Defender la democracia es un crimen

atentadoDefender a la democracia con las armas se ha convertido en un crimen en el Perú. Lo que es una lucha justa ha sido criminalizada a tal extremo que el policía y el soldado no tienen más alternativa que evitar el enfrentamiento con los terroristas para mantener a salvo su carrera profesional y librarse de los riesgos penales que implican hoy dispararle a un senderista.

Poco o nada sirve que el Congreso haya aprobado la ley que regula el uso de la fuerza, y que el Ejecutivo haya reglamentado la norma, si al final el sistema de administración de justicia actúa en contra de los miembros de las fuerzas del orden de manera sistemática.

Esos dispositivos legales no servirán mientras se permita que la maquinaria legal antimilitar y pro terrorista opere impunemente dentro del Ministerio Público y del Poder Judicial por medio de la red de fiscales y jueces adoctrinados por las ONG caviares.

La maquinaria opera así: Sendero o Aprodeh hacen una denuncia por delito de “lesa humanidad”, enseguida el caso es visto por un fiscal especial adoctrinado por las ONG socias de Aprodeh, el que hace la acusación casi automáticamente, casi sin investigar.

La acusación fiscal llega finalmente a un juez especial, también adoctrinado por las ONG caviares, el que encarcela al inculpado, lo presume culpable, lo trata como si fuese un asesino compulsivo, dilata al máximo el juicio, y si decide condenarlo le aplica la pena más dura.

Toda esta rutina malsana se cumple porque la ley lo manda o lo permite, señor presidente de la república y señores congresistas; así lo establece el marco jurídico vigente para los casos de terrorismo y de DDHH.

En consecuencia, si el gobierno y el Congreso quieren en verdad que cese la persecución a los soldados y policías que luchan contra el terrorismo, tienen que eliminar ese marco legal. No hay otra salida. De lo contrario, las fuerzas del orden estarán siempre maniatadas frente al terrorismo, y los peruanos tendremos que seguir presenciando una constante persecución injusta cada vez que muere un terrorista a manos de las fuerzas de la democracia.

En estos días ya se han iniciado dos nuevas cacerías, la primera contra los soldados que participaron en la ofensiva contra el reducto senderista de Vizcatán, y la segunda contra los policías del Huallaga que hace un año abatieron al “camarada JL”.

La acusación contra los combatientes en Vizcatán es indiscriminada, incluye inclusive a los soldados que murieron en la ofensiva. Todos están acusados de haber “asesinado” a cuatro terroristas que fueron abatidos en combate.

¿Si los muertos eran inocentes, qué hacían en un reducto terrorista en el que Sendero Luminoso solo permite que ingresen y transiten sus hombres o los narcos?

Los policías de la Dircote que hace un año abatieron en Tingo María a Epifanio Espíritu Acosta “JL”, segundo mando militar terrorista en el Huallaga, también han sido denunciados por el cabecilla Atilio Cahuana Yuyali de supuestos delitos contra los derechos humanos.

Cahuana acusa a los policías de haber asesinado a “JL”. Si esto fuese cierto, ¿por qué no lo mataron a él también siendo testigo del supuesto homicidio y teniendo un cargo más alto que el fallecido en Sendero Luminoso?. La acusación no resiste el menor análisis, es absurda.

¿Cobardía o complicidad?

En ambos casos, los terroristas y sus defensores no han acreditado pruebas, pero no es necesario que lo hagan para dañarlos, porque los uniformados procesados por el “sistema especial” son considerados culpables hasta que demuestren su inocencia, lo cual demora años.

Mientras tanto, los encausados son encarcelados o condenados de hecho a que su carrera se arruine, abandonados a su suerte por el estado democrático que defendieron arriesgando la vida.

A los acusados les espera el calvario de pasar por las horcas caudinas de la “justicia especial”, inventada y moldeada a sus intereses por la izquierda caviar. En realidad son tribunales de condena en los que imperan la arbitrariedad y la injusticia.

El caso del general Eduardo Bellido es emblemático: Sufrió diez años de persecución antes de ser absuelto definitivamente por la Corte Suprema de Justicia.

Mientras este sistema exista, nuestros policías y soldados acusados por los cómplices del terrorismo siempre serán sometidos a procesos arbitrarios, politizados en última instancia, en los cuales no se librarán de ser tratados injustamente.

La única manera de salvar a los policías y militares alejarlos del alcance de los fiscales y jueces especiales leales a la izquierda caviar.

Los máximos responsables del Ministerio Público y del Poder Judicial lo saben, pero no actúan por cobardía o por complicidad. No hay otra explicación.

La Fiscalía de la Nación y la Corte Suprema de Justicia han abdicado a su autonomía al permitir que se apliquen normas violatorias del debido proceso y que los jueces y fiscales sean adoctrinados por las ONG patrocinadoras de las causas contra las fuerzas del orden.

El Congreso debería pedirle a la Fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, que explique por qué las Fiscalías Antiterrorismo actúan como “mesa de partes” de las acusaciones promovidas contra policías y soldados, en vez de actuar con imparcialidad y criterio de justicia.

Si una comisión del Congreso revisara esas acusaciones verá que por lo general los fiscales admiten las denuncias sin mayor trámite y las sustentan después copiando párrafos del informe de la Comisión de la Verdad (CVR), sin investigar y sin escuchar al denunciado.

¿Por qué la fiscal Echaiz permite que esas denuncias sean vistas por fiscales que han sido adoctrinados para tratar como criminales a los soldados y policías?.

Lo mismo ocurre con el presidente saliente de la Corte Suprema, Francisco Távara, quien tiene la agravante de no haber hecho nada para impedir la injerencia política en el Poder Judicial habiendo sido jefe del Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) cuatro años.

Távara debe explicar por qué no ha hecho nada para impedir que los jueces especiales traten con mano blanda a los terroristas, presumiéndolos inocentes y luchadores sociales, mientras que a los defensores de la democracia los presumen culpables y los maltratan.

También debe explicar por qué ha permitido que esos jueces abran procesos contra policías y soldados a partir de acusaciones carentes de pruebas y sustentadas en el informe final de la CVR, como si éste fuese vinculante; y por qué ha permitido que los excesos sean tipificados como delitos de “lesa humanidad” cuando la democracia peruana jamás aplicó una política indiscriminada y sistemática de violación de DDHH.

En democracia

En los países democráticos, el policía y el soldado que se le enfrenta y le dispara a un terrorista, para impedir que éste asesine o destruya, es considerado un héroe por la sociedad. Es más, el estado lo protege legalmente eximiéndolo de toda responsabilidad penal si en el fragor del combate el policía o soldado mata al criminal.

Así ocurre en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, en España, etc. Los estados democráticos jamás permiten que un soldado enviado a combatir al terrorismo sea sometido ante el fuero penal común, como si fuese un vulgar delincuente.

Cuando una democracia impone el estado de emergencia para defenderse, los policías y soldados que actúan en ese marco están legalmente blindados. De acuerdo con el derecho universal, los terroristas son los únicos responsables de las consecuencias que se deriven de la violencia que ellos desatan.

En los casos en que los uniformados incurren en excesos propios de todo enfrentamiento, estos son vistos por el fuero policial o militar competente, el cual establece las respectivas responsabilidades individuales y aplica las sanciones que corresponden. Jamás la democracia acusa indiscriminadamente a sus defensores de delitos de lesa humanidad.

Este marco jurídico rigió en el Perú desde que comenzó la agresión terrorista, en 1980, hasta el año 2000, cuando fue trastocado por la izquierda caviar que llegó al poder con el presidente accidental Valentín Paniagua y su poderoso ministro Diego García Sayán.

Ese régimen provisional impuso el marco legal perverso que ha propiciado que la victoria militar sobre el terrorismo se convierta a la postre en una derrota jurídica y política de la democracia a manos de los herederos de Abimael Guzmán.

Por culpa de ese régimen toda acción armada de las fuerzas del orden contra el terrorismo es un presunto crimen, las fuerzas armadas son consideradas una “organización criminal”, los asesinatos terroristas son “violencia política” y los terroristas “luchadores sociales”.

Esto está pasando en el país desde el año 2000, presidente Alan García y señores congresistas. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír.

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Un comentario en “Defender la democracia es un crimen

  1. si se empieza a obligar a todos los abogados terroristas con su puesto de juez o fiscal infiltrados en las respectivas instituciones a decirnos de que universidad egresaron publicar su foto, quienes son los compañeros de promocion, cual era el nombre de la promocion que eligieron, los que ahora son ofendidos empezaran a ver como va el hilo de la madeja, estoy seguro que diego garcia sayan y otros tantos comunistas vergonzantes, como el que estuvo en venezuela como embajador, carlos urrutia, o el actor roberto moll ,asalariado de chavez, permitiran desenmarar la madeja

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