La raiz del mal

El drama que enfrentan miles de familias peruanas como consecuencia de la persecución judicial contra policías y militares tiene su raíz en la malintencionada y politizada tipificación de los excesos ocurridos durante la lucha contra el terrorismo como “delitos de lesa humanidad”, también llamados “contra los derechos humanos”.

El Perú mantuvo a lo largo del conflicto, desde 1980 hasta el año 2000, una posición clara y justa que define oficialmente al problema del terrorismo como una “grave convulsión interna” en la que algunos miembros de las fuerzas del orden incurrieron en excesos propios de toda guerra, los cuales deben ser tipificados como delitos comunes o de función, según sea el caso.

Esta posición fue sostenida de manera uniforme y constante por el gobierno de Fernando Belaúnde (Acción Popular, 1980-1985), el de Alan García (APRA, 1985-1990) y por el de Alberto Fujimori (independiente, 1990-2000), lo cual quiere decir que fue una política de estado, aplicada de manera consecutiva por tres gobiernos elegidos por el pueblo en las urnas.

Fue el gobierno provisional del 2000-2001, que ejerció el entonces presidente del Congreso Valentín Paniagüa – en alianza con la izquierda caviar encabezada por Diego García Sayán – el que cambió la posición del Perú, entre gallos y medianoche, aprovechándose de que el país estaba absorto frente a una catarata de destapes sobre la corrupción de Vladimiro Montesinos.

El 2000 la izquierda caviar capturó el Ministerio de Justicia y colocó a sus hombres como agentes del estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con la consigna de hacer que el Perú se declarara culpable de todas las acusaciones promovidas ante ese tribunal por las ONG que trafican con los DDHH y por otros defensores de los terroristas.

Se allanaron, por ejemplo, ante la denuncia por la supuesta matanza del penal de Canto Grande (1992), que fue interpuesta por la senderista Mónica Feria Tinta, y de esa manera propiciaron la sentencia infame que pretende que el Perú a indemnice y desagravie a terroristas avezados como Osmán Morote, Atilio Cahuana, y otros asesinos más.

También promovieron la reapertura del caso El Frontón (1987), el cual ya tenía la condición de cosa juzgada, con el propósito de reiniciar la persecución política al APRA y a su líder, Alan García.

Todo esto constituye una traición sin nombre ya que el Estatuto de Roma define como crimen de lesa > humanidad “a las conductas tipificadas como asesinato, > exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, > violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución, por > motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros > definidos expresamente”.

S> SSSsKLFVDHDTHDFHRETFHGNNSAJKHJKSAGUWEGGGSSSeñala además que para que el delito > mencionado sean reconocidos como tal debe darse “como parte de un ataque generalizado o > sistemático contra la población civil”, lo cual jamás ocurrió, ya que el Estado reprimió a los terroristas para detener los crímenes que estos perpetraban contra ciudadanos inocentes, no por razones políticas, ideológicas, religiosas, raciales o étnicas.

Mientras subsista esta tipificación falsa de lesa humanidad, el estado peruano será susceptible de ser demandado ante la Corte IDH si decide indultar o amnistiar a los uniformados que, en el fragor del combate, incurrieron en excesos durante la lucha contra el terrorismo, o han sido condenados o denunciados injustamente por el mismo cargo.

En tanto rija tal tipificación una amnistía puede ser impugnada por la Corte IDH –tenga o no razón- y los indultos de poco servirán porque los policías y soldados podrán ser denunciados y enjuiciados una y otra vez, por el resto de sus vidas, alegándose que los delitos en cuestión no prescriben.

Por si fuera poco, el reconocimiento oficial de que el Perú cometió ese delito supone conceder a los terroristas la condición de víctimas políticas del estado peruano: El viejo anhelo caviar hecho realidad, a espaldas del país, de manera subrepticia y cobarde.

Corresponde ahora que el gobierno democrático enmiende la traición y reafirme la posición histórica y justa que ha sostenido siempre el Perú, y retire de la Corte IDH la admisión oficial de que nuestro país cometió delitos de lesa humanidad.

Debe pedir además que dicha Corte revise los procesos en los que los gobiernos de Alejandro Toledo y de Valentín Paniagua se allanaron, en particular éste último, un régimen provisional que debió limitar su gestión a convocar y organizar nuevas elecciones.

Y finalmente, el estado democrático, por medio del Congreso, debe solicitar que el Ministerio Público y el Poder Judicial también revisen todos los procesos judiciales en los que se haya formulado acusaciones bajo la tipificación errónea de delito de lesa humanidad.

La aplicació0n de esta figura injusta ha sido promovida en la administración de justicia nacional mediante el informe final de la ex Comisión de la Verdad, el cual es tomado como si fuese vinculante por un grupo de fiscales y jueces “capacitados o actualizados” en cursos y talleres organizados por las ONG izquierdistas defensoras de terroristas.

Si la traición caviar no es rectificada por el Congreso y el Gobierno, con el respaldo de las fuerzas políticas democráticas del país, cualquier opción para hacer justicia a nuestros policías, ronderos y militares naufragará en última instancia, llámese indulto o amnistía.

Le corresponde al Congreso tomar la iniciativa en su calidad de representante soberano de la nación, mediante una iniciativa legal en ese sentido, la cual deberá ser presentada después al Ejecutivo, para que éste realice los trámites pertinentes ante la Corte IDH, y también ante el Ministerio Público y ante el Poder Judicial peruanos.

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