No tema, señor presidente

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El desarrollo de la reciente la Cumbre ALC-EU interrumpió y dejó en el aire un debate importante que planteó el presidente Alan García cuando denunció que hay un “cargamontón preparado y urdido para eliminar el orden democrático en el Perú”, y señaló además que “ahora el enjuiciado no es el que quema un grifo sino el policía que reacciona”. Es necesario retomarlo.

Es obvio que la oleada de vandalismo que vienen preparando los promotores del próximo “paro nacional” es financiada con petrodólares y manejada tras bambalinas por los chavistas. Los “analistas” de la izquierda caviar se encargan de “racionalizar” el pillaje llamándolo “protesta social”, y las ONG marxistas se encargan de amedrentar a la policía para que no reprima a los vándalos.

Todos aquellos desacreditan al sistema culpándolo de la pobreza extrema que en realidad ha sido parida por el estatismo populista que arruinó al Perú, el mismo que ellos predican y que pretenden restaurar por las buenas o por las malas.

Mientras los chavistas nativos hacen su trabajo de zapa en el frente interno, sus hermanos “caviares” hacen su parte también en el frente externo, derramando mentiras contra la democracia peruana en foros internacionales.

El episodio de felonía que protagonizó Aprodeh en el Parlamento Europeo, al impedir que ese organismo reconozca al MRTA como terrorista, tenía además otro objetivo: dejar constancia de que en el Perú hay un gobierno que “criminaliza la protesta social”, y persigue a los “luchadores sociales” y a los “defensores de los derechos humanos”. Este mensaje perverso lo repitió la Coordinadora Nacional de DDHH en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

En la misma línea, Ernesto de la Jara, socio de la millonaria ONG Instituto de Defensa Legal (IDL), declaró que “el Apra le tiene terror a los DD.HH. porque tiene cuentas pendientes”, y amenazó luego: “Yo le aconsejaría al presidente que se allane ahora a las investigaciones de este Poder Judicial por violaciones de DD.HH. Cuando deje el poder será peor”. ¡Cuanta asquerosa soberbia!

Susana Villarán, otra conocida “derecho humanista”, lanzó su veneno al decir que “este es un gobierno que está en contra de la defensa de los DDHH…y lo peor es que es un partido que se está poniendo más autoritario”.

Alejandro Toledo, bien rentado por el caviarismo internacional, también leyó su parte del libreto al decir que “hay una campaña contra las ONG que luchan por los derechos humanos… se ha activado desde el Estado un mecanismo para someterlas, con lo cual se afecta uno de los pilares de la democracia: la sociedad civil organizada”.

Tiene razón Francisco Soberón cuando dice que hay una campaña. Solo que la campaña es en contra de la democracia peruana, y quienes la hacen son Aprodeh, la Coordinadora y sus amigotes humalistas y toledistas.

El siguiente paso, según su modus operandi conocido, lo darán pronto sus socios del exterior, como WOLA, Americas Watch, FIDH, etc, los cuales repetirán el mismo sonsonete en informes que concluirán que hay “preocupación en la sociedad civil del Perú” porque el gobierno tiene “tendencias autoritarias”, y porque “se criminaliza las protestas sociales”, etc. etc. etc. Lo demás ya es historia conocida.

El presidente Alan García ha reaccionado bien al señalar con firmeza que cuando la Policía Nacional hace uso de la fuerza actúa en el marco de la Constitución, y al precisar que esa fuerza es legítima porque sirve para proteger el estado de derecho, la democracia y el orden público, valores “burgueses” que desprecian los marxistas.

Queda claro que es la izquierda la que pretende criminalizar la acción legítima de las fuerzas del orden, con el fin de atarlas de manos frente al vandalismo que busca desatar el caos y desestabilizar la democracia.

Están advertidos entonces los izquierdistas: La PNP, si es necesario, hará uso legal y constitucional de sus armas en defensa del orden democrático, así que si alguien sale herido por cometer actos de vandalismo no será responsabilidad de los agentes. Guerra avisada no mata gente.

Falta ahora que el gobierno cumpla con darle “la respuesta que corresponda” a las ONG caviares que socavan la democracia en el exterior, y a las que ejercen un poder siniestro sobre jueces y fiscales, al extremo que hace poco un fiscal acusó de “homicidio premeditado” a un policía que hizo uso legítimo y legal de su arma.

No les tema, presidente, enfréntelas. La última encuesta de la Universidad de Lima revela que el 83.4% de los peruanos condena y rechaza la traición de Aprodeh y de sus amigotes.

Para empezar, eche a los caviares metidos en su gobierno (Sofía Macher, por ejemplo); y lidere una cruzada para que el Congreso haga las reformas que le permitan al Perú tener un Poder Judicial y un Ministerio Público libres de la manipulación política. El país lo apoyará.

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