El “Moqueguazo”

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El llamado “Moqueguazo” ha sido un golpe duro al principio de autoridad, uno de los pilares fundamentales del sistema democrático en la medida que garantiza la paz que hace posible que un país trabaje sin perturbaciones y alcance así el progreso, el bienestar y la prosperidad de su gente.
El jefe del Gabinete Ministerial, Jorge Del Castillo, es el responsable por haber cedido ante la violencia en Moquegua. Dijo que no estaba dispuesto a dialogar “con una pistola apuntándole la sien”, pero terminó haciendo todo lo contrario: negoció y pactó habiendo de por medio carreteras tomadas, puentes bloqueados y policías secuestrados, golpeados y humillados por la turba.
El titular del Consejo de Ministros ha abierto así una suerte de “caja de Pandora” de la que amenazan salir “moqueguazos” multiplicados por todo el país. El mensaje que ha enviado es el siguiente: hagan su revuelta, tomen policías en rehenes y el gobierno atenderá sus reclamos.
Culpar el ministro del Interior, Luis Alva Castro, y demandar la renuncia de éste, tal como sostiene Lourdes Flores, es reducir lo ocurrido al ámbito político-policial, cuando ha sido más complejo.
Moquegua estaba pidiendo, desde hace más de un año, y de manera pacífica, un reparto equitativo del canon minero que aporta Southern Cooper, ya que Tacna recibe 700 millones y los moqueguanos sólo 290 millones, a pesar de que ésta última región produce la mayor cantidad de cobre. La PCM no resolvió el reclamo.
De manera simultánea, desde noviembre del año pasado, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), advirtió de manera reiterada al despacho de Jorge Del Castillo que Patria Roja y los humalistas estaban incitando a los moqueguanos a realizar protestas violentas. Y la PCM tampoco evitó la violencia programada.
El mayor daño a la democracia ha sido sin embargo la falta de firmeza del gobierno ante el secuestro de más de 50 policías, entre ellos el general Alberto Jordán. Y en esto no tiene la culpa Alva Castro, sino todo el Ejecutivo.
Lo lógico sería pedir la renuncia inmediata de Alva Castro y de Del Castillo, pero eso sería concederle una victoria política mayor a Patria Roja y a Humala, y ahondar el daño infligido al estado de derecho.
Este no es el momento de buscar culpables en las filas de la democracia. Pero, eso sí, el presidente García debe ir pensando en relevos indefectibles en julio, empezando por la PCM y el sector Interior..
Lo importante y urgente es restaurar el principio de autoridad resquebrajado en Moquegua haciendo la justicia castigue severamente aquel acto criminal, para que sirva de ejemplo. Que el Ministerio Público denuncie ya a los responsables del secuestro, y que el Poder Judicial les aplique con celeridad todo el peso de la ley.
Lo que hemos visto hasta ahora es la pita romperse por el lado más débil: el general Jordán. Es cierto que éste tuvo una conducta deshonrosa durante su cautiverio, pero esto no debe ser pretexto para culpar de lo sucedido a la PNP, institución que merece un desagravio y más apoyo político.
La ausencia de ese apoyo propició el secuestro humillante de los policías, y en este punto la responsabilidad mayor cae sobre el Congreso de la República, que ha sido incapaz de aprobar la ley que regula el uso de la fuerza pública.
Dicha ley es urgente, no para que el país tenga una policía fascista, que salga a meter bala al primero que proteste, sino una que se sienta respaldada por la ley cuando vea que no tiene otra opción que usar la fuerza para proteger el estado de derecho con las armas que le ha confiado la sociedad.
Esto hay que tenerlo claro porque hay ciertas ONG que pretenden criminalizar la labor policial y la de los servicios de inteligencia, con lo cual ambas fuerzas del orden quedarían atadas de manos y se facilitaría la labor de zapa de las fuerzas enemigas de la democracia.
Para cumplir ambos objetivos han iniciado una campaña nacional e internacional alegando que la policía no puede ser usada en contra de las “protestas sociales”, y que la democracia tampoco puede hacer labores de inteligencia en ciertas organizaciones sociales, porque “es una práctica dictatorial”.
La verdad es que la policía no reprime las protestas, porque los ciudadanos son libres de protestar en democracia. Lo que se reprime son delitos que se perpetran con el pretexto de protestar, como son los bloqueos de carreteras y de puentes, la destrucción de la propiedad y la agresión.
En cuanto a la restricción que pretenden imponer a las labores de inteligencia, el argumento también es absurdo porque todas las democracias del mundo hacen esa labor para defender el sistema.
El Perú, que enfrenta al terrorismo, al narcotráfico y a la injerencia del chavismo, con mayor razón tiene derecho a hacer inteligencia en aquellas organizaciones en las que suelen infiltrarse los terroristas y los chavistas para hacer su labor de zapa.
Si el estado, la clase política, la prensa y la ciudadanía no tomamos consciencia de esto estaremos abriendo las compuertas del caos y la violencia, echaremos por la borda todo lo avanzado en construir democracia y desarrollo. No seamos necios.

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Un comentario en “El “Moqueguazo”

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