Del Castillo tiene que irse

La divulgación del audio en el que se menciona una posible participación de Jorge del Castillo en los hechos dolosos del llamado “petroescándalo” hace insostenible la permanencia del presidente del Consejo de Ministros en el Ejecutivo, por el bien del gobierno y por el bien del sistema democrático.

Nadie tiene derecho a negarle al doctor Del Castillo el derecho a la presunción de inocencia, porque sería totalitario e inconstitucional hacerlo, y porque en el estado de derecho sólo a la administración de justicia le corresponde establecer la responsabilidad de una persona acusada de haber sido partícipe de un acto ilícito.

El problema es que estamos ante un escándalo que debe ser enfrentado en dos niveles: uno judicial y otro político. Este último es inevitable porque el caso ha precipitado la renuncia de un ministro, del presidente de una empresa estatal, y ahora vemos presuntamente implicado al propio jefe del Gabinete Ministerial.

Por el lado judicial el proceso ya comenzó con la apertura de la instrucción respectiva y con la orden de captura dictada contra los dos principales acusados, el ex ministro y ex parlamentario aprista Rómulo León Alegría y el abogado Alberto Quimper.

Por el lado político, tras la aparición del audio sobre Del Castillo, la censura del Gabinete Ministerial planteada por la oposición en conjunto, se vislumbra como inminente. A lo mucho, podría ser dilatada por el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, si éste decide que sea debatida dentro de unas semanas, esperando que “se enfríe” el escándalo.

A mi juicio, una eventual postergación sería perjudicial para el país y para el propio gobierno, porque simplemente prolongaría de manera innecesaria la agonía de un Gabinete que, por lo demás, ha tocado fondo hace rato sobre por la incapacidad y debilidad que ha mostrado su jefe para defender la gobernabilidad.

Creo que el presidente de la república debe cortar de una vez el problema cambiando a Del Castillo y a los ministros que muestran más desgaste político, como por ejemplo Luis Alva Castro y Hernán Garrido Lecca, quien, por cierto, es mencionado en un audio como si estuviese metido en una suerte de coimas que alguien estaría cobrando en el equipamientos de hospitales. Esto también será investigado seguramente.

El cambio se impone porque el gobierno necesita un nuevo aire y porque el actual Gabinete está sumamente magullado como para asumir la representación del Perú un evento tan importante como es la próxima Cumbre Asia Pacífico, que se celebrará en nuestro país.

Creo que deben quedarse el titular de Economía y Finanzas, Luis Valdivieso; porque se necesita garantizar ante nuestros socios de la APEC la continuidad del modelo económico; la ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, quien debe culminar el proceso de negociaciones del TLC con la Unión Europea; el ministro de la Producción, Rafael Rey, quien ha mostrado coraje y valor al enfrentarse a los grupos de poder de la pesca; el de Agricultura, Ismael Benavides, porque le ha impreso una dinámica moderna y eficiente a su Sector; el de Trabajo, Jorge Villasante, porque tiene muy pocos días en el puesto; el de Educación, José Antonio Chang, porque ha realizado una gestión positiva en favor de la educación pública.

Verónica Zavala debe ser relevada, por el gran desgaste que muestra, pero para ocuparse a tiempo completo de la gran asignatura pendiente del gobierno aprista: la reforma del Estado, un tema que ella maneja mejor que nadie en el gobierno.

Los demás ministros son prescindibles (de Defensa, de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social y de Justicia), por su mediocre rendimiento.

Se ha abierto un largo proceso de investigaciones judiciales y políticas que debe darse, en nuestra opinión, sin que las pesquisas interfieran en la marcha del país, y sin que ninguna sombra empañe la imagen del Perú durante la próxima Cumbre APEC.

Un cambio de Gabinete fortalecerá a nuestro gobierno constitucional y al sistema democrático. Al final, esto es lo que importa: que nuestros ciudadanos no pierdan la fe en la democracia.

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