Amnistía para la reconciliación

El congresista aprista Edgar Núñez ha tenido el coraje de proponer una amnistía para los militares que están siendo perseguidos y procesados injustamente por supuestas violaciones de derechos humanos.
Núñez merece mi respeto y admiración porque ha tomado esa decisión a sabiendas de que la maquinaria mediática toledista–caviar, experta en triturar honras a punta de mentiras y falacias, le podrá la puntería. Ya empezó a hacerlo.
Yo apoyo la amnistía por razones de justicia, de equidad y de necesidad.

Justicia
De justicia porque los militares son injustamente perseguidos a partir de acusaciones políticas, arbitrarias e indiscriminadas, promovidas por las ONG caviares. Veamos solo unos ejemplos:
Al suboficial del ejército Augusto Venegas lo acusan injustamente de los excesos atribuidos al Grupo Colina, y lo quieren extraditar de Estados Unidos estando desahuciado a causa de una enfermedad irreversible.

Al general José Williams, jefe del comando Chavin de Huantar, lo acusan de delitos que jamás cometió por culpa de la teoría de la “cadena de mando”. Según ésta, si dos cometen un exceso, deben ser juzgados desde el jefe hasta el cocinero de la unidad, porque dicen que el Ejército actuó como una organización criminal.
Los fiscales anticorrupción han denunciado a batallones completos aplicando esa teoría, y actuando como meros tramitadores de los procuradores, sin investigar.
Al general Julio Salazar Monroe lo condenaron a 35 años de cárcel, acusándolo de ser parte del Grupo Colina ¡sin ninguna prueba, sin ningún testigo!
A los suboficiales José Tena y Douglas Arteaga los acusan de ser parte del Grupo Colina cuando en realidad fueron agentes infiltrados en Sendero Luminoso. Ellos no pertenecieron a ese destacamento.
Tena se infiltró entre los senderistas de La Cantuta, y Arteaga entre los de Barrios Altos. A ambos los tienen amenazados para que no declaren a la prensa.
Hubo además corrupción tras las acusaciones:: Los abogados de los terroristas acusaron a los militares ante la Corte Interamericana, después se convirtieron en delegados del Estado ante ese tribunal y en esa condición se allanaron ante sus propias acusaciones, para “crucificar” a los uniformados.
Después, por medio de su universidad “hermana”, La Católica, “capacitaron” a decenas de fiscales y jueces para que procesen a los militares bajo la teoría de la “cadena de mando”, con detención inmediata y sin presunción de inocencia.
Finalmente, con su poder mediático y económico presionaron a la Judicatura para que los juicios a los militares sean encargados a los “mejores” jueces y fiscales; o sea, a los “capacitados” por ellos.
De esta manera corrupta se violó el debido proceso y los derechos fundamentales de los procesados. En un país democrático, esta corrupción escandalosa sería castigada por la justicia, pero en el Perú no tenemos una Judicatura autónoma.

Equidad
Una amnistía se impone por equidad porque a partir de 1993 el Estado perdonó y amnistió de hecho a más de diez mil terroristas, en aplicación de las leyes de Arrepentimiento y de Colaboración Eficaz.
Para acogerse a ese beneficio, a los terroristas les bastó con renunciar públicamente a su ideología criminal, quemar la bandera de SL o del MRTA y colaborar con las fuerzas del orden.
Nadie le preguntó a los arrepentidos a cuántos mataste, cuantas bombas detonaste, a cuántas mujeres violaste, a cuántos niños secuestraste. En busca del bien supremo, la paz, el Estado les perdonó todo, y se olvidó todo.
Las ONG caviares no buscan “llegar a la verdad” de aquellos crímenes olvidados porque su “lucha contra la impunidad” vale solo para los uniformados. Es que SL y el MRTA no pagan reparaciones.
Si a más de diez mil terroristas que quisieron instaurar a sangre y fuego una tiranía genocida se les perdonó todo, con mayor razón deben ser amnistiados quienes se equivocaron por salvar la democracia y darnos la paz.
Pero además, a nuestros soldados y policías se les ha acusado falsamente de haber asesinado a ciudadanos civiles de manera indiscriminada, mientras que en el recuento de los hechos realizado en los juicios se ha establecido que no eran inocentes sino activistas o militantes de las organizaciones terroristas.

Una necesidad
Y la amnistía es una necesidad porque es imperioso que los peruanos lleguemos por fin a la reconciliación nacional.
Bastante ya han sufrido las familias de miles de policías y militares perseguidos por acusaciones basadas en falacias. Son ocho años que los padres de esos hogares están presos o perseguidos, con sus propiedades y sus sueldos embargados, sin abogados, abandonados por su propia institución algunos de ellos, como ocurre en el ejército.
Igual sufrimiento persiste en los hogares de muchos compatriotas que se equivocaron al apostar por el terrorismo, que ahora están arrepentidos de su pasado y que desean una oportunidad para rehacer sus vidas. Veamos el ejemplo de Yehude Simon.
La ex CVR ha fracasado en hallar la verdad y la reconciliación. Cinco años después de su informe final el Perú no ha encontrado la paz del reencuentro entre los hermanos enfrentados, porque aquella ha puesto por delante la venganza disfrazada bajo el eslogan “ni olvido, ni perdón” (sólo para los militares).
Por eso la Amnistía debe ser para todos los uniformados y ronderos procesados y perseguidos, y también para los terroristas genuinamente arrepentidos, es decir para los que estén dispuestos a pedir perdón por sus crímenes, a renunciar a su ideología totalitaria y a cumplir ciertas normas de conducta durante su libertad.
Los terroristas que persisten en su postura fanática y criminal son un peligro para la sociedad, por lo tanto no pueden ser amnistiados.

Es legal
Los traficantes de los derechos humanos dicen que es imposible perdonar “delitos de lesa humanidad”. Pues bien, esto no alcanza a nuestros uniformados porque el derecho internacional establece que se comete ese delito cuando hay una agresión sistemática y generalizada contra la población civil por razones políticas, religiosas o étnicas, lo cual no ocurrió en el Perú ya que a los terroristas se les persiguió para impedir que cometieran asesinatos y sabotajes.
Lo que resulta contradictorio es que siendo el terrorismo es el más atroz delito de lesa humanidad, las ONG y la Corte IDH han aceptado el perdón otorgado a miles de terroristas mediante las leyes de Arrepentimiento y Colaboración Eficaz.
También dicen que la Corte IDH no permite las leyes de amnistía. Falso: La Corte no puede ir más allá de lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, y ésta consagra la soberanía de los Estados para dictar las leyes que consideren convenientes. Por eso la Corte IDH no anuló la ley de Amnistía de 1995, sólo opinó. Fue el TC toledista el que la “anuló” por motivos políticos.
Además, el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas señala que los Estados tienen autonomía jurídica; y el Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que los Estados pueden aprobar leyes de amnistía.
Para pedir perdón se necesita coraje y valor, pero para perdonar se necesita más valor y más coraje. Hagámoslo ya.

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Un comentario en “Amnistía para la reconciliación

  1. TOTALMENTE DE ACUERDO SEÑOR PERIODISTA.
    SOY DE POCAS PALABRAS PERO PRECISAS.
    FELICITACIONES POR ACORDARSE DE NUESTROS MILITARES QUE EXPUSIERON SU VIDA POR CONSEGUIRNOS LA PAZ.

    QUE DIOS LO BENDIGA.

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