Un año del juicio a Fujimori

A un año de haberse iniciado el juicio al ex presidente Alberto Fujimori, y cerca de conocerse el veredicto en primera instancia, el balance es favorable al ex jefe de estado en el terreno jurídico, pero desfavorable en el plano mediático.

He tenido la paciencia de seguir las audiencias del juicio, y después del tiempo transcurrido me queda claro que los acusadores de Fujimori no han podido probar que el ex mandatario haya sido el jefe del grupo Colina, ni que haya ordenado los excesos atribuidos a éste.

La fiscalía y la parte civil se han percatado de la fragilidad de su acusación iba a naufragar, y la han cambiado por otra que afirma que Fujimori no fue el jefe de Colina, pero aplicó una política antiterrorista subterránea de violación indiscriminada y sistemática de los derechos humanos.

Debilidad evidente

El problema para los acusadores es que a lo largo del proceso no han podido presentar testigos consistentes, ni indicios coherentes, ni pruebas fehacientes, que corroboren los cargos en contra de Fujimori. Así lo acaban de admitir los propios acusadores, en declaraciones a los medios de prensa, con motivo del aniversario del proceso.

Ronald Gamarra, abogado de la parte civil y director del cartel de ONG marxistas y pro marxistas Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, declaró que “hay un conjunto de evidencias y pruebas indiciarias que hemos presentado que justifican una sentencia en su contra (de Fujimori) que debe dictarse a más tardar a fines de enero”.

Como se aprecia, en primer lugar Gamarra habla de “evidencias y pruebas indiciarias”, admitiendo así, de manera tácita, que no existen pruebas fehacientes contra el ex presidente.

En segundo lugar, según el Derecho, a las personas se les condena con evidencias e indicios sólo cuando estos, en conjunto, confirman de manera lógica y consistente, la hipótesis del acusador, lo cual no se ha visto en este juicio.

Además, para que haya pruebas indiciarias es imprescindible que estas tengan las siguientes características: rigor, seriedad y consistencia, algo que tampoco se ha visto en el caso que nos ocupa, pues los cargos han sido hechos a partir de testimonios de oídas y contradictorios, y de artículos periodísticos y libros carentes de fuentes identificables y confiables.

Juicio politizado

La ONG marxista Aprodeh ha declarado que Fujimori aplicó una “doble política” contra el terrorismo, una que “causó muertes y desapariciones clandestinas” y otra paralela que mantuvo un “aparente respeto a los derechos humanos”.

El problema para Aprodeh, que también es parte civil del proceso, – con Gloria Cano como abogada de los presuntos terroristas muertos en Barrios Altos -, es que la Fiscalía no ha podido probar la existencia de la primera política, mientras que la defensa, en cambio, ha mostrado documentos y testigos que han demostrado que sí se aplicó la segunda.

Por lo demás, la injerencia de Aprodeh en el juicio politiza el proceso porque, aunque muchos se nieguen a admitirlo, se trata de una organización ligada estrechamente a un partido político, el Partido Socialista de Javier Diez Canseco, quien fuera promotor de la lucha armada en los años 70’ y 80’).

No se trata entonces de una entidad independiente, neutral y democrática de derechos humanos, sino de una organización comprometida con la extrema izquierda marxista que ha defendido a terroristas, y que es enemiga política de Fujimori. Esto sin duda ha enturbiado el proceso.

El terreno mediático

En el terreno mediático, Fujimori está “perdiendo” el juicio porque no ha podido revertir la aversión de un sector de la prensa que ha tomado partido en contra del ex presidente desde que comenzó el proceso.

Este factor puede ser decisivo por tratarse de un juicio político, y porque nuestros magistrados pocas veces tienen el valor de contradecir el “veredicto” de la prensa, para no ser objeto de un linchamiento mediático.

Tal panorama podría cambiar con el reciente viraje de los diarios El Comercio y Perú 21, que han recuperado su compromiso democrático y como consecuencia de ello asumirían una actitud imparcial en el manejo de la información sobre el juicio. Veremos si esto ocurre.

Hasta ahora, esos dos medios han mostrado una actitud abiertamente parcializada en contra del ex presidente.

El proceso ingresará la próxima semana a la etapa de presentación de vídeos, y después de ésta el jurado emitirá su sentencia, la cual será apelada seguro ante otra sala de la Corte Suprema que emitirá el veredicto definitivo a mediados del 2009.

La sala que preside el vocal César San Martín se ha comportado de manera imparcial en la mayor parte del proceso, pero al inicio del juicio los magistrados interrogaron a Fujimori presumiéndolo culpable, acusándole incluso de “haber permitido” violaciones de derechos humanos.

La sala también sometió a Fujimori a un régimen carcelario excesivo para un ex jefe de estado, más duro que el que tiene Abimael Guzmán, aunque después ese régimen fue cambiado porque no encajaba con la ley.

Lo que es seguro es que la sala recibirá una fuerte presión de las ONG locales y extranjeras, y de un sector de la prensa, para que condene al ex presidente.

De hecho las presiones se han producido a lo largo del proceso. Así como ocurrió para que se permita la participación de “peritos” de parte contra el acusado, que resultaron ser funcionarios de ONG interesadas en que se le condene, o cuando se armó un escándalo mediático porque se ablandó el régimen carcelario del ex presidente.

Fujimori debería ser absuelto, porque a nadie se le condena sin pruebas fehacientes o con pruebas que admitan la duda razonable. Pero estamos en el Perú, y en la justicia peruana casi siempre se han impuesto las presiones políticas. Ojalá que acabe esta nefasta costumbre y que el tribunal San Martín haga historia haciendo respetar los fueros judiciales, por el bien del país.

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