Juicio a Fujimori: Llegó la hora de la verdad

 

No es mi intención en este análisis establecer si el dos veces elegido presidente de la república Alberto Fujimori Fujimori es culpable o inocente de los hechos que se le imputan. Esto lo resolverá en breve la justicia. Estas líneas están destinadas a hacer un balance final del histórico juicio, para que lector saque sus propias conclusiones.

Cuando la defensa está a punto de terminar su alegato, y después de haber seguido las audiencias a través de la televisión, ha quedado la impresión de que la Fiscalía no ha podido probar de manera indubitable que el ex presidente tenga responsabilidad penal en las ejecuciones extrajudiciales de los casos La Cantuta y Barrios Altos. Veamos por qué.

             Los documentos, testigos e indicios que han sido presentados para sustentar la acusación no permiten tener la certeza, sin margen de duda, de que Alberto Fujimori autorizó la creación del Grupo Colina y las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

Los testigos de cargo que fueron convocados para dar fe de que Fujimori ordenó los crímenes investigados admitieron ante el tribunal que no les consta que así haya sido, sino que oyeron esa versión de terceras personas que, al dar su testimonio ante el mismo tribunal, lo negaron de manera terminante.

            Los documentos considerados decisivos por la Fiscalía – el supuesto manual de lucha antisubversiva, los memorandos del ejército sobre el Grupo Colina y la supuesta felicitación del presidente Fujimori al Grupo Colina – defraudaron, pues en el juicio se estableció que dicho manual es un texto sin valor oficial y que los memorandos podrían comprometer a lo mucho a ex oficiales del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), pero en nada a Fujimori.

            La “felicitación presidencial al Grupo Colina”, quedó descartada por dos oficios de 1991 y dos testigos directos, el general PNP (r) Héctor John Caro y del general EP (r) Julio Salazar Monroe, que prueban que la felicitación estuvo dirigida al Grupo de Análisis creado en enero de 1991, que éste nada tuvo que ver con Colina, y que la creación del equipo de analistas se aprobó por iniciativa de la DIRCOTE, son del SIN.

            El “eslabón perdido” que creyó haber encontrado la Fiscalía para reconstruir la cadena de mando que supuestamente le permitía a Fujimori darle órdenes al Grupo Colina, o tener el dominio de los actos de éste, quedó así desarmado.

 

Testigos de cargo

 

Los principales testigos de cargo fueron los familiares de las víctimas, varios periodistas de conocida posición antifujimorista, y un grupo de ex integrantes de Colina beneficiados por la ley de colaboración eficaz a cambio de brindar información útil para condenar a Fujimori.

Los familiares de los ejecutados extrajudicialmente relataron los hechos desde su perspectiva de personas afectadas y dolidas, pero no aportaron ninguna prueba que pudiera acreditar la presunta responsabilidad del ex jefe de estado en los hechos investigados.

Los periodistas Ricardo Uceda, Gustavo Gorriti y Edmundo Cruz dejaron en claro que no les consta que sean ciertas las acusaciones a Fujimori contenidas en sus informes periodísticos, y admitieron que estos se basan en versiones de terceras personas, en deducciones suyas y en valoraciones de carácter político, no en hechos o documentos.

Los militares acogidos a la colaboración eficaz acusan a Fujimori de haber conocido la existencia de Colina, o de haber dado “luz verde” a las ejecuciones. Sin embargo, lo hacen en términos condicionales (habría, sería) a partir de deducciones, y admiten además que tampoco les consta la actuación de Fujimori sino que ellos también la oyeron de terceras personas.

El testigo principal de la fiscalía, Humberto Jara, autor del libro “Ojo por ojo”, presentó documentos que, según dijo, confirmarían que Fujimori ordenó aplicar una guerra de “baja intensidad” para aterrar a la población en general. Dichos documentos son un texto y un manual de inteligencia, respectivamente, que están citados en su libro.

No obstante, al ser leídos ambos documentos en el juicio oral, se constató que el primero era un simple borrador, y que en el manual tampoco hay una orden presidencial de ejecutar una guerra de “baja intensidad”, sino  todo lo contrario: instrucciones precisas de respetar los derechos humanos.

Jara también sostuvo que las directivas de la “guerra sucia” fueron impartidas por Fujimori oralmente, para no dejar huella, alegando que así se lo había contado el mayor EP (r) Santiago Martin Rivas en unos vídeos y grabaciones de sonido que entregó a la sala.

Al ser revisado dicho material, en audiencia pública, tampoco apareció en ellos ninguna declaración de Martin Rivas que confirme lo que afirma Jara. Por lo demás, Rivas, en su testimonio ante el tribunal, ha señalado que esas grabaciones corresponden a ensayos que hizo, con contenidos ficticios, para una entrevista periodística o una comparecencia judicial.

 

Acusación mutante

 

En las últimas semanas, la fiscalía y la parte civil han insistido en afirmar ante los medios de comunicación social que el ex presidente debe ser declarado culpable porque “no hizo nada” para impedir los excesos policiales o militares durante la lucha contra el terrorismo.

            Esta afirmación supone un segundo cambio de facto de la acusación fiscal, en plena marcha del juicio oral.

El Código Procesal Penal establece que la acusación fiscal puede ser cambiada en medio del juicio siempre que la Fiscalía haga una sustentación motivada, para que el acusado pueda replantear su defensa, en salvaguarda del debido proceso. Esto se ha incumplido y la sala lo ha permitido silenciosamente.

La acusación original, presentada por el fiscal titular José Peláez Bardales, sostiene que Alberto Fujimori fue el jefe del Grupo Colina y que, desde esa posición, ordenó los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.

            La segunda acusación, impuesta a mitad del juicio por el fiscal adjunto Avelino Guillén, sostiene que Fujimori es “autor mediato” del crimen, “porque fue la cabeza de un aparato criminal de poder”. Como se aprecia, está basada en una caracterización política del gobierno de Fujimori desde una óptica de izquierda, en vez de sustentarse en una apreciación jurídica.

            La tercera acusación impuesta de facto por la fiscalía sostiene que Alberto Fujimori debe ser condenado por omisión, porque supuestamente “no hizo nada” para impedir la “guerra sucia”.

            Sin embargo, la defensa ha mostrado documentos y hechos que indican que Fujimori aprobó, desde 1990, normas y medidas en defensa de los derechos humanos, destinadas a frenar eventuales excesos policiales y militares.

Por ejemplo, la Directiva Presidencial 001, de diciembre de 1990, que ordena el respeto de los DDHH en todas las operaciones antiterroristas; la ley que tipifica el delito de desaparición forzada de personas, de julio de 1992; la ley que autoriza a los fiscales a inspeccionar las comisarías y cuarteles, de julio de 1992; la ley de arrepentimiento que da oportunidad a los terroristas para que se reincorporen a la sociedad, de mayo de 1992; las leyes que crearon los juicios sumarios y los jueces sin rostro para los casos de terrorismo; la ley que dio a los condenados injustamente por terrorismo los beneficios de reducción de pena, indulto, derecho de gracia, conmutación de pena, exención de pena, revisión de pena, corte definitivo de proceso, anulación de antecedentes, condonación de multas, etc; entre otras.

También dispuso la recuperación pacífica de las universidades (1991), que fue apoyada por estudiantes y profesores; y un mayor apoyo económico y logístico a la Dircote que permitió que entre 1991 y 1996 se capturara vivos a 20,142 terroristas, a quienes se les respetó la vida.

 

El juicio mediático

 

Paralelo al juicio oral, se ha desarrollado el llamado “juicio mediático” que bien podría definirse como un carga montón excesivo de cierta prensa contra el acusado.

Nadie niega el derecho de esos medios a opinar que Fujimori es culpable. El problema es que desinforman a la ciudadanía, presionan abiertamente al tribunal para que condene al ex presidente, y le niegan a éste el derecho fundamental a la presunción de inocencia, consagrado en la Constitución del Perú y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Es deber de la prensa democrática y comprometida con la defensa de los derechos humanos respetar escrupulosamente la presunción de inocencia que le asiste a todos los ciudadanos, incluido Fujimori.

Los medios de prensa embarcados en el “juicio mediático” incumplen este deber ético y violentan a diario aquel derecho fundamental de la persona humana. Exhiben además un temor evidente a que el tribunal absuelva a Fujimori porque durante años les han dicho a sus lectores o televidentes que el ex presidente “es un asesino, un corrupto, un genocida”.

Por esa razón han silenciado o minimizado los alegatos del defensor, mientras que, de manera simultánea, le han dado grandes espacios a los fiscales y a los abogados de la parte civil. Para estos hay portadas, entrevistas e informes extensos. Para la defensa ni una entrevista, solo breves reseñas en las páginas interiores, nada imparciales por cierto.

Es singular el caso de un diario centenario que nunca ha entrevistado al abogado defensor, siendo éste uno de los protagonistas del principal proceso penal de nuestra historia.

En las escuelas de periodismo, a los alumnos de los primeros ciclos se les enseña que cuando uno debe informar sobre un hecho controversial, está obligado por la ética a divulgar por igual las versiones de las partes confrontadas. En este juicio, cierta prensa les está dejando a los futuros periodistas la enseñanza nefasta de que la pasión y el interés particular están por encima del deber y del correcto proceder profesional.

 

Ante los ojos del mundo

            El último acto del juicio oral, antes de la sentencia, será el alegato personal del acusado Alberto Fujimori, el cual, según ha adelantado su abogado, será pronunciado en dos sesiones continuadas.

Después, los tres vocales de la sala, César San Martín, quien la preside, Hugo Príncipe Trujillo y Víctor Prado Saldarriaga, iniciarán la etapa de deliberación, la cual se espera que dure unas tres o cuatro semanas, al final de las cuales emitirán la sentencia.

El país espera que los magistrados actúen con absoluta imparcialidad, con justicia, y sobre todo con valentía y hombría de bien, para no dejarse influir por las amenazas abiertas y veladas que han recibido a lo largo del proceso en el “juicio mediático” paralelo, desde el cual les ha “advertido” que “la única sentencia justa es la condenatoria”.

Deben tener presente además que la resolución que firmarán será histórica porque están juzgando por primera vez a un ex presidente de la república, pero también porque la sentencia será materia obligada de estudio del Derecho Penal en el mundo, y los expertos la analizarán y la discutirán exhaustivamente. El fallo le mostrará al resto del mundo cómo son y cómo actúan los hombres que administran justicia en el Perú.

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2 comentarios en “Juicio a Fujimori: Llegó la hora de la verdad

  1. Creo fehacientemente que el comunismo internacional, asesorados por ONG con tendencia a crear el caos en los países pobres y a si dar rienda suelta a sus maquiavélicas ideas; son las que gobiernan en nuestro país. Todos los que siguen sus recomendaciones se le deben considerar TRAIDORES A LA PATRA.

    Mi nombre: Carlos Gonzales.

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