Un proceso judicial absurdo

El 29 de mayo del 2003, mientras se cumplía en Puno una huelga regional contra el gobierno de Alejandro Toledo, una patrulla del ejército que trataba de restablecer el tránsito bloqueado en la avenida La Floral, ubicada frente a la Universidad del Altiplano, fue agredida por una turba que le lanzó una lluvia de piedras.
Los soldados se replegaron para evitar la confrontación, e intentaron salir por la avenida Costanera, pero al ingresar a esa vía se encontraron con otra turba y se vieron así totalmente rodeados por una muchedumbre descontrolada que arremetía contra la tropa.
En tales circunstancias, y tal como lo permite el Código Penal de nuestro país, los soldados no tuvieron otra alternativa que hacer uso de sus armas en defensa propia.
Un disparo impactó en el estudiante universitario Eddy Quilca Cruz, quien fue auxiliado de inmediato y trasladado al hospital de la zona, pero lamentablemente dejó de existir en la mesa de operaciones.
En el incidente también quedaron heridos algunos otros agresores y varios militares, pero felizmente ninguno de gravedad.
Las fuerzas del orden no tuvieron otra salida que usar sus armas de reglamento, y lo hicieron amparadas por la ley por cuanto la ciudad de Puno había sido declarada en estado de emergencia y las fuerzas armadas habían sido encargadas de resguardar el orden público.
El régimen toledista, sin embargo, traicionó a los militares al permitir que el Ministerio Público manipulado por la izquierda “caviar” formulara una denuncia fiscal arbitraria e indiscriminada en la que se acusa de “homicidio” a 79 miembros de las fuerzas del orden.
¡Como si los 79 hubieran jalado juntos el gatillo del fusil del cual salieron los disparos que hirieron de muerte al fallecido!
La acusación es absurda e injusta, además, porque los fiscales caviares han incluido en ella a todos los miembros de una patrulla mixta que acudió en auxilio de la patrulla acorralada, que estuvo integrada por miembros del Ejército, de la Marina y de la Policía.
Impusieron así la tesis perversa caviar que sostiene que nuestras fuerzas armadas actúan siempre como una organización criminal, con la diferencia que esta vez la “cadena de mando” terminó en el jefe de la guarnición de Puno, y no llegó al comandante general toledista, ni al ministro de Defensa toledista, y menos a Alejandro Toledo (¿Por qué?)
Entre los acusados injustamente están los generales Carlos de la Melena Mariátegui y Wilfredo Valencia Torres, y los comandantes José Bravo Mendoza, José Bravo Véliz Vásquez.
Han transcurrido cinco años desde que comenzó este irracional proceso, y el Ministerio Público ha sido incapaz de rectificar semejante acusación violatoria de la legalidad.
La Fiscalía de la Nación sólo debe corroborar que las fuerzas del orden actuaron en una situación de emergencia y, por lo tanto, el personal procesado está exento de responsabilidad penal.
Así lo establecen el artículo 20 del Código Penal (inciso 11) y también su modificatoria del 22 de julio del 2007 (D.L. 982). Ambas normas tienen que ser aplicadas de acuerdo con el principio universal de la retroactividad benigna de las normas penales a favor del reo.
El caso está ahora en manos de la Tercera Sala Penal de Lima, el cual debe resolver una justa excepción de naturaleza de acción presentada por la defensa, la cual se sustenta en las normas indicadas que exime de responsabilidad penal a los denunciados.
Esperamos que el tribunal haga justicia con autonomía y coraje, para que empiecen a romperse las cadenas ominosas de miedo que aún atan a ciertos magistrados con el poder mediático y político de las ONG caviares y toledistas.
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