Otro abuso judicial contra militares

 valladares               La manipulación política de los procesos judiciales persiste en  nuestro país, para vergüenza del Poder Judicial y del Ministerio Público,  y para descrédito de nuestra joven democracia, que se debilita así por la mala manera de obrar de ciertos magistrados que en vez de impartir justicia administran consignas.

                Primero fueron la sala Villa Bonilla y la sala San Martín, acusadas penalmente por haberse negado a denunciar a los presuntos autores de la matanza terrorista de los Húsares de Junín (1989), a pesar de haber recibido el testimonio de un testigo directo del crimen y reportes policiales de la Dircote que comprometen a los señalados.

Ahora le tocó a la llamada sala Talavera, acusada del delito de omisión de denuncia porque también se ha negado a denunciar a los presuntos asesinos de un detenido que fue ejecutado extrajudicialmente en 1991, en la región Huánuco.

                Los vocales Pablo Talavera Elguera, David Loli Bonilla y Jimena Cayo Rivera-Schereiber, miembros de la Sala Penal Nacional , así como el fiscal superior Isidro Prado León, han sido emplazados por el fiscal supremo de control interno, Víctor Rodríguez Monteza, para que hagan sus descargos a la acusación que enfrentan.

                Según la acusación admitida por el fiscal Rodríguez Monteza, los magistrados incumplieron su obligación de denunciar a Johny Ruiz Cárdenas y a un ex soldado identificado como “Zaraca”, a pesar de que el primero confesó que participó en la ejecución ilegal del presunto terrorista Efraín Aponte Ruiz, ocurrida el 16 de junio de 1991, en la base militar de Monzón, Huánuco.

                Ruiz reconoció ante los cuatro magistrados que fue Zaraca quien, delante suyo, le quitó la vida a Aponte, y que él no hizo nada para evitar el crimen. Su testimonio está registrado en las páginas 14, 15 y 16 del acta de la sesión  del juicio oral celebrada el 27 de junio del 2007.

 

Los Hechos

 

Efraín Aponte Ruiz y Benito Soto Aparicio fueron detenidos por una patrulla del ejército el 16 de junio de 1991, a las 6.30 de la tarde,  y trasladados a la base contra subversiva Monzón, donde fueron aislados en habitaciones separadas, como medida de seguridad, bajo la custodia de  Ruiz.

Aponte fue depositado en una cuadra donde se estaba el grupo electrógeno de la base, y Soto en un ambiente contiguo.

Según el testimonio de Ruiz, cuando éste se disponía a interrogar a Aponte, el soldado Zaraca “se metió y le aplicó corriente (al detenido); y se le pasó la mano”, ocasionándole la muerte.

El acta registra que el vocal Talavera, presidente y director del debate, le  preguntó a Ruiz si recibió una orden del capitán Jefe de la Base para que torturara al detenido, a lo que el soldado respondió que “la orden fue sacarle información, no más; la orden fue clara, no se ordenó torturar, ni mucho menos asesinar a los detenidos”.

Esta declaración, sin embargo, ha sido ignorada por el tribunal de manera incomprensible.  ¿Por qué la Sala Penal Nacional que preside Pablo Talavera asumió esa decisión tan polémica?

El contenido de la sentencia deja ver que lo hicieron con la intención de presentar el crimen de Monzón como parte de una política sistemática de violación de derechos humanos de parte del ejército peruano.

En la página 49 de la Sentencia se dice que “los hechos y la prueba revelan que se está ante un caso que constituye una grave violación a los derechos humanos, que se configura como delito de lesa humanidad, por el carácter sistemático del hecho y la tolerancia del poder estatal”.

La pregunta aquí es ¿en que se basa el tribunal para atribuirle a Valladares una conducta sistemática si solo tenia dos días en la base Monzón?. Hay una evidente intención de perjudicarlo, ya que al condenarlo por delitos de lesa humanidad el oficial no tiene derecho a ninguna clase de beneficios penales.

 

La sentencia

 

                Dice la sentencia injusta que “está probado” (al estilo del juez César San Martín) que el capitán Valladares le ordenó a Ruiz que éste asesinara a Aponte. Y sin embargo, el soldado jamás hizo esa afirmación a lo largo del proceso, tal como consta en las actas del juicio oral.

                ¿Si Ruiz declaró ante el tribunal que a él le ordenaron solo interrogar al detenido, no torturarlo, ni matarlo, y que el soldado Zaraca se metió sin orden de nadie y lo mató con la corriente eléctrica, entonces cómo llega el tribunal a la conclusión de que el capitán Valladares ordenó asesinar al sospechoso?

                Cuando la sala le preguntó directamente a Ruiz si el capitán jefe de la base tenía conocimiento de que Aponte iba a ser torturado con electricidad, el soldado no respondió a la pregunta, solo trató de liberar su responsabilidad afirmando que “las cosas se hacer con orden siempre”, contradiciendo su testimonio anterior.

                Además, el entonces capitán Valladares ha declarado que él estaba de paso por esa base, destacado por solo nueve días, y que los soldados Ruiz y Zaraca le ocultaron la muerte del detenido simulando una fuga cuando el oficial estaba atendiendo a los familiares de los detenidos. Esta versión también ha sido reconocida por Ruiz ante el tribunal.

                Ruiz y Zaraca hicieron disparos al aire y cuando el oficial llegó le dijeron que Aponte se había fugado en un descuido, saltando el cerco posterior de la base.

                A pesar de las afirmaciones de Ruiz que lo culpan a éste y de la ausencia de pruebas, la sala Talavera declaró al capitán Valladares culpable del delito de homicidio simple, como coautor, y los condenó a 20 años de prisión.

Un hecho curioso es que tampoco hay cuerpo del delito, ya que los restos hallados por los familiares de Aponte, que supuestamente eran de éste, corresponden en realidad a otra persona, según lo estableció el peritaje médico legal respectivo

    Valladares, que alcanzó el grado de coronel en su carrera militar, se encuentra actualmente recluido en un penal de máxima seguridad, esperando que se le haga justicia. Por lo pronto el fiscal de control interno Rodríguez Monteza ha admitido la demanda contra la sala Talavera, lo cual debería dar lugar a una revisión justa y necesaria del juicio, para que se condene a los verdaderos autores del crimen.

La denuncia fue admitido el 27 de abril y, de acuerdo con los plazos de ley, los magistrados denunciados debieron hacer sus respectivos descargos en el término de cinco días útiles.

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