La “vía crucis” de Luz Salgado

luz salgado

Lo que le ha tocado vivir en los últimos siete años a la ex congresista Luz Salgado, a raíz de las acusaciones formuladas en su contra por el sistema anticorrupción, ha sido algo parecido a un “vía crucis”, o a una historia arrancada de los archivos siniestros que registran las persecuciones de la Gestapo nazi o de la KGB estalinista.

Lo doloroso para quienes defendemos el sistema democrático y los derechos humanos, es que los que han perpetrado tan aborrecibles actos de injusticia lo han hecho atribuyéndose la calidad de representantes de la moralidad y de la democracia.

Bajo la pretexto de combatir la corrupción pisotearon los derechos fundamentales de Salgado a la presunción de inocencia y al debido proceso, derechos que con tanto ardor defendieron a favor de los terroristas durante los años en que el Perú tuvo que defenderse con todas las armas legales posibles de la agresión de Sendero Luminoso.

El caso Luz Salgado es revelador sobre todo porque la Corte Suprema de Justicia acaba de declararla inocente de todos los cargos en su contra. Veamos cómo fue.

El Congreso toledista la acusó primero de “infracción constitucional” porque ella y 16 legisladores más de su bancada se reunieron con la entonces presidenta del Congreso, Edith Mellado, y con el entonces asesor del SIN Vladimiro Montesinos, a pesar de que en dicha cita no se produjo ningún hecho delictivo.

De hecho puede ser un hecho censurable y condenable en términos políticos, pero la Constitución garantiza que las personas no deben ir al banquillo de los acusados por motivos políticos, sino por haber cometido delitos. Esto es democracia.

Después, el mismo Congreso la acusó del delito de “receptación”, a partir de una suposición de Matilde Pinchi y de un dicho oral de Vladimiro Montesinos, quien la odia porque fue una de las primeras en pedir que el “Doc” sea apartado del poder.

No hubo pruebas, ni testigos, ni documentos, ni videos, ni audios, ni tampoco una fecha exacta de la comisión del supuesto delito, pero como la acusación vino del Congreso, se le abrió proceso judicial sin que el Ministerio Público investigue.

Al presumirla culpable ilegalmente, el Parlamento toledista-caviar la inhabilitó para el ejercicio de sus labores parlamentarias el 16 de agosto del 2001, a pesar de que había sido reelegida congresista en abril de ese año. Al ser el castigo de cinco años, tampoco pudo postular al Legislativo en las elecciones de abril del 2006.

Por coincidencia, Alejandro Toledo había insistido en su campaña que jamás permitiría que la parlamentaria fujimorista vuelva al Congreso. ¡Vaya clase de demócrata!

Salgado y su colega Carmen Lozada han sido las únicas congresistas en la historia republicana que han sido desaforadas por “infracción a la Constitución”, sin que ésta figura haya sido tipificada ni reglamentada, lo cual constituye un legicidio.

Esto ha sido reconocido por expertos constitucionalistas – entre ellos Víctor García Toma – quienes han pedido que el Congreso tipifique esa falta y establezca las sanciones respectivas, para evitar que se repita la arbitrariedad cometida por el toledato contra Salgado y Lozada.

Durante la investigación congresal, según lo establecido en el juicio, se incumplieron las citaciones y las fechas para investigar; y tampoco se informó a los acusados las fechas de los testimonios de los acusadores, negándoles así la oportunidad de contradecirlos.

Además, el fiscal le entregó a los testigos de cargo copias escritas de lo que debían declarar, lo cual está prohibido ya que toda declaración debe ser espontánea.

Pero aquel desafuero parlamentario fue sólo el comienzo del “vía crucis” que le tocó vivir a Salgado durante siete años, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, ya que después un fiscal anticorrupción la denunció por enriquecimiento ilícito, sin que el Congreso aprobara esa acusación, o sea sin respetar el fuero parlamentario.

Después le levantaron el secreto bancario a ella, a su esposo y a sus hijos; le exigieron que presente recibos de luz, agua, teléfono, pagos de colegio, de universidad, gastos domésticos, que acredite sus propiedades, inclusive las que tenía antes de ingresar a la política y antes de casarse, hace más de 30 años atrás.

Y durante los siete años, la prensa “políticamente correcta” le negó la presunción de inocencia, la llamó corrupta, silenció su defensa y, finalmente, cuando la justicia la absolvió, en febrero pasado, ocultó o minimizó la noticia.

La 1ª Sala Penal Especial de la Corte Suprema la ha declarado inocente porque no hay ninguna prueba que respalde las acusaciones en contra de la ex congresista.

Es necesario, sin embargo, separar la paja del trigo, y señalar que es cierto que hubo congresistas que recibieron dinero de Vladimiro Montesinos, a cambio de someterse a éste, pues así lo ha confirmado el tribunal al sentenciar a cuatro años de prisión suspendida a los ex legisladores Roger Cáceres Pérez, Waldo Ríos, Gregorio Ticona y Antonio Palomo Orecife, hallados culpables de cohecho pasivo impropio y receptación.

Las penas a estos han sido bajas no por blandura de los jueces, sino porque en el Perú no hay leyes duras contra la corrupción. Esta es la cruda realidad que ocultan los falsos moralizadores y la prensa “políticamente correcta”.

La nota negra de esta historia la ha puesto el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, al declarar, que “los fujimoristas no deben cantar victoria”, en un comentario que politiza un tema judicial y que los suspicaces pueden entender como una amenaza.

Un estadista, un demócrata, y gobernante por añadidura, hubiese dicho: “en democracia, los fallos de la justicia se respetan y se acatan; no le corresponde al Ejecutivo comentarlos”. Pero, en fin, no podemos pedirle peras al olmo.

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