civil. Sin embargo, no aporta pruebas que lo corroboren.

El único testigo directo que respalda la acusación es un ex técnico del ejército anónimo en principio, pero después él mismo se identificó como José Leandro Román Jiménez, quien declaró al diario que había sido engañado por emisarios de la CVR para acusar a los miembros del ejército a cambio de incentivos económicos.

Román Jiménez dice que perteneció al batallón antisubversivo “Inclán” de Huancayo, al cual pertenecían supuestamente los acusados de las muertes de los presuntos terroristas, y también afirma que los inculpados utilizaron en la operación visores nocturnos que en ese tiempo ni siquiera existían en el Ejército.

Dicho testimonio no ha sido corroborado por nadie más, ni tampoco por documentación alguna, en cambio ha sido rechazado por todos los inculpados. Varios de los mencionados por el testigo secreto como miembros del batallón implicado han acreditado que cuando ocurrieron los hechos de Pucará estaban prestando servicio en otros lugares del país, se encontraban fuera de servicio, o jamás integraron dicha unidad militar.

Los otros testigos presentados por la ex CVR, todos referenciales – a los cuales el fiscal tampoco interrogó- han brindado testimonios inconsistentes y contradictorios  con la versión del único testigo directo.

Este último, por ejemplo, dice que las ejecuciones fueron realizadas por dos patrullas del batallón “Inclán”, cuyos miembros se vistieron de civil, con casacas o chompas y zapatillas, partieron del cuartel en dos camionetas civiles, y utilizaron armas con silenciadores.

Los demás testigos de la ex CVR dicen en cambio que los autores de las muertes vestían uniforme verde, chompas negras, botas y pasamontañas, y se desplazaban en un camión porta tropas del ejército con tolva de lona.

Algunos testigos que aseguran que escucharon disparos de fusiles y gritos, han declarado que no vieron nada en realidad, y que suponen que eran “cachacos” porque los motores que escuchaban desde sus casas eran de vehículos militares (¿?).

Una mujer declaró ante la CVR que varios de los que entraron a su casa y mataron a un familiar suyo eran “gringos y altos”, ¿Cómo pudo verlos si llevaban pasamontañas?

Otros dos testigos han declarado que siguieron al supuesto camión militar y lo vieron ingresar al cuartel “9 de Diciembre” de Huancayo. ¿Cómo lo siguieron si no tenían medio de transporte y el cuartel está a 15 kilómetros de Pucará?

Todo esto ha sido copiado por el fiscal Villalobos Caballero del informe final de la ex CVR y presentado como “prueba” ante el juez Rodríguez Huamaní, el cual, pese a tanta inconsistencia, resolvió que procede el juicio a los denunciados.

Los sospechosos ejecutados extrajudicialmente en Pucará son los hermanos Paulino Cabezas Condor, Raúl Cabezas Cueva, Leoncio Orihuela Medrano, Máximo Pérez Ureta, las hermanas Gladys y Madeleni Poma Vila, Isidro Valdez Rojas y Nilo Cayo Castillón Laveriano, quienes habían sido investigados por agentes de inteligencia.

En una de las ejecuciones, los implicados ingresaron a la casa de Paulino Cabezas, lo sacaron a éste y a su hijo Raúl, y se los llevaron después de dejar encerrados en un cuarto a la esposa del primero y a otros siete hijos de la pareja. Más tarde los detenidos aparecieron muertos con heridas de bala, cerca de su vivienda.

De la misma manera actuaron en las otras ejecuciones ilegales, seleccionando a los presuntos terroristas y separándolos de otras personas. Fue una acción selectiva, no indiscriminada.

¿Qué pasó entonces?

Todo indica que las ocho personas fallecidas en Pucará fueron muertas a tiros por haber estado vinculadas a Sendero Luminoso. Así consta inclusive en el propio informe de la ex CVR que el fiscal presenta como “prueba” para acusar.

También es cierto que en esa zona había entonces una pugna sangrienta entre Sendero y el MRTA por el liderazgo de la llamada “guerra popular”, en la que ambos bandos se mataban mutuamente; y que en esos días el país soportaba una violenta arremetida de las dos bandas terroristas que asesinaban y detonaban bombas todos los días en Huancayo y en el resto del país.

El suboficial Román Jimenez, único testigo, repito, declaró que dos de las víctimas, Paulino y Raúl Cabezas, fueron obligadas por los acusados a pintar consignas del MRTA para crear confusión, pero esto es algo que tampoco ha sido corroborado por nadie más.

Al parecer lo ocurrido en Pucará fue un episodio más de la guerra entre bandas terroristas y que el aparato psicosocial de Sendero busca ahora culpar a las fuerzas armadas de un crimen que estas jamás cometieron.

La otra probabilidad es que se haya producido una ejecución extrajudicial por parte de un grupo de militares descontento con la impunidad que imperaba entonces a favor de los subversivos, ya que en 1989 el país estaba totalmente convulsionado por el terror y los fiscales y jueces liberaban fácilmente a los terroristas por miedo a las amenazas.

Los militares muchas veces eran identificados por los terroristas que capturaban, quienes los amenazaban con matarlos o con atentar contra sus familiares, después de que salieran excarcelados. Este temor fue una de las causas más comunes de los excesos.

Según algunos testimonios brindados en el proceso judicial que apuntan en esa dirección, la noche de las muertes un grupo de inteligencia pidió apoyo del batallón “Inclán” para realizar una operación “en busca de información” en Pucará. El batallón se limitó a montar un cerco de seguridad en los accesos al poblado, para evitar fugas o emboscadas subversivas, sin involucrarse en un posible crimen. Y sin embargo, han sido acusados por la Fiscalía.

Otra posibilidad que debe ser investigada es si dicho operativo militar coincidió con una venganza del MRTA contra Sendero en Pucará, si los militares llegaron en momentos en que unos terroristas se estaban vengando de los otros, y se produjo entonces una balacera en la que murieron varios de los 8 muertos.

La verdad solo puede ser hallada por un Ministerio Público y un Poder Judicial verdaderamente independientes y libres de la manipulación ideológica y política de las ONG de izquierda nacionales y extranjeras que presionan para que se condene a como de lugar a los militares acusados.

RECUADRO

Un caso que ilustra la dimensión de la injusticia que se está cometiendo con el juicio por las muertes en Pucara es el del coronel EP Franck Keskleich Cappelletty, quien ha visto truncada su carrera militar por estar implicado en la acusación fiscal, y además ha sido amenazado de muerte por Sendero Luminoso, que busca vengar a sus muertos en Pucará.

La amenaza contra el coronel Keskleich está publicada en un portal de Internet que publica un comité senderista denominado Mantaro Rojo, encabezado por el “camarada Netzel”.

El coronel fue citado a la fiscalía de Huancayo el año 2004, como testigo del ex jefe del batallón “Inclán”, el entonces teniente coronel Marco Ramos Cruz, quien declaró ante el fiscal Villalobos Caballero que Keskleich y otros tres oficiales podían dar fe de que él comunicó a los oficiales, técnicos y suboficiales que el general Delgado Rojas, jefe de la 31ª División de Infantería le había ordenado que le brinde protección a un grupo de inteligencia.

Después de que tres de los testigos presentados por Ramos brindaron su declaración, (Keskleich que no testificó porque nunca le llegó citación oficial), el fiscal incluyó a los cuatro oficiales como acusados, y más tarde el juez Rodríguez Huamaní ordenó que sean detenidos.

Keskleich, su esposa y sus hijos vivieron cuatro años de angustia, fue perseguido por la policía hasta el año pasado, cuando se le cambió la orden de captura por comparecencia.

Durante todo ese tiempo Keskleich no pudo ascender por estar implicado en el proceso judicial de Pucará. Su ascenso de comandante a coronel llegó con tres años de retraso y es muy difícil que ahora pueda llegar a general por este hecho.

Él no puede declarar a la prensa por ser oficial en activo, pero su esposa nos refiere que en 1989 el batallón “Inclán” se limitaba a patrullar la ciudad de Huancayo, que entonces se encontraba acosada por una intensa actividad terrorista de Sendero Luminoso y del MRTA.

El día de las ejecuciones, Ramos Cruz convocó a sus oficiales y les ordenó que se movilizaran para tender un cerco de seguridad que protegería de una eventual emboscada a un grupo de inteligencia de la División de Huancayo que realizaría una operación de búsqueda de información. Los oficiales se pusieron a órdenes del grupo de inteligencia, el cual les ordenó vestirse de civil y portar armamento de dotación (FAL) para el operativo.

Cumplieron las órdenes sin saber lo que ocurriría, y hoy han terminado involucrados en una acusación indiscriminada, inconsistente y sin pruebas, de homicidio calificado, en la que la Fiscalía pide que se les condene a todos a 20 años de cárcel.

Algo importante es que estos hechos se produjeron en el contexto de una lucha cruenta que libraban entonces las fuerzas que defendían la democracia y los terroristas que querían destruirla. Y sin embargo, la justicia de “derechos humanos” viene procesando este caso como si hubiese ocurrido en circunstancias normales, con el fin de negarles cualquier atenuante a los uniformados que eventualmente pudieron incurrir en excesos propios de toda guerra.


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2 comentarios en “Otra farsa política-judicial: el caso Pucará

  1. ES BIEN SABIDO QUE ACTUALMENTE EN EL PERU LA UNICA “JUSTICIA”LA TIENEN LOS CAVIARES,ESTAS ONG QUE VIVEN DE ACUSAR A LOS POBRES MILITARES QUE NOS DEFENDIERON HASTA CON SU VIDA DURANTE LA ÉPOCA CRUENTA DEL TERRORISMO, PERO QUE SE ESPERA SI HAN HECHO DE ESTAS ACUSACIONES UN MEDIO DE GANARSE LA VIDA, DE TENER LUJOS Y PODER POLITICO , SINO TENDRÍAN QUE TRABAJAR DURO COMO EL RESTO DE LA GENTE HONRADA. NO SABEN O NO QUIEREN SABER QUE EL PUEBLO PERUANO YA SE DIÓ CUENTA DE SUS JUGADAS Y SON REPUDIADOS, ESTOS CARADURA QUE MAL TOMAN EL NOMBRE DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS .

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