Sentencia a Salazar Monroe se basa en falsedades

 

 La sentencia condenatoria de 35 años de cárcel impuesta al general EP (r ) Julio Salazar Monroe, por el caso La Cantuta, dictada por la sala Villa Bonilla, está sustentada en una suposición falsa que sostiene que el Grupo Colina fue creado en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), por disposición del oficial condenado, que era entonces jefe del SIN.

La resolución judicial que sentencia a Salazar Monroe sostiene, como argumento central, que Colina se originó en el Grupo de Análisis de Inteligencia que fue conformado en 1991 para analizar los documentos de Sendero Luminoso que había requisado la policía antiterrorista (Dircote) al allanar dos guaridas en las que se ocultó Abimael Guzmán.

Esta afirmación es falsa, pues los ex miembros de Colina que han rendido sus testimonios ante la sala Villa Bonilla, y también en el juicio a Alberto Fujimori, jamás han mencionado que el general Salazar Monroe, ni tampoco el Grupo de Análisis, hayan tenido alguna participación en las ejecuciones extrajudiciales de presuntos terroristas. Es más, los ex Colina ni siquiera aluden o insinúan la participación del ex jefe del SIN.

La sala Villa Bonilla, sin embargo, hizo suya la versión mediática y política que sostiene que Colina y el Grupo de Análisis son lo mismo, aun cuando existen hechos y pruebas sólidas que corroboran todo lo contrario.

En todas sus testimoniales, el general Salazar Monroe declaró que el equipo de analistas de inteligencia fue constituido con el encargo expreso de realizar el trabajo mencionado, y después de terminada su misión quedó disuelto, retornando cada uno de sus integrantes a su respectiva unidad militar.

También declaró que dicho equipo fue conformado en enero de 1991, a pedido del entonces jefe de la Dircote, general Héctor John Caro, quien corroboró ante el tribunal Villa Bonilla, y también ante la sala que juzga a Alberto Fujimori, que es verdad que él pidió el apoyo de analistas militares para revisar los documentos capturados a SL con el propósito de reformular, si fuese el caso, la estrategia de lucha contra la banda armada maoísta.

John Caro confirmó igualmente que la decisión de crear dicho equipo se tomó en una reunión que sostuvieron él, el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte) y el general Salazar Monroe, en la oficina de éste, en el SIN.

La prueba material de que el grupo de análisis se constituyó para ese fin es el documento final que produjo, titulado “Texto de Inteligencia Estratégica, PCP-SL”, el cual fue entregado por el entonces jefe del Sin a los comandantes generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Dircote, tal como también lo confirmó el coronel Benedicto Jiménez.

El documento fue presentado como prueba de descargo ante la sala Villa Bonilla, pero ésta lo ignoró al momento de dictar su sentencia.

Otro hecho que confirma que el Grupo de Análisis nada tuvo que ver con Colina, es que aquel estuvo integrado por seis oficiales analistas: dos del SIN, uno por la Dirección de Inteligencia de la Marina y tres por la Dinte, de los que sólo tres han sido involucrados en el proceso judicial por las ejecuciones extrajudiciales de La Cantuta y Barrios Altos: los mayores Santiago Martin Rivas y Carlos Pinchilingue, y el coronel Fernando Rodríguez Zabalbascoa.

Los ex jefes de la Dircote que han rendido sus testimonios durante el juicio oral también corroboraron que los analistas trabajaron al principio en una ambiente de esa dependencia policial hasta junio de 1991, cuando se trasladaron a un taller en desuso del ejército situado frente a la sede del SIN, en Las Palmas, Surco.

Una prueba importante de descargo es el memorando que el general Salazar Monroe le envió al jefe del grupo de análisis, en noviembre del mismo año,  para que realizara una exposición final del trabajo realizado, la cual se llevó a cabo el 20 de Noviembre. Este documento también fue ignorado por la sala Villa Bonilla al dictar sentencia.

Otra prueba presentada es el oficio que le envió el general Salazar Monroe al entonces presidente de la república, Alberto Fujimori, en el que consta de manera detallada la misión puntual que le fue encomendada al grupo de analistas.

Este documento ha sido utilizado de manera maliciosa por cierta prensa para “probar” que Fujimori felicitó a los miembros de Colina, pese a que en el papel aparecen solo tres procesados bajo el cargo de haber formado dicho grupo.

Finalmente, está probado que después de la distribución del documento final elaborado por los analistas, estos regresaron a sus respectivas instituciones y el general Salazar Monroe no volvió a tomar contacto con ninguno de ellos, lo cual ha sido comprobado por todos los enjuiciados.

A la luz de lo narrado no queda ninguna duda de que el general Julio Salazar Monroe jamás fundó el llamado grupo Colina, y de que fiscales que lo acusan y los jueces que lo condenaron han trabajado bajo una hipótesis falsa, con el agravante de que se han negado a valorar cabalmente las pruebas y testimonios presentados por la defensa.

A esto hay que añadirle que el tribunal le ha aplicado al oficial, de manera retroactiva, una ley penal que lo perjudica y que no estaba vigente cuando ocurrieron los hechos juzgados, lo cual viola el Principio de Legalidad consagrado por el Derecho universal, por la Constitución de la República y por todas las legislaciones promotoras de los derechos humanos.

Además, esta sentencia aberrante ha sido remitida a la sala que preside el vocal César San Martín para que sea usada como jurisprudencia para una eventual resolución condenatoria contra el ex presidente constitucional de la república Alberto Fujimori.

Tal como lo señalé anteriormente, el fallo de la sala Villa Bonilla en contra del general Julio Salazar Monroe pasará a la historia de la justicia mundial como un baldón vergonzoso para los jueces peruanos y como un ejemplo de cómo es que no deben actuar jamás los magistrados honestos y justos.

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