Pomac: Complot y democracia maniatada

La posibilidad de que la matanza de Pomac haya sido un complot debe ser investigada por las autoridades competentes a la luz del informe que el servicio de inteligencia policial de Lambayeque elaboró el año 2005, en el que se advierte de manera detallada que los invasores tenían armas de fuego largas en su poder.

En vista de que ninguna autoridad ha negado la autenticidad del informe, publicado por el diario La República, debemos entender que el documento es auténtico.

El informe contiene los nombres de los presuntos integrantes del grupo armado, el tipo de fusiles y de munición que manejaban, e indica que los criminales tenían la instrucción precisa de disparar contra la policía cuando se produjese el desalojo.

Ante este hecho, hay solo dos explicaciones posibles a lo sucedido en Pomac: El informe fue ocultado a los responsables de la operación de desalojo, o estos lo conocieron pero decidieron ignorar las advertencias del documento. Esto es lo que deberá esclarecer e informar el ministro Hernani al Congreso de la República.

En cualquier caso, los oficiales que ocultaron o ignoraron el informe lo hicieron a sabiendas de que su decisión facilitaría un ataque sorpresivo y sangriento contra los policías, tal como ocurrió en el desalojo. Esto nos lleva a pensar que ha sido al parecer un complot para desestabilizar al jefe de la PNP, al ministro del Interior o al gobierno en general.

Son conocidas las viejas pugnas que hay entre los oficiales que pertenecieron antiguamente a la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones, pero más allá de esa rivalidad, no se debe descartar que los conspiradores sean quienes han sido afectados por los cambios hechos en la PNP por el ministro Hernani.

Entre esos cambios destacan la aplicación de un control efectivo del manejo de los recursos de la institución – gasolina, rancho y destaques de personal -, y la decisión de poner las Comisarías bajo la supervisión de los alcaldes, lo cual reducirá en gran medida lo que todos saben: que el hampa actúa impunemente porque paga coimas a muchos comisarios, y qye estos “reparten” más arriba..

Invitó a mis colegas de todos los medios de comunicación a que le pregunten a los alcaldes qué es lo que piensan de la gestión del ministro del Interior.

El ministro Hernani puede ser torpe al declarar a la prensa, pero es el único que ha atacado a fondo la corrupción en la PNP. Como se dice en criollo, “ha agarrado nervio y carne”, y por eso se ha puesto en el disparadero de la corrupción policial.

Por otra parte, es urgente que el gobierno y el Congreso acaben de una vez por todas con la impunidad con que ciertos sectores de la población se están acostumbrando a atacar a la autoridad policial, alentados por las ONG izquierdistas y la  prensa incondicional de estas.

El gobierno y el Congreso saben bien que esa conducta perniciosa es azuzada por grupos de agitadores políticos que buscan es desacreditar al sistema democrático, y sin embargo hacen poco o nada para impedirlo.

Como dice Uri Ben Schmuell, tenemos “una democracia boba que cierra los ojos ante los desmanes porque los gobernantes se hacen en los pantalones y no respaldan políticamente a las fuerzas del orden ni les permiten hacer uso legítimo de la fuerza. Dicen que el objetivo es evitar el ´costo social´, pero la verdad es que les espanta las portadas de la argolla mediática caviar, los chillidos de las ONG y la posibilidad de caer en las encuestas”. Una explicación más clara, imposible.

Esa argolla mediática justifica la anarquía y la violencia al presentar los ataques criminales contra los agentes del orden como si fuesen una forma válida y justa de ejercer el derecho a la protesta.

Por ejemplo, el diario toledista La República, en su edición del viernes 23, titula así su informe del caso que nos ocupa: “Investigan a 42 por violencia en Pomac”. Y en su información dice: “…en el santuario de Pomac, donde murieron dos policías”, “a 17 de los detenidos se les atribuye presunta responsabilidad en las muertes de los policías”.

El diario se niega a decir que los policías fueron asesinados a sangre fría. Para La República no hubo una matanza de agentes desarmados, estos simplemente se “murieron”. Pero si los fallecidos hubiesen sido terroristas o agitadores, el diario se habría esmerado en usar su jerga favorita: “masacre”, “matanza”, “genocidio”, “violación de derechos humanos”, “delito de lesa humanidad”, etc.

Los responsabilidad de las ONG políticas de izquierda es por haberle impuesto al estado democrático un andamiaje legal espurio con el que han criminalizado el uso legítimo de la fuerza por parte de la policía.

Con millones de dólares, esas ONG han comprado influencia mediática y poder de facto. De esta manera han inoculado a políticos, periodistas, fiscales y jueces una doctrina extremista del Derecho que sostiene que el delincuente siempre es víctima de la sociedad y que el policía es un instrumento represor del estado burgués.

Con ese poder ilegítimo, financiado desde el exterior, han secuestrado al estado de derecho y a la democracia, han liquidado el principio de autoridad y la independencia de la justicia, han instituido la censura de prensa solapada, la persecución y el acoso político.

Pero, repito, nada de esto sería posible sin la pasividad e indolencia del gobierno y del Congreso, los cuales se hacen de la vista gorda frente al problema.

La lógica perversa que han impuesto las ONG en la prensa y en el estado le inculca al ciudadano que policía es sinónimo de criminal en potencia, y que atacar al uniformado, destruir la propiedad o sabotear la economía, es una forma legítima de “protesta social”.

Si un policía mata a un agitador es juzgado por delito de lesa humanidad, se le presume culpable de pertenecer a un “aparato represivo”, se le considera ejecutor de un crimen premeditado por la democracia burguesa. El castigo es de 25 o 30 años de cárcel.

Pero si un agitador mata a un policía, al asesino se le presume “víctima de la sociedad”, se le aplica la legislación penal ordinaria, le reconocen todos los derechos penitenciarios, y es condenado a lo mucho a 15 años de cárcel, que al final son solo cuatro o cinco años.

Es impensable que en Chile o en los Estados Unidos un ciudadano ataque a una autoridad policial y que ese acto quede impune. En los países democráticos el estado respalda al policía y es severo en castigar a quienes se atreven a faltarle el respeto a la autoridad.

Por eso creo que son culpables por igual del caos actual los promotores y mentores intelectuales del garantismo extremista, y las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo que se someten dócilmente a ese poder espurio, ya sea por cobardía o por cálculo político.

Como consecuencias de ello, los conductores agreden a las policías de tránsito, los agitadores secuestran y golpean a los agentes en las manifestaciones, los delincuentes matan sin pestañar a los uniformados, hay otra vez asaltos a bancos y secuestros con armas de guerra. Hemos retrocedido más de diez años en seguridad.

En vez de hacer declaraciones estentóreas y rimbombantes, pero vacías, de apoyo a la PNP, el presidente Alan García, Lourdes Flores, Keiko Fujimori, Luis Castañeda, y los demás políticos democráticos deben ponerse bien los pantalones y decir ¡basta ya¡ de criminalizar el uso legítimo de la fuerza.

No seamos fariseos, enfrentemos este problema en sus verdaderas causas, con patriotismo y con valor. No nos quedemos de brazos cruzados, no toleremos mansamente que nos impongan más esta “democracia boba” que socava el cimiento del estado de derecho: la autoridad.

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s