Escandaloso encubrimiento a terroristas

Silenciosa, pero contundente, ha llegado al Congreso de la República una denuncia constitucional contra los vocales de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, César San Martín, Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, por haber exculpado del delito de terrorismo a las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y de La Cantuta, en la sentencia del juicio a Alberto Fujimori.
La denuncia fue presentada la semana pasada, en la Mesa de Partes del Legislativo, por la abogada Mariella Pichilingue, hermana del mayor EP (r ) Carlos Pichilingue, ex miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) procesado actualmente como presunto miembro del denominado Grupo Colina.
Más allá de quien haya planteado la denuncia, el contenido de la misma amerita que el Congreso investigue los graves cargos formulados contra los tres vocales, pues está sustentada en documentos oficiales y testimonios directos, es decir en pruebas fehacientes que acompañan el legajo de la acusación.
La prensa toledista y caviar, siempre “políticamente correcta”, ha privado a sus lectores y televidentes de conocer la demanda, la ha silenciado, y con ello facilita las presiones que, según sabemos, han comenzado a darse en el Congreso para que el caso sea “enterrado”. Así entienden el “derecho ciudadano a la información”.
Falta ver ahora si el Congreso tiene los pantalones suficientes para enfrentarse al poder caviar que manipula a la justicia, y para extirpar de una vez ese cáncer corrupto que se ha enquistado en nuestros tribunales para favorecer al terrorismo. O si mantiene la misma actitud cómplice que, por ejemplo, mantiene impunes a los directivos de las ONG caviares que se aprobaron los indultos de sus clientes terroristas durante los gobierno de Paniagua y Toledo.

La sentencia

El presunto delito de infracción a la Constitución atribuido a los vocales San Martín, Prado y Príncipe, según la denuncia, quedó consumado en el acápite 827° de la sentencia a Alberto Fujimori, que dice: “… el tribunal hace constar terminantemente que los 29 agraviados reconocidos en los casos Barrios Altos y La Cantuta cuyos nombres se indican en el párrafo 783°, I y II del fallo no están vinculados a las acciones terroristas del PCP-SL, ni integraban esa organización criminal”.
Al formular semejante conclusión, dándole el carácter de resolución judicial, los tres magistrados, según la denuncia constitucional, han violado el artículo 2° de nuestra Constitución, que consagra el principio de igualdad ante la ley; el artículo 103°, que señala que “la Constitución no ampara el abuso del derecho”; y el 139°, que consagra la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional al señalar que “ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, ni intervenir en el ejercicio de sus funciones; tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias, ni retardar su ejecución”.
La sala San Martín, al exculpar a los de Barrios Altos sin haberlos sometido a una investigación judicial, ha quebrado el principio de igualdad ante la ley (Art 2°), ha incurrido además en un abuso del derecho (Art 103°), y ha interferido en las funciones de los órganos jurisdiccionales que aún están juzgando el caso Barrios Altos – La Cantuta al abocarse a una causa pendiente en otro tribunal.

La doble vara

El ex agente de inteligencia del ejército Douglas Arteaga Pascual jamás fue citado a declarar por la sala San Martín en el juicio al ex presidente Alberto Fujimori; sin embargo, una declaración suya ha sido utilizada por ese tribunal como fundamento para sentenciar que las víctimas de la matanza de Barrios Altos jamás tuvieron vínculos con Sendero Luminoso.
En el acápite 117° de la sentencia a Alberto Fujimori, la sala pregunta: “¿Está probado que los integrantes del destacamento especial de inteligencia Colina, días previos al 3 de noviembre de 1991, tomaron conocimiento de la realización de una pollada que se realizaría en el inmueble ubicado en el jirón Huanta 840, Barrios Altos, a través del agente de inteligencia operativo Douglas Arteaga Pascual (a) “Abadía”, quien se había infiltrado en la organización terrorista Sendero Luminoso? Y responde: “Sí, lo está”.
¿De dónde sacó este argumento la sala San Martín si nunca interrogó al agente Arteaga? Según la sentencia, tal declaración fue tomada del acta del 15 de marzo del año 2006 del juicio por el caso Cantuta-Barrios Altos, a cargo de la Primera Sala Penal Especial de Lima.
El problema para el vocal San Martín (¡y qué problema!), es que en dicha acta consta que Arteaga declaró además que, estando infiltrado en Sendero Luminoso, planeó el atentado contra los Húsares de Junín, que éste fue ejecutado por miembros de su célula disfrazados de ambulantes, que varias personas muertas o heridas en la matanza de Barrios Altos participaron en dicho ataque, y que el solar del jirón Huanta 840 era guarida de un grupo terrorista dedicado a colocar combas.
Es más, en las sesiones del 22 y 29 de marzo del 2006, según consta en las actas respectivas ignoradas por las salas Villa Bonilla y San Martín, Arteaga ratificó su versión y señaló a varios residentes de ese solar como autores del ataque contra los Húsares, entre ellos Filomeno León Borja, Tomás Livia Ortega, Clotilde Portella y otros.
Estos documentos revelan que, al dictar sentencia en el caso Fujimori, el tribunal San Martín tomó de esas actas solo una parte de la declaración de Arteaga que perjudica al Estado, e ignoró las partes que perjudican a los terroristas que asesinaron a los Húsares. ¿Por qué hicieron los vocales esa discriminación? Lo tendrán que explicar, en su momento, ante las autoridades competentes.

Atestados policiales

Pero no solo las actas que recogen el testimonio de Douglas Arteaga acusan a los de Barrios Altos, también han sido entregados al Congreso diversos atestados policiales que obran en el expediente del caso La Cantuta que ve la Primera Sala Penal Especial que manejan las vocales Inés Villa Bonilla e Inés Tello de Ñecco.
La sala Villa Bonilla se ha hecho de la vista gorda ante esos documentos contundentes y reveladores de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) que acusan a los terroristas de Barrios Altos, algunos de los cuales ha publicado La Razón.
Después de escuchar el testimonio directo de Arteaga, la sala Villa Bonilla estaba obligada a denunciar de oficio a los presuntos responsables del asesinato de los seis soldados y el policía asesinados en Barrios Altos, pero ¡se negó a hacerlo!, lo cual constituye al parecer un grave delito contra la administración de justicia.
Según la acusación constitucional, en agosto del 2005 Arteaga les contó todo sobre el atentado a los Húsares a Villa, a Tello y al fiscal Pablo Sánchez, cuando estos lo visitaron en la cárcel para pedirle que se acogiera a la confesión sincera. A pesar de ello, ninguno de los tres magistrados denunció a los presuntos autores del atentado contra los Húsares de Junín.
Por todos estos hechos, las vocales Villa y Tello fueron recusadas en el juicio por el caso Barrios Altos – La Cantuta. La recusación fue denegada, pero luego fue apelada ante la Corte Suprema, donde sigue sin resolverse hasta ahora.
En mayo del 2006, Tello, Villa y Sánchez fueron denunciados ante el Ministerio Público por el presunto delito de encubrimiento. La primera declaración indagatoria tardó un año en realizarse, en extraña pero comprensible lentitud fiscal. Este caso está durmiendo el sueño de los justos en la 38° Fiscalía Provincial de Lima.
Como se aprecia, ciertas instancias del Ministerio Público y del Poder Judicial se mueven a ritmo que les impone un grupo operativo que actúa entre las sombras en ambas instituciones y que les brinda impunidad a los jueces y fiscales que se someten al poder político, al más puro estilo siniestro de Vladimiro Montesinos.

Derechos humanos

Estos hechos afectan en última instancia los derechos humanos de las víctimas asesinadas por los terroristas en el atentado contra los Húsares de Junín. Me refiero a los seis soldados y el policía que fueron asesinados en ese ataque perpetrado el 3 de junio de 1989, en el jirón Junín de los Barrios Altos. También a los 11 ciudadanos que sobrevivieron a graves heridas, y a las ocho familias que perdieron sus casas.
Todos ellos tienen derecho a conocer la verdad, a saber quien asesinó a sus seres queridos; tienen derecho a la justicia, más aún cuando hay un testigo directo que ha identificado plenamente a los presuntos criminales, así como una copiosa investigación policial que inculpa a los sospechosos.
Lo más grave aquí es que los jueces y fiscales que han visto el caso Barrios Altos se han dedicado sistemáticamente a encubrir a los criminales, ignorando pruebas y testimonios contundentes, o manipulándolos parcialmente para otros fines, yendo en contra de la correcta administración de justicia.
No tengo ninguna esperanza en que el actual Poder Judicial que encabeza el vocal Javier Villa Stein vaya a hacer justicia en este caso, porque ha dado muestras claras de que ha sido asimilado por el poder oscuro que manipula desde las sombras a nuestros tribunales con fines políticos.
Lo mismo opino de la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz. Las más altas autoridades de ambas instituciones se han dejado arrastrar por una sed de venganza irracional que no repara en dañar a la propia sociedad con tal de consumar la vendetta. El orden constitucional señala que le corresponde entonces intervenir al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), pero éste tampoco ha hecho nada en los últimos años para moralizar la justicia.
Por fortuna aún nos queda algo de libertad de prensa para escribir estos hechos, para que se sepa la verdad, para que ésta quede grabada en blanco sobre negro, para la posteridad, porque lo que importa al final es el juicio de la historia.

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