¿Qué hacemos con la Corte IDH?

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Ahora que se vislumbra inminente una nueva confrontación entre nuestro país y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pues todo indica que ésta ratificará el fallo que obliga al Perú a indemnizar y desagraviar en público a terroristas, es oportuno recordar y analizar los hechos que son materia de aquella sentencia.

La mediática “políticamente correcta”, y la abiertamente pro terrorista, sostienen que el Perú debe acatar dicho fallo porque nuestra policía “asesinó” a 42 terroristas presos que murieron en el motín del penal Canto Grande, que estalló el 6 de mayo de 1992.

Esta versión se sustenta en el informe final de la Comisión de la Verdad (CVR), la cual tomó como base los testimonios de los terroristas que estuvieron presos en ese penal y que protagonizaron el violento motín. (Tomo VII, Capítulo 2, Las Ejecuciones Extrajudiciales en el penal de Canto Grande)

El quid está en que la CVR sabe muy bien, porque así está registrado en su informe final, que los miembros de Sendero tienen la consigna de “denunciar el genocidio”, lo cual, en la jerga senderista, quiere decir que deben acusar constantemente de crímenes a las fuerzas del orden, para desacreditarlas y neutralizarlas.

La CVR actuó con triple mala fe al admitir sin reparos la versión senderista del motín, al hacerla suya, y al afirmar en su informe final que hubo un plan para matar a los jefes senderistas presos, lo cual es mentira, como lo demuestra el hecho de que el N° 2 de Sendero, Osmán Morote, y varios otros senderistas connotados, como Fiorella Montaño, María Saire Heredia y Patricia Zorrilla Castillo, salieron vivos del motín.

La verdad es que la “Operación Mudanza”, montada para trasladar a los senderistas a otras prisiones, fue necesaria para restaurar la autoridad, pues aquellos habían fortificado sus pabellones, tenían armas y explosivos, e impedían el ingreso de las autoridades penitenciarias y policiales a las áreas que controlaban.

Además, la operación se realizó con presencia de un fiscal, y durante su ejecución los presos “indefensos” asesinaron a un policía e hirieron al menos a otros 12 agentes. La policía actuó con prudencia, porque si hubiese actuado con brutalidad habría tomado los pabellones en un solo día, en vez de los cuatro días que duró la operación.

Por esto es que la Comisión Interamericana de DDHH rechazó en 1992 la denuncia de “genocidio” en Cato Grande presentada por el senderista “Comité de Familiares de Presos Políticos y Prisioneros de Guerra”; y volvió a rechazarla en 1997, cuando Mónica Feria Tinta denunció por primera vez el mismo caso. Las dos veces, el Perú respondió con firmeza y acreditó con pruebas que la policía actuó conforme a ley.

Esto es lo que no quiere recordar la prensa “seria” y “políticamente correcta”, esto es lo que ocultaron el gobierno Valentín Paniagua y el de Alejandro Toledo a la CIDH y a la Corte IDH, para allanarse ante la acusación promovida por la senderista Mónica Feria.

La CIDH admitió el caso recién en marzo del 2001, después de que el Ministerio de Justicia dirigido por Diego García Sayán le envió un informe con los nombres de las “víctimas” de la “matanza”, admitiendo así, de facto, la demanda senderista, que por tercera vez había sido promovida por Feria Tinta.

Como consecuencia de esta felonía, la Corte IDH dictó el fallo que pretende humillar al Perú obligándolo a indemnizar a los terroristas y a desagraviarlos “en un acto público, transmitido por radio y TV, y en presencia de las altas autoridades del estado”.

El fin del Derecho es la justicia, sin ésta, ningún sistema jurídico tiene razón de existir. Si la Corte IDH no hace justicia, entonces ¿por qué debemos obedecerle?

Algunos congresistas han planteado que el Perú su aparte de la competencia de la Corte IDH en materia de terrorismo, en vista de que ese tribunal viene dictando numerosas sentencias injustas a favor de los terroristas.

La opción del retiro parcial fue un error en los años 90’ porque no se evaluó el contexto internacional adverso. Sin embargo, después del 11 de septiembre de 2001 ese contexto ha cambiado en favor de la lucha contra el terrorismo.

Existe además una resolución de la propia Corte IDH (29 de junio del 2005), que resuelve: “No continuar requiriendo a los Estados que presenten información relativa al cumplimiento de la sentencia respectiva, una vez que el Tribunal haya determinado la aplicación de los artículos 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 30 del Estatuto de la Corte en casos de incumplimiento de sus sentencias”.

En esta resolución, aprobada a instancias de los países miembros de la OEA, la Corte IDH renuncia a su práctica coercitiva de presionar a los Estados pidiéndoles informes sobre el cumplimiento de las sentencias, lo cual abre las puertas para que el Perú pueda aplicar la fórmula “se acata pero no se cumple”.

En cualquier caso, la sentencia es “per sé” inaplicable porque es injusta, porque agravia nuestra dignidad como nación, porque ofende la memoria de nuestras víctimas, y porque sería la mayor victoria política del terrorismo.

Es una lástima que el gobierno no haya advertido de este caso a los jefes de gobierno que asistieron a la cumbre ALC-UE. Esperemos que esta omisión no suponga una falta de firmeza de nuestras autoridades cuando la Corte IDH confirme su fallo inicuo.

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